Inmigrantes que buscan la tarjeta de residencia no se verán afectados si tienen coronavirus
La rápida expansión del coronavirus ha dejado a muchos inmigrantes que buscan la residencia con temor a no ser aceptados tras la implementación de la regla de “carga pública”, que le niega este alivio a las personas enfermas.
Sin embargo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos hacen a un lado esta especifica enfermedad y le aseguran a los inmigrantes que se hagan la prueba o sean tratados por el virus, de que no se verán afectados.
El coronavirus no formará parte de las nuevas restricciones para la aplicación de aceptación como residente legal.
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“El USCIS alienta a todos, incluidos los extranjeros, con síntomas que se asemejan al coronavirus (COVID-19) (fiebre, tos, falta de aliento) a buscar el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios”, dijo la agencia en un comunicado.
“Tal tratamiento o servicios preventivos no afectarán negativamente a ningún extranjero como parte de un futuro análisis de carga pública”, afirmó.
“Para abordar la posibilidad de que algunos extranjeros afectados por COVID-19 duden en buscar el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios, el USCIS no considerará las pruebas, el tratamiento ni la atención preventiva (incluidas las vacunas, si hay una vacuna disponible) relacionada con COVID-19 como parte de una determinación de inadmisibilidad de carga pública, ni relacionado con la condición de beneficio público aplicable a ciertos no inmigrantes que buscan una extensión de estadía o cambio de estado, incluso si dicho tratamiento es proporcionado o pagado por uno o más públicos beneficios, como se define en la regla (por ejemplo, Medicaid con fondos federales)”, agregó.
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La regla de “carga pública” de la administración Trump se implementó oficialmente a fines de febrero. Según la nueva política, a los inmigrantes de bajos ingresos que reciben beneficios públicos, o algún día los necesitarán, se les negará una visa o tarjeta de residencia.
No obstante, existen programas públicos que no se cuentan contra los solicitantes de la tarjeta verde. Por ejemplo, Medicaid para mujeres embarazadas o niños menores de 21 años, así como Medicare Parte D y almuerzos escolares.
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