Miles de inmigrantes están atrapados en los centros de ICE y su salida depende de un juez
En respuesta a las demandas y a la presión pública, ICE ha liberado a cientos de inmigrantes de los centros de detención. Otros han sido liberados después de pagar la fianza.
Belkin Peralta vio con ansias el 8 de mayo cómo 16 mujeres en su dormitorio en el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde en Bakersfield se cambiaron sus uniformes azules y salieron con su ropa de calle. Sin previo aviso ni explicación, a todas les dijeron que eran libres de irse.
Los guardias de Mesa Verde le habían dicho a Peralta y a las otras dos mujeres restantes en el dormitorio que serían transferidas a una instalación diferente. La joven de 22 años entró en pánico, pensando que probablemente la enviarían de regreso a la violencia de pandillas de la que había escapado en Honduras.
“En mi opinión, habíamos perdido y nos iban a deportar”, dijo.
En cambio, al día siguiente, llevaron a Peralta a un centro de detención cercano y la liberaron. La prima de Peralta en Van Nuys le compró un boleto de autobús y esa noche la recogió en la estación local. Ahora vive con su tía cerca de San Diego.
El dormitorio de Peralta se vació cuando los funcionarios de inmigración, bajo órdenes de un juez federal, están luchando por crear espacio suficiente para el distanciamiento social entre los detenidos y el personal. Pero su caso también ilustra la manera inconsistente en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha respondido a la pandemia de COVID-19, ya que las infecciones están aumentando.
Hasta el jueves, 1.392 detenidos y 44 empleados de ICE en centros de detención habían dado positivo por COVID-19. El brote más grande es el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, donde 158 detenidos dieron positivo, uno de los cuales murió.
A nivel nacional, 25.900 personas fueron detenidas por ICE a partir del 23 de mayo, casi 12.000 menos desde marzo.
En respuesta a demandas y presión pública, ICE ha liberado a cientos de inmigrantes de los centros de detención. Otros fueron dejados en libertad después de pagar fianzas.
ICE dice que ha liberado voluntariamente a más de 900 personas, incluidas Peralta y sus compañeras de dormitorio, debido a la pandemia. Algunas de las mujeres habían sido consideradas previamente por la agencia como demasiado peligrosas para liberarlas, dijeron los abogados.
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En su sitio web, ICE mantiene un recuento de detenidos que han sido liberados por orden judicial, señalando que la agencia está luchando contra muchas de esas decisiones en los tribunales.
Hasta el jueves, 392 detenidos habían sido liberados por orden de los jueces, según la agencia, 202 en California. ICE señala que la mitad había sido acusado o condenado por delitos que van desde homicidio hasta DUI.
“Muchas de las personas beneficiadas por los tribunales federales tienen amplios antecedentes penales y representan una amenaza potencial para la seguridad pública”, se lee en el sitio web.
Al enumerar algunos cargos de detenidos liberados, el portavoz de ICE Alexx Pons manifestó que “todos se alinean con la misión principal de ICE de identificar y eliminar a aquellos que representan un riesgo significativo para la seguridad pública”.
“Cuando se analizan las determinaciones de custodia, se sopesan esos factores, junto con las consideraciones médicas de un individuo”, señaló Pons.
Peralta y otros dijeron que el distanciamiento social es imposible en las instalaciones, que los detenidos no tienen acceso a suministros de higiene adecuados y que muchas personas con síntomas de COVID-19 no son examinadas. Docenas de inmigrantes en todo el estado han participado en huelgas de hambre en las últimas semanas, incluida Peralta.
Al final, sólo una mujer en el dormitorio de Peralta fue deportada, luego de ser transferida a un centro de detención en Louisiana. Los defensores señalaron las otras liberaciones como prueba de que ICE exagera el número de detenidos que, según afirma, son peligrosos, ignorando los riesgos asociados con mantener a las personas detenidas durante una pandemia.
“Siempre han tenido la discreción fiscal para liberar a la gente de inmediato”, comentó Juan Prieto de la Alianza de Justicia de Jóvenes Inmigrantes de California. “Se trata de cuestionar la idea de que deberían encarcelar a las personas simplemente por estar en este país sin documentación”.
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Prieto y otros defensores se apresuraron a organizar alojamiento temporal, comidas y transporte a la familia u otras estancias a largo plazo para las mujeres que fueron liberadas inesperadamente.
En virtud de una demanda colectiva presentada por la Oficina del Defensor Público de San Francisco, las fundaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte y Sur de California y otras, 61 personas han sido liberadas de Mesa Verde, que tiene espacio para 400, y la Cárcel del Condado de Yuba , que cuenta con capacidad para 220 detenidos de ICE.
El juez de distrito de Estados Unidos, Vince Chhabria, emitió un fallo el 29 de abril, criticando a ICE por no producir una lista de detenidos que corren un alto riesgo de sufrir graves resultados si contraen el nuevo coronavirus.
Chhabria ordenó a ICE que brinde información sobre cada detenido en ambas instalaciones para revisar su posible liberación bajo fianza. Al mismo tiempo, los abogados han presentado solicitudes en nombre de docenas de personas para que el juez las revise. Hasta ahora, ha rechazado 56. ICE se ha opuesto a cada solicitud para su revisión.
En Pensilvania, a algunos inmigrantes que fueron liberados por orden judicial se les dijo que regresaran a detención. Los abogados no esperan que eso suceda en el caso de Mesa Verde y la Cárcel del Condado de Yuba.
Pero en otro caso en California, relacionado con detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto cerca de Victorville, la orden mucho más amplia del juez de distrito fue anulada en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
El juez Terry Hatter había ordenado a ICE que redujera la población en Adelanto, que actualmente alberga a unas 1.200 personas, para permitir el distanciamiento social. Le ordenó a la agencia que dejara de admitir nuevos detenidos en las instalaciones y que redujera la población existente en al menos 250 individuos antes del 30 de abril.
ICE apeló la decisión.
En el noveno circuito, un panel de jueces revirtió todos los aspectos del fallo de Hatter, excepto uno, y sostuvo que los administradores de las instalaciones de Adelanto cumplen sustancialmente con las pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para las instalaciones de detención relacionadas con COVID-19. La reversión detuvo una ola de peticiones para la liberación de inmigrantes detenidos en Adelanto.
Antes de la decisión del Noveno Circuito en el caso, Hatter había ordenado la liberación de docenas de detenidos cuyos abogados presentaron peticiones individuales para ser liberados.
Pero casos similares de inmigrantes que no habían sido liberados ahora están en pausa.
Nicolette Glazer, una abogada de inmigración en Los Ángeles que representó a 11 de los detenidos que Hatter liberó, dijo que la decisión del Noveno Circuito envía el mensaje a otros tribunales de que ICE ha cumplido con lo que la ley exige.
“Un tribunal de distrito puede ser influenciado por algunos de los razonamientos, sin embargo, ICE se animará a apelar”, señaló. “Si comenzáramos a recibir más opiniones por escrito, serían vinculantes para los tribunales de distrito”.
Para quienes permanecen detenidos, los giros y vueltas legales provocan ansiedad. En algunos casos, diferentes jueces han rechazado o aprobado peticiones presentadas por detenidos con problemas médicos y casos legales similares.
Uno de ellos es Marco Montoya Amaya, cuya solicitud de liberación de Mesa Verde fue denegada por un juez federal a principios de abril porque la infección parasitaria con la que fue diagnosticado no está incluida en la lista de afecciones identificadas por los CDC como de alto riesgo para factores de COVID-19. Montoya, un hondureño de 42 años, también tiene tuberculosis latente.
“Tenemos miedo de morir aquí adentro”, dijo. “Todos los días termino más traumatizado”.
Su abogada Eleni Wolfe-Roubatis, de la organización sin fines de lucro Immigrant Legal Defense, expuso que la diversidad en las liberaciones y rechazos en todo el país muestra lo que los defensores saben desde hace mucho tiempo sobre lo que ella llama “la suerte del sorteo del juez”.
“Pero cuando se trata de la vida o la muerte sorteada de esta manera, es aún más marcado”, destacó.
El jueves, Chhabria ordenó a ICE liberar a Montoya. Salió de las instalaciones esa tarde.
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