Los desarrolladores supuestamente sobornaron a un concejal de Los Ángeles. Y ahora, ¿qué pasa con los planes de construcción?

Los promotores supuestamente sobornaron al concejal de Los Ángeles José Huizar para que les ayudara a aprobar sus proyectos. Los funcionarios están luchando con el futuro de esos proyectos.

Jul. 28, 2020 9:17 AM PT

Funcionarios federales han acusado al concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, de soborno en una investigación, culpándolo de dirigir una actividad criminal alimentada por sobornos de desarrolladores inmobiliarios que buscaban construir en su distrito.

Sin embargo, no está claro qué podría pasar con los rascacielos aún no construidos planeados por los ejecutivos que presuntamente proporcionaron esos sobornos. Varios miembros del concejo han pedido a la ciudad que reevalúe las aprobaciones para los proyectos inmobiliarios mencionados en el caso penal, argumentando que los planes de construcción han sido contaminados por el escándalo.

“Me disgustaría si tuviéramos que conducir por el centro de Los Ángeles por generaciones y ver edificios que marcan la ciudad porque se construyeron mediante el soborno y la corrupción”, dijo el concejal Paul Krekorian, quien también propuso prohibir aprobaciones futuras a las empresas implicadas en conducta criminal.

Pero la cuestión de qué debe o puede hacer la ciudad para frustrar tales proyectos podría depender de una larga lista de factores, que incluyen qué tan avanzado está el proceso de construcción, qué tipo de aprobaciones han obtenido y qué se puede probar sobre el supuesto soborno en el caso federal, según los abogados de uso de la tierra entrevistados por el Times.

Los investigadores han identificado al menos cuatro proyectos involucrados en el supuesto esquema de soborno, según la denuncia penal contra Huizar. Aunque los fiscales no han identificado esos proyectos o sus desarrolladores por su nombre, los detalles clave en el documento dejan en claro que están analizando:

• Una torre residencial de 20 pisos planeada en la esquina de Hill Street y Olympic Boulevard.

• Planeación para reemplazar el Luxe City Center Hotel frente al complejo de entretenimiento en vivo de Los Ángeles con nuevas torres.

• Un rascacielos de 77 pisos propuesto para la propiedad ocupada por el L.A. Grand Hotel Downtown en la calle Figueroa.

• Se está construyendo una torre de 35 pisos en el Distrito de las Artes.

Ninguno de los promotores inmobiliarios mencionados en la denuncia penal ha sido arrestado o acusado públicamente. El rascacielos de 77 pisos aún no ha obtenido la aprobación de la ciudad; los otros tres han sido aprobados pero aún no se han completado. La más alejada es la torre Arts District, que comenzó su trabajo este año para preparar el sitio de Mateo Street.

Los Ángeles ha dado un paso inicial para obstruir uno de esos proyectos: en junio, los funcionarios de la ciudad dijeron que presionarían para revocar las aprobaciones de bebidas alcohólicas y entretenimiento en el Hotel Luxe City Center. El fiscal de la ciudad, Mike Feuer, señaló que era necesario “preservar la transparencia, la equidad y la integridad” en las decisiones de la ciudad, y calificó el proyecto como “el producto de la corrupción”.

Sin embargo, bloquear esas aprobaciones de alcohol y entretenimiento no detendría el avance del proyecto de reurbanización. Otras aprobaciones para el proyecto Luxe todavía están bajo revisión, según funcionarios de la ciudad.

Rob Glushon, un abogado que representó a los vecinos demandando al proyecto del Distrito de las Artes, dijo que los plazos legales probablemente hayan pasado. Pero una posibilidad, señaló Glushon, podría ser que el fiscal de la ciudad demande a los desarrolladores para invalidar las aprobaciones de proyectos basadas en fraude.

“Nunca había visto eso”, destacó Glushon. “Pero enviaría un poderoso mensaje a los desarrolladores de que corren el riesgo de perder las aprobaciones de la ciudad si participan en una conducta criminal”.

El abogado ambiental y de uso de la tierra Mitchell Tsai también dijo que la ciudad podría argumentar que “usted aseguró estos derechos bajo falsas pretensiones”. Pero “realmente depende de los hechos específicos que rodean cada desarrollo”, expuso Tsai.

Varios abogados dijeron que tales casos podrían depender de los “derechos adquiridos”, que otorgan a los desarrolladores de California el derecho de completar un proyecto incluso después de que los funcionarios del gobierno cambien las reglas sobre lo que se puede construir.

Una de las formas de obtener tales derechos, según la ley de California, es si un desarrollador ha gastado una cantidad significativa de dinero en “confianza de buena fe” en un permiso emitido por el gobierno. El caso Huizar podría plantear una pregunta a los tribunales: si un desarrollador de bienes raíces que supuestamente ha sobornado a un funcionario puede tener “confianza de buena fe” en el permiso resultante.

Los constructores también pueden obtener derechos adquiridos al recibir un tipo de aprobación de la ciudad que específicamente los otorga; el proyecto del Distrito de las Artes obtuvo dicha aprobación, según el departamento de planificación.

Otra ruta es celebrar un acuerdo de desarrollo para un proyecto, dijeron los abogados. Según dicho acuerdo, un desarrollador acepta proporcionar beneficios adicionales para la comunidad, como la financiación de viviendas asequibles o mejoras de infraestructura, a cambio de obtener esos derechos adquiridos por un período prolongado de tiempo. El proyecto de Luxe City Center Hotel dispone de un acuerdo de este tipo.

Los miembros del Concejo quieren que el fiscal de la ciudad examine si el Código de Gobierno 1090, que prohíbe a los funcionarios tener “un interés financiero” en los contratos que aprueban, podría anular cualquier acuerdo de desarrollo.

William Fulton, fundador y editor del boletín del Informe de Planificación y Desarrollo de California, dijo que la situación de Los Ángeles podría probar si esa ley se aplica a los acuerdos de desarrollo. Señaló que los funcionarios de Santa Mónica utilizaron ese acuerdo hace seis años ante la oposición de la comunidad a un proyecto planificado.

“Se ha debatido mucho sobre cuándo se puede deshacer una aprobación, pero no creo que alguna vez se haya probado en un contexto de soborno”, dijo Fulton. Si los tribunales deciden en contra de ella, “no sería una sorpresa ver un proyecto de ley estatal para hacer frente a esto”.

Otra posible pregunta, en la corte, es si sobornar a un miembro del Concejo Municipal puede invalidar una aprobación que fue otorgada por todo el Concejo. En Los Ángeles, los miembros del Concejo tienden a diferir al funcionario que representa el área donde se planea un proyecto de construcción, pero las decisiones de desarrollo finalmente son votadas por el Concejo en pleno.

Los presuntos sobornos mencionados en la denuncia penal contra Huizar incluyen $600.000 por un préstamo para ayudar a resolver una demanda de acoso sexual, cientos de miles de dólares entregados en bolsas de papel, vuelos gratis en jets privados, fichas de juego y comidas, además de información perjudicial sobre ex ayudantes que demandan a Huizar.

El desarrollador Dae Yong Lee, cuya compañía ha llevado a cabo el proyecto Hill Street, está cooperando con la investigación, según su abogado, quien dijo que “esperan una resolución rápida para limpiar su nombre”.

Un abogado de Shenzhen Hazens, que obtuvo la aprobación para reconstruir el Luxe City Center Hotel, no respondió a una solicitud de comentarios. La firma que busca construir el rascacielos de 77 pisos, de Shenzhen New World Group, no pudo ser localizada.

Carmel Partners, que impulsó el proyecto del Distrito de las Artes, dijo que había puesto a uno de sus ejecutivos en licencia pero aseguró que los miembros de sus comités ejecutivos no participaron a sabiendas en ningún esquema de pago de soborno que involucrara a Huizar.

Incluso si los cuatro proyectos mencionados en el caso ya se habían construido, los tribunales a veces han tomado medidas para invalidar permisos o derribar edificios que están parcial o totalmente construidos.

Quizá el caso más famoso es la mega-mansión de Bel Air construida por Mohamed Hadid, quien se enfrentó a cargos criminales y una demanda civil por un hogar que funcionarios de la ciudad dijeron que era mucho más grande de lo aprobado. En diciembre, un juez ordenó que la mansión inacabada se derribara hasta la losa, pero Hadid apeló y la estructura sigue en pie.

En Hollywood, una batalla legal por una nueva torre en Sunset Boulevard y Gordon Street llevó a un juez a invalidar sus permisos de construcción, lo que finalmente obligó a los residentes a mudarse. Posteriormente, el Ayuntamiento votó para aprobar el proyecto por segunda vez.

El abogado Robert P. Silverstein, quien representó al grupo que demandó por el proyecto de Sunset y Gordon, argumentó que si los permisos pudieran ser invalidados en ese caso, “¿por qué no puede suceder eso en una situación mucho más atroz de fraude criminal, soborno y corrupción de los funcionarios públicos?”. Sostuvo que las autoridades federales deben aplicar procedimientos de confiscación penales y civiles contra los propietarios del edificio.

En el Distrito de las Artes, un grupo de residentes de la zona envió una carta a Carmel Partners instando a la empresa a reconsiderar su proyecto sobre la calle Mateo, “ya que su proceso de aprobación de permisos era corrupto y poco fiable”. Entre sus preocupaciones están los impactos del tráfico, la seguridad y la altura de la torre, que fue programado para ser el edificio más alto del vecindario cuando sea aprobado.

Los residentes han debatido si instar a la ciudad a rechazar por completo sus aprobaciones, en medio de la preocupación de que tal demanda pueda fracasar, dijo Erica Berger, residente de los cercanos Lofts de Molino Street.

Otro grupo, la Affordable Housing for Artist, argumentó que el proyecto necesita más vivienda asequible, diciendo que Huizar había “negociado” este tipo de casas en un “intercambio corrupto de contribuciones políticas y otras consideraciones monetarias”, como alegan los fiscales federales.

“Si quieren continuar con ese proyecto, deberían comenzar desde cero”, manifestó su director Jonathan Jerald.

Carmel Partners ha argumentado que el proyecto, incluida su parte de unidades asequibles, fue moldeado por las preocupaciones de la comunidad y dijo que sus contribuciones políticas no fueron la razón por la que obtuvo la aprobación.

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