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Temen que al liberar a miles de prisioneros de California se extienda la propagación del COVID-19

Rod Thompson Sr., who tested positive for COVID-19 in prison, took Amtrak to Los Angeles after his release from custody.
Rod Thompson Sr. 35, quien fue liberado recientemente de la prisión estatal de Avenal debido al brote de coronavirus, tomó un tren Amtrak a Union Station de Los Ángeles a pesar de que había dado positivo por COVID-19 en mayo y no estaba seguro de si todavía estaba contagiado.
(Mel Melcon / Los Angeles Times)

Los errores de los oficiales que manejan las liberaciones de las cárceles estatales están alimentando los temores en algunos condados de California de que miles de reclusos elegibles para la liberación temprana propagarán el coronavirus en sus comunidades.

En todo el estado, los funcionarios de libertad condicional del condado y otros que trabajan en el proceso de liberación de hasta 8.000 reclusos para fines de agosto, se han quejado de que las liberaciones recientes se han hecho con poca notificación a las autoridades locales y sin el transporte adecuado o la vivienda para mantenerlos en cuarentena y, en algunos casos, no hay indicios claros de que no tengan el virus.

Las autoridades del condado también han expresado su alarma sobre los presos potencialmente infectados que fueron liberados y que se les permitió viajar y mezclarse en el transporte público.

“Hemos hecho todo lo posible para contener el virus, pero no están ayudando”, dijo Richard Egan, oficial administrativo del condado de Lassen, refiriéndose a las autoridades de correccionales que señala, “arrojaron” a presos potencialmente contagiosos antes de establecer un régimen de cuarentena.

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En una carta del 20 de julio, Bárbara Longo, directora de Servicios Sociales y de Salud del condado de Lassen, solicitó al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California que realizara pruebas y aislara a los reclusos durante 14 días antes de liberarlos. Citó el caso de un preso recientemente liberado, que visitó a otro prisionero liberado mientras estaba en cuarentena en un hotel local.

“No sabemos cuántas veces salió de su habitación”, escribió. “Sin embargo, sus 2 pruebas resultaron positivas, 10 días después de su liberación”.

Las preocupaciones de las autoridades locales se derivan en parte de la transferencia desafortunada, a fines de mayo, de 121 reclusos de una prisión con internos infectados con coronavirus en Chino a San Quentin, lo que desencadenó un brote que mató al menos a 19 presos y enfermó a más de 2.000.

Algunos reclusos de Chino fueron autorizados para mudarse basados en resultados de pruebas de un mes de antigüedad que fueron inútiles, lo que llevó a un endurecimiento de los protocolos de prueba.

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El COVID-19 ha matado al menos a 47 reclusos y más de dos tercios de las 35 prisiones estatales de California se han visto afectadas. El sistema había registrado 8.039 casos hasta el jueves, cuando el recuento de infecciones activas era de 1.399.

A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom anunció planes para liberar hasta 8.000 reclusos y reducir aún más la población carcelaria en aproximadamente 10.000 reos a través de admisiones tardías.

Hasta ahora, el estado ha liberado a 246 presos listados como casos “activos” de COVID-19.

Estos casos incluyen a Michael Kirkpatrick, de 62 años, que se consideró adecuado para la libertad condicional y estaba esperando la aprobación final cuando fue liberado de San Quentin el 13 de julio y conducido a un hotel del centro de San Francisco para ponerlo en cuarentena con otros reclusos recientemente liberados.

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Kirkpatrick dijo que se suponía que todos se quedaran en sus habitaciones durante su aislamiento, pero pocos lo hicieron. Algunos caminaban por San Francisco mientras esperaban los resultados de las pruebas de COVID-19.

“La única vez que se suponía que podías salir era cuando llamaban a tu puerta y traían comida”, expuso. “Pero tienes muchachos que acaban de salir de prisión y quieren divertirse. La persona de la recepción no te va a impedir que salgas”.

Kirkpatrick, quien desde entonces se mudó a una vivienda de transición, dijo que solo se enteró de los resultados de sus pruebas cuando se registró con un oficial de libertad condicional. Mientras tanto, aseguró, no recibió un control de temperatura durante la cuarentena, por lo que él y un par de otros exreclusos fueron a la oficina de salud pública del condado y se hicieron la prueba.

“Ninguno de nosotros sabía nada y nos generaba mucho estrés”, comentó. “No estabamos enterados de nada y nadie nos contactaba”.

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Todos dieron negativo, aseguró.

Joe Anderson fue liberado por adelantado de la Institución para Hombres de California en abril, después de cumplir una condena por fraude. Anderson, de 32 años, dijo que salió cuando el coronavirus se propagó “como un incendio forestal” a través de la prisión de Chino.

“Verificaron mi temperatura y eso fue todo”, enfatizó, recordando que tomó un viaje a Sacramento con la madre y la hermana de otro recluso y luego fue llevado al condado de Mendocino.

Visitó un Dollar Tree y un Wal-Mart antes de ser convocado por el departamento de salud del condado para una prueba de coronavirus, cinco días después de su llegada, señaló.

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La prueba dio positivo, y Anderson dijo que el departamento de libertad condicional inmediatamente le pidió de una manera educada pero severa que tomara una habitación en el Best Western local durante 14 días. Estaba asintomático, pero podría haber estado propagando la enfermedad sin saberlo.

“Me pregunto a cuántas personas dejaron salir como yo”, subrayó.

Los funcionarios de las cárceles no han explicado las pruebas defectuosas que se realizaron en Chino u otros problemas específicos relacionados con las liberaciones anticipadas, sino que han señalado los pasos que han tomado para prevenir que vuelva a ocurrir.

Los protocolos recientemente establecidos ahora requieren que las pruebas se realicen no más de siete días antes de la liberación.

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Según el departamento de correccional, los que resulten positivos serán aislados y retenidos en prisión hasta que ya no sean contagiosos. El caso de un interno se considera resuelto una vez que hayan pasado al menos cinco días después de que la fiebre desaparezca sin medicamentos para reducir la temperatura, y un lapso mínimo de 14 días tras haber recibido un diagnóstico positivo.

Los funcionarios dijeron que los reclusos de liberación temprana en estado de cuarentena son referidos a Project Hope, una iniciativa voluntaria que proporciona habitaciones de hotel y comida gratis. Quienes se nieguen a participar o no obtengan un permiso especial para ser liberados en una residencia privada, permanecerán en prisión durante un período de 14 días, dijeron las autoridades.

El creciente número de liberaciones aceleradas, combinado con el cierre de programas debido al virus, ha cambiado la forma en que las autoridades locales tratan con los prisioneros recién liberados.

“Estamos reinventando cómo funciona su reinserción”, manifestó la jefa de libertad condicional del condado de Alameda, Wendy Still.

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Aún así, con un departamento que es uno de los mejor financiados y más progresistas del estado, a pesar de los primeros problemas, dijo que ahora tiene un sistema para ponerlos en cuarentena durante 14 días en hoteles locales; los que cumplan tendrán el tiempo reducido.

A pesar de las “buenas intenciones del estado”, comentó, su departamento asume que todos los que salen de prisión son potencialmente positivos de portar el virus debido a los intervalos entre las pruebas y la liberación.

“No hay garantía de que, si te hacen la prueba un día, no darás positivo al siguiente”, destacó Still.

Su personal debe usar equipo de protección completo con cada nueva liberación, y se está comunicando con los que salen por teléfono o internet. Las tareas simples, como recoger a alguien de la prisión, se han vuelto costosas y complicadas, ya que los oficiales de libertad condicional a veces tienen que tomar decisiones sobre la marcha en cuestión de seguridad.

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“Es estresante”, dijo Still. “Son oficiales de paz, pero también son humanos, por lo que tienen preocupaciones no solo por ellos mismos sino por sus familias”.

Los departamentos de libertad condicional en particular han sido muy afectados, ya que la mayoría de los que salen de las cárceles estatales están siendo enviados a la supervisión del condado. Aunque el estado recientemente proporcionó $15 millones en ayuda para la vivienda, muchos departamentos están sobrecargados por el gran volumen.

Lonnie Reyman, jefe de libertad condicional del condado de Del Norte, dijo que su agencia se ha visto “obligada a luchar” a medida que las personas son liberadas sin previo aviso y, a veces, sin vivienda ni servicios.

En pequeños condados como el suyo, hay pocas organizaciones sin fines de lucro o agencias externas para ayudarlos, dejando que los departamentos de libertad condicional se encarguen de las tareas de servicio social, incluida la búsqueda de vivienda, la colocación laboral y ahora incluso la entrega de alimentos. Reyman no está seguro de la cantidad de ayuda que su oficina podrá proporcionar.

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“Eso simplemente dificulta cualquier plan para reintegrar a las personas que salen”, manifestó.

Reyman dijo que su departamento ha visto cerca de siete liberaciones hasta el momento y espera que haya muchos en los próximos meses, que son “números enormes para nosotros”.

“Este es un grupo de personas que suponemos va a crecer en los próximos seis a 12 meses, y todos saldrán en las próximas semanas”, expuso Reyman. “El plan está cambiando a diario”.

Karen McDaniel, fundadora de Fighting for Families Impacted by Incarceration, que ofrece transporte a casa y otra ayuda a los recién liberados, dijo que su organización se ha visto abrumada por la necesidad de sus servicios.

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Recientemente, ayudó a trasladar a personas de la prisión estatal de Wasco en el condado de Kern después de que la instalación liberó a unos 60 individuos durante dos días. McDaniel dijo que los funcionarios de la prisión sugirieron que los hombres usaran Amtrak para el transporte.

"¿Cómo se puede considerar usar a Amtrak en este momento?”, cuestionó ella. “¿En qué están pensando? Tuve que movilizar a toneladas de conductores para salir y llevarlos a casa porque no los queremos en el transporte público”.

Ella dijo que está frustrada porque el departamento correccional no ha proporcionado fondos o recursos para organizaciones como la suya, que forman enlaces críticos en el proceso de reingreso.

“Es una presión tremenda”, manifestó McDaniel. “No deberíamos ser los encargados en California de llevar a todas estas personas a sus casas. Francamente es asombroso”.

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Las autoridades dijeron que los reclusos liberados y puestos en cuarentena no pueden tomar el transporte público. Pero algunos que no están en cuarentena se preguntan si deberían estarlo.

El jueves por la tarde, Rod Thompson Sr. se sentó en la estación de Amtrak en la ciudad rural de Hanford esperando el tren a Bakersfield, horas después de ser liberado de la prisión estatal de Avenal en el condado de Kings.

Desde allí, planeó tomar un autobús a Los Ángeles y tenía la esperanza de poder ponerse en contacto con su oficial de libertad condicional para ver si era posible ingresar a un hotel de cuarentena.

Aunque Thompson dio positivo por COVID-19 en mayo, sufriendo solo síntomas leves, no estaba seguro de si todavía portaba el virus y no quería infectar a otros en la vivienda compartida que era su otra opción.

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“Quiero volver a ponerme en cuarentena solo para estar seguro”, dijo. “Tengo un lugar donde residir... pero no me siento cómodo yendo allí en este momento porque no sé si soy contagioso”.

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