Los trabajadores agrícolas migrantes de California enfrentan desalojos sin una red de seguridad en medio de la pandemia

Hace tres semanas, un sábado por la noche, Irma Barbosa se sobresaltó cuando alguien llamó a su puerta en este pueblo del Valle de San Joaquín.

Era el hijo del propietario y ella llevaba dos meses de retraso en el pago del alquiler.

Mientras estaba en el umbral amarillo descolorido de su unidad de $300, el cual carece de agua corriente y está casi llena por completo con una cama doble, él le avisó que debía irse a las 5 a.m. del día siguiente, expuso.

Barbosa habla poco inglés, carece de documentos de inmigración y le entró el pánico ante la idea de quedarse sin hogar en unas horas, dijo a través de un intérprete. Con trabajos escasos debido a la pandemia y mientras sufre una lesión laboral, no ha podido regresar a las plantas de empaque donde se ha ganado la vida durante 12 años. Tampoco puede volver a su empleo fuera de temporada en la fábrica de autopartes donde se lastimó la rodilla mientras llenaba cajas. Se había ofrecido a pagar el alquiler a plazos, pero el propietario no se lo permitió, aseguró.

Como muchos de los 1.6 millones de trabajadores en California sin estatus legal, Barbosa no estaba segura de sus derechos y vacilaba en luchar contra el desalojo ilegal. Por consejo de un conocido, se negó a irse ese domingo por la mañana, pero teme que la obliguen a salir en cualquier momento.

“Se siente mal, pero se lo dejo a Dios”, dijo recientemente.

Mientras California busca formas de evitar una cascada de desalojos causada por la devastación económica del coronavirus, incluida una moratoria de desalojos actualmente en vigor, los inmigrantes como Barbosa están soportando la peor parte de la crisis con el menor acceso a ayuda, dicen los activistas. Al mismo tiempo, muchos están enfermando con COVID-19 y también sufren las mayores pérdidas salariales en medio de la recesión provocada por la pandemia.

En San Joaquín y otros condados rurales, estos trabajadores a menudo viven en espacios no destinados a la habitación humana: cuartos en el sótano con rejillas de ventilación metálicas para las ventanas, remolques estacionados en caminos de tierra que no existen en los mapas oficiales. La casa de Barbosa, le dijo un inquilino anterior, era originalmente un armario que estaba separado de la casa principal.

Tienen miedo de que su estado migratorio sea utilizado en su contra si no cumplen con los propietarios y tienen poco acceso a asesoramiento legal o asistencia del gobierno. Los fondos de ayuda federal que enviaron pagos de estímulo de $1.200 a los estadounidenses excluyeron a la mayoría de estas familias. Los trabajadores que viven aquí ilegalmente también están excluidos del desempleo y muchos otros beneficios, aunque en abril, el gobernador Gavin Newsom asignó $75 millones en fondos estatales destinados a entregar $1.000 a 150.000 inmigrantes sin estatus legal.

Se espera que el Consejo Judicial del estado extienda el jueves su prohibición de desalojo hasta fin de mes, evitando expulsiones sancionadas por la Corte, pero tales salvaguardas no se respetan en este mercado a la sombra, dijo Luis Magaña, un defensor en Stockton que está tratando de ayudar a Barbosa.

Durante un período de 10 años de 2007 a 2017, hubo casi 38.000 casos de desalojo en los tribunales del condado de San Joaquín, según las estadísticas de Faith in the Valley, una organización sin fines de lucro, pero la organización estima que el doble de esa cantidad de desalojos no oficiales tuvo lugar durante el mismo período.

“Estos son trabajadores vulnerables que están absolutamente desesperados, que sienten que no tienen a dónde acudir”, dijo el asambleísta Robert Rivas (D-Hollister), quien está impulsando una serie de proyectos de ley para ayudar a los trabajadores agrícolas y es nieto de un jornalero agrícola. “Estas son personas que se quedan calladas y muchas, como estamos viendo, están optando por autodesalojarse, quedarse sin hogar, dejar una propiedad prematuramente, y este es un gran problema”.

El desplazamiento masivo de trabajadores inmigrantes podría dejar a miles de familias sin hogar y probablemente golpearía el ya frágil mercado laboral de las industrias agrícolas, de construcción y de servicios de California, sostienen los defensores, especialmente aquí en el Valle Central, donde muchos cultivos están listos para la cosecha.

Casi el 80% de los trabajadores de California sin estatus legal están en trabajos considerados esenciales, según un estudio de UCLA publicado el lunes, y en promedio estos trabajadores perdieron el 25% de sus salarios entre febrero y abril, más que cualquier otro grupo demográfico de empleados. Los trabajadores que viven en California ilegalmente representan aproximadamente el 9% de la fuerza laboral total y tuvieron la tasa más alta de desempleo entre febrero y mayo, casi el 30%, de cualquier grupo del estudio.

“La gran injusticia de cómo tratamos a los inmigrantes se ha vuelto muy clara, no solo desde un punto de vista moral sino desde un punto de vista económico”, manifestó Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor asociado de Estudios Chicanos en UCLA y autor del estudio.

Si el estado espera reabrir su economía, necesitará a estos trabajadores, señaló. “No podrás recuperarlos si básicamente has creado una situación de pobreza en la que van a desaparecer”.

Una de las que no está segura de su futuro económico es María, una trabajadora agrícola en la ciudad de Dos Palos en el condado de Merced, quien pidió que no se usara su apellido porque se encuentra en Estados Unidos ilegalmente. Su esposo, Israel, ha trabajado en una lechería durante casi 10 años y el dueño les proporcionó un remolque gratuito para que la familia pudiera vivir y un salario de aproximadamente $450 a la semana.

La caída de los precios de la leche debido a la recesión obligó al propietario de la lechería a cerrar y un nuevo operador se hizo cargo, dijo. La nueva casera exige que se vayan antes de fin de mes o que paguen 650 dólares de alquiler y un depósito.

La casera le dio a María un contrato de alquiler escrito en inglés, que ella no puede leer, pero que incluye una disposición que dice que la casera debe ser informada por escrito si la familia está fuera por más de siete días y puede desalojarlos si no están por más de dos semanas sin pagar un alquiler pendiente. María dijo que la nueva arrendataria le explicó que también se quedaría con las pertenencias de la familia si son desalojados.

“No estoy muy segura, pero así es como lo entendí”, dijo María. “Creo que probablemente tiene derecho a exigir lo que quiere porque es la dueña”.

María, que actualmente está recogiendo uvas en su empleo, tiene dos hijos de 5 y 10 años y, a veces, debe viajar con ellos durante semanas a otros lugares ya que es necesario cosechar diferentes cultivos. Israel acaba de comenzar un trabajo de construcción en el Área de la Bahía la semana pasada. No puede encontrar otro alquiler que puedan pagar, pero también tiene miedo de quedarse bajo los nuevos términos, comentó.

“Entiendo que estaría pagando $1.200 o quizá más para encontrar una casa en cualquier otro lugar”, dijo María, agregando que muchos otros se encuentran en una situación similar. “Así que realmente quiero que la gente vea que alguien debe hacer algo para reducir el alquiler”.

Janine Nkosi, profesora de sociología en Cal State Fresno, dijo que los arreglos como el de la familia de María en el que un hogar está vinculado a un trabajo son comunes para los trabajadores agrícolas. “Una vez que pierden su empleo, pierden su vivienda”, enfatizó Nkosi.

Aunque la mayoría de los trabajadores latinos esenciales son inquilinos, la crisis económica amenaza incluso a aquellos que han comprado viviendas. Norma Arias, de 59 años, trabajó como mesera casi toda su vida, ahorrando lo suficiente para el pago inicial de una vivienda en Taft en 2008. Le gustaba que la casa tuviera un porche cerrado y una alfombra nueva que mantuviera las habitaciones calientes por la noche.

En 2013, justo después de regresar a casa de su turno laboral, sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada de un lado y en silla de ruedas. Su hijo, Samuel, un trabajador agrícola, ha estado viviendo con ella y la ayuda a pagar la hipoteca. Pero una temporada de lluvias seguida del brote de coronavirus lo ha dejado con pocas horas en los huertos de almendros. Ahora tienen tres meses de atraso en la hipoteca y el banco amenaza con apropiarse de la hipoteca en agosto si no pagan $4.000, expuso Arias.

Aunque dijo que ha intentado pedir ayuda al prestamista, está abrumada por el proceso: no tiene automóvil, incluso hacer copias de los documentos para enviar al banco implica un largo viaje en silla de ruedas.

“Estoy estresada y temerosa”, reveló, y agregó que ella y su hijo no tienen a dónde ir si pierden la casa.

Para muchos trabajadores agrícolas la amenaza de desalojo es mayor si contraen COVID-19, no pueden trabajar y pierden salarios.

Josefa Castillo, una trabajadora agrícola en Lodi, contrajo COVID-19 en julio y desde entonces no tiene empleo.

(Anita Chabria)

Josefa Castillo, de 63 años, contrajo la enfermedad en julio; ella cree que se infectó mientras viajaba en una camioneta abarrotada a una granja en Napa. No tiene familia que la ayude y se puso tan enferma que su casera llamó a una ambulancia por ella. Aunque se está recuperando, ha estado desempleada durante aproximadamente un mes.

Su mayor preocupación, dijo con una simple respuesta de una palabra es dinero. Sentada bajo un alero estrecho en la puerta principal de su apartamento con un tubo de oxígeno alrededor del cuello, Castillo expuso que no sabe cuándo podrá regresar al trabajo o cómo se pondrá al día con el pago de la renta, que ya estaba vencida.

Imelda García, de 44 años, vive a unas cuadras de distancia con sus dos hijos y ha trabajado con Castillo este verano. Como madre soltera, dijo que le aterra lo que les pasará a sus hijos si se enferma y no puede pagar su alquiler de 600 dólares. Hace unas semanas, el tío de sus hijos, un trabajador de lavado de autos, murió de COVID-19.

La trabajadora del campo de Lodi, Imelda García, teme lo que les pasará a sus hijos si contrae el COVID-19.

(Anita Chabria)

Aunque esperaba que su hijo de 17 años asistiera a la universidad este otoño, lo llevará al campo con ella para que pueda aprender la labor “en caso de que muera”, dijo. En este momento, está limpiando matorrales en campos de arándanos con un equipo que ha acordado distanciarse socialmente en sus vidas personales para protegerse mutuamente, pero teme cómo serán las condiciones en su próximo trabajo, sea donde sea.

Se encoge de hombros con resignación cuando se le pregunta qué tipo de ayuda sería más útil para ella, qué podría hacer el gobierno para apoyar a los trabajadores esenciales durante la pandemia. No cree que haya ni habrá protección para familias como la suya que carecen de estatus legal.

“¿Quién podría ayudar?”, preguntó, como si fuera una pregunta retórica.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí