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Los inquilinos de California recibirán protecciones de desalojo por el COVID-19 según el proyecto de ley firmado por el gobernador Gavin Newsom

 A housing rights and anti-eviction protest  in Valley Village in May.
Una protesta por el derecho a la vivienda y contra el desalojo en Valley Village en mayo.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Las protecciones contra el desalojo se extienden por cinco meses para los inquilinos de California que se enfrentan a dificultades financieras debido a la pandemia COVID-19.

El gobernador Gavin Newsom y la legislatura estatal actuaron el lunes para evitar una crisis de vivienda al aprobar una legislación para extender las protecciones contra los desalojos por cinco meses para los inquilinos de California que enfrentan dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19.

Newsom firmó el proyecto de ley justo antes de la medianoche, horas después de que fuera aprobado por dos tercios de los votos en ambas cámaras de la Legislatura estatal el lunes, último día de la sesión de este año.

“El COVID-19 ha impactado a todos en California, pero algunos soportan mucho más la carga que otros, especialmente los inquilinos que luchan por reunir el alquiler mensual, y merecen protección contra el desalojo”, dijo Newsom en un comunicado anunciando la firma. “Esta nueva ley protege a los inquilinos del desalojo por falta de pago y ayuda a mantener a los propietarios fuera de la ejecución hipotecaria como resultado de las dificultades económicas causadas por esta terrible pandemia”.

El proyecto de ley entra en vigor de inmediato, ya que las protecciones anteriores expiran a la medianoche del martes.

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“Es por eso que debemos actuar hoy para establecer nuevas protecciones que nos ayuden a pasar los próximos meses y evitar una ola de desalojos masivos en medio de una emergencia de salud pública sin un final claro a la vista”, dijo la senadora Anna Caballero (D -Salinas) el lunes durante el debate de piso sobre la AB 3088.

Los inquilinos no serán desalojados hasta el 31 de enero siempre y cuando paguen al menos el 25% de su alquiler y presenten una declaración al propietario que atestigüe que están sufriendo dificultades financieras debido a la pandemia y sus cierres comerciales relacionados, que han puesto a millones de Californianos sin trabajo.

“Nuestro objetivo aquí era proteger a los inquilinos para que no fueran desalojados y alentar a los bancos, involucrarlos y asegurarnos de que no ejecuten hipotecas en las propiedades”, dijo Caballero, coautora del proyecto de ley.

La nueva ley, que entra en vigencia de inmediato, decepcionó a muchos defensores de los inquilinos a quienes les preocupa que estos aún así no puedan pagar el alquiler para el 1 de febrero y que sigan retrasados en la renta no pagada en los meses anteriores, y con ello los propietarios puedan ir a la corte de reclamos menores para cobrar.

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Brian Augusta, de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, dijo que apoya el proyecto de ley para evitar los desalojos esta semana, pero señaló que los inquilinos necesitan más protección.

“No vemos este proyecto de ley como la solución y tenemos mucho más trabajo por hacer”, dijo a los senadores en una audiencia pública el sábado.

En un vasto condado rural del norte de California con pocos casos de COVID-19, un distrito escolar público reabrió sus puertas a la enseñanza en las aulas, incluso cuando la mayoría del estado está haciendo educación virtual a distancia.

La legislación se redactó como un compromiso después de que grupos que representan a los propietarios advirtieran que los proyectos de ley anteriores que proponían de uno a tres años de exenciones totales de renta habrían dejado a muchos propietarios, incluidos los pequeños inversores en alquiler, sin ingresos para pagar sus hipotecas, poniendo las propiedades en riesgo de ejecución hipotecaria.
La solución definitiva sería que el gobierno federal proporcione a los inquilinos asistencia financiera que les permita pagar el alquiler, dijo Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de California Apartment Assn., que representa a los propietarios.

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“Si el alquiler sigue sin pagarse, los proveedores de vivienda enfrentarán ejecuciones hipotecarias o, si pueden, venderán sus propiedades”, expuso Carlton a los legisladores durante la audiencia del fin de semana. “Eso puede significar que los inquilinos perderán sus casas al final, y estas propiedades más pequeñas han sido históricamente casas asequibles. La pérdida de estas unidades empeorará la escasez de viviendas en California”.

Newsom estuvo de acuerdo en que se necesita más ayuda financiera de Washington.

“Necesitamos un compromiso federal real de nuevos fondos significativos para ayudar a los inquilinos y propietarios de viviendas con dificultades en California y en todo el país”, manifestó el gobernador.

En marzo, Newsom trató de frenar la propagación del virus mortal ordenando a los californianos que se quedaran en casa y no se congregaran en lugares públicos. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas o limitar sus operaciones.

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Como resultado, 11 millones de personas han presentado reclamos por beneficios del seguro de desempleo desde marzo.

A fines de marzo, Newsom emitió una orden ejecutiva que prohíbe brevemente todos los desalojos de inquilinos. Posteriormente, el Consejo Judicial estatal emitió una moratoria sobre los tribunales que procesan los desalojos y este mes la extendió hasta el 1 de septiembre, y los grupos de inquilinos advirtieron que el estado enfrentaría una ola de desalojos a menos que se tomaran medidas adicionales.

“Esta es una medida provisional”, dijo el lunes a sus colegas el asambleísta David Chiu (demócrata por San Francisco), autor del proyecto de ley.

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El proyecto de ley aprobado por la Legislatura el lunes, AB 3088, evita que los propietarios desalojen a los inquilinos por falta de pago de la renta este año desde marzo hasta el 1 de septiembre. La prohibición continúa desde el 1 de septiembre hasta el 31 de enero de 2021, para inquilinos que pagan al menos 25% de su alquiler y presentan una declaración de dificultad económica.

Los inquilinos que ganen más de $100.000 o más del 130% del ingreso medio del área deberán proporcionar documentación adicional para demostrar sus dificultades financieras.

Después del 31 de enero, los inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar el alquiler completo de los meses anteriores, pero sí pueden ser desalojados si no pagan la renta de febrero y los meses que le siguen.

El alquiler impago, tanto el monto adeudado desde marzo como la parte no pagada durante los próximos cinco meses, se trataría como deuda del consumidor, recuperable por un propietario solo a través de un tribunal de reclamos menores.

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En ciudades y condados que han adoptado fuertes protecciones para inquilinos, esas ordenanzas permanecerían vigentes hasta que expiren, después de lo cual se aplicaría la ley estatal, dijeron las autoridades.

Ron Kingston se opuso a la medida, en representación de cinco grupos de viviendas, incluida la Apartment Assn. of Orange County, Apartment Assn. of California, Southern Cities y la East Bay Rental Housing Assn.

Kingston dijo que no es razonable permitir que los inquilinos paguen solo una cuarta parte de su alquiler durante los próximos cinco meses.

“El veinticinco por ciento no es un ingreso suficiente para que los propietarios paguen las reparaciones y el mantenimiento”, enfatizó Kingston.

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También dijo que los inquilinos deberían tener que proporcionar más pruebas de dificultades financieras que firmar una declaración y criticó una disposición que autoriza a las ciudades y condados a permitir el reembolso de la renta atrasada hasta marzo de 2022.

“Eso es simplemente demasiado”, manifestó Kingston. “Creará una tensión masiva. La bancarrota o la ejecución hipotecaria creará dificultades financieras”.

El Senado aprobó el proyecto de ley con dos republicanos votando en contra, tres a favor y los demás absteniéndose.

La senadora Hannah-Beth Jackson (demócrata por Santa Bárbara) apoyó el proyecto de ley a pesar de que criticó airadamente a la industria bancaria por no aceptar requisitos más estrictos de aprobar la tolerancia de los pagos de hipotecas para los propietarios con dificultades.

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El proyecto de ley les da a los prestamistas un amplio margen para rechazar las solicitudes de muchos propietarios de indulgencia en los pagos de hipotecas, dijo Jackson, quien es presidenta del Comité Judicial del Senado.

“No ofrece nada sustancial a los prestatarios”, comentó Jackson. “Los bancos y los titulares de hipotecas no están haciendo nada, y no puedo decirles lo decepcionada que estoy de que no hayan estado dispuestos a dar un paso al frente”.

El senador republicano Andreas Borgeas de Modesto señaló que la ley federal que regula los bancos limita lo que puede hacer el estado.

“California no puede dictar a los bancos lo que tienen que hacer”, dijo Borgeas.

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Agregó que votó “a regañadientes” por el proyecto de ley, pero advirtió que no apoyaría ningún esfuerzo para extenderlo más allá del 31 de enero.

La líder republicana del Senado, Shannon Grove, de Bakersfield, se abstuvo de votar y pronosticó que las restricciones a los desalojos serían impugnadas en los tribunales. Grove dijo que le preocupa que los dueños de propiedades no puedan arreglar los techos y hacer otras reparaciones necesarias si el alquiler no llega.

“Esas cosas cuestan dinero cada mes y los dueños y los pequeños propietarios continúan pagándolo”, manifestó Grove.

Los demócratas también dijeron que hubieran preferido mayores protecciones contra los desalojos, pero señalaron que se estaba acabando el tiempo para actuar.

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“Esta es una solución imperfecta para una crisis sin precedentes”, dijo el senador Bill Monning (D-Carmel), calificándola de “medida provisional”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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