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Latinos amenazan con el voto si el Senado aprueba a Amy Coney Barrett como jueza

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Con el deceso de la juez Ruth Bader Ginsburg, varios grupos de derechos civiles han condenado la acción de la administración Trump al elegir a la conservadora, Amy Coney Barret, como candidata a la Corte Suprema de Estados Unidos para ocupar el puesto de la fallecida juez.

Nuevas estadísticas de NALEO Educational Fund y Latino Decision muestran que dos tercios (67 por ciento) de los encuestados dicen que el Senado debería esperar hasta después de las elecciones para permitir que el próximo presidente haga la nominación para su reemplazo.

El 33 por ciento dice que el Senado debería votar sobre el candidato del presidente Trump, mientras que el 56 por ciento de los encuestados dice que es más probable que apoye al vicepresidente Joe Biden si el Senado vota por el candidato del presidente Trump a la Corte Suprema.

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Estos grupos aseguran que su hostilidad hacia muchos de los sectores más marginados, victimizados y vulnerables de la sociedad suscita serias preocupaciones sobre la capacidad de Barrett para ser imparcial.

“Nuestros resultados muestran cierta estabilidad en la perspectiva que tienen los latinos hacia las elecciones, pero luego de un debate nacional sobre una vacante en la Corte Suprema en medio del impacto continuo de COVID-19, los latinos estarán prestando atención a medida que las partes presenten sus casos en la confirmación de Amy Coney Barrett”, dijo Stephen Nuño-Pérez, director de comunicaciones y analista sénior de Latino Decisions.

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Los activistas en contra de que Barrett se convierta en juez agregan que muchos de los derechos por los cuales han luchado durante años podrían retroceder, inclusive futuros litigios pudieran cambiar los derechos de libertad y respeto que Estados Unidos siempre ha apoyado.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de National Partnership for New Americans (NPNA), sostuvo que para la comunidad de inmigrantes, la juez Ginsburg fue una aliada que estuvo con los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en un momento decisivo. Ella defendió el principio de que todas las personas, independientemente de si tienen ciudadanía, deben contarse en el Censo.

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“En un momento en que deberíamos estar de luto, casi de inmediato, muchos de nosotros nos sentimos abrumados por la idea de que esta administración xenófoba hiciera todo lo posible para nombrar un nuevo juez antes de las elecciones”, manifestó Melaku.

Y es que, como juez de la Corte de Apelaciones, Barrett apoya a Trump en sus órdenes a favor de la imposición de la carga pública y reglas que impone una prueba de riqueza a los millones de inmigrantes que buscan venir a Estados Unidos anualmente, diciendo que el país tiene el derecho de bloquear a las personas que considera que probablemente se volverán dependientes de la asistencia pública en el futuro, incluso si nunca la han utilizado en el pasado.

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También se ha negado repetidamente a revisar los casos presentados por inmigrantes que solicitan protecciones humanitarias y otros beneficios de inmigración que afirman que se les ha negado injustamente.

Asimismo, Human Rights Campaign, la organización de derechos civiles LGBTQ más grande del país, respondió que el futuro de esta comunidad no pinta positivo.

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“Los últimos cuatro años han sido un asalto a los derechos y la dignidad de las personas LGBTQ en todo el país, liderados por la priorización del poder sobre las personas por parte de Donald Trump, Mike Pence y Mitch McConnell”, dijo Alphonso David, presidente de la organización.

“Si es nominada y confirmada, Coney Barrett trabajaría para desmantelar todo por lo que luchó Ruth Bader Ginsburg durante su extraordinaria carrera”.

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Entre los derechos en juego se encuentran el matrimonio entre el mismo sexo, la adopción entre el mismo sexo y servicios de salud para la comunidad LGBTQ, entre otros.

Barrett actualmente se desempeña como jueza en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito, y al principio de su carrera fue asistente legal y protegida de Antonin Scalia, uno de los oponentes más firmes de los derechos LGBTQ.

Al igual, la salud y derechos reproductivos de la mujer se verían afectados.

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Neera Tanden, directora ejecutiva del Center for American Progress Action Fund declara en un comunicado que el presidente Trump y los republicanos del Senado intentan apurar que se apruebe a una candidata que votaría por despojar a más de 20 millones de estadounidenses de atención médica, además de poner en riesgo a 135 millones de estadounidenses con condiciones preexistentes.

“Solo una semana después de las elecciones, la Corte Suprema está lista para escuchar los argumentos orales en un caso que podría significar el fin de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u ObamaCare), creando un caos total y dejando a millones sin cobertura en medio de una pandemia, al igual que sobre 7 millones de sobrevivientes del coronavirus que serían discriminados por su condición preexistente”, dice Tanden.

Asimismo, Barrett se ha demostrado a favor de agendas que impiden a la mujer escoger si quieren tener un aborto. Más de 25 millones de mujeres podrían perder el acceso al aborto legal y seguro, si los jueces anulan a Roe, estima Planned Parenthood Action Fund.

Los activistas sostienen que en estas elecciones el voto tendrá peso y al final aquellos que voten a favor de Barrett se verán afectados por el mismo.

“Sabemos que la negativa de los políticos a escuchar al pueblo estadounidense es la razón por la que nos enfrentamos a la confirmación de un extremista conservador fuera de contacto ante la Corte Suprema y estamos llamándole fraude a todo este proceso falso”, manifestó Maxwell Frost, director de organización nacional, March For Our Lives.

“Es hora de que todos comencemos a luchar para salvar nuestra democracia con la urgencia de los jóvenes que heredarán las políticas injustas de Amy Coney Barrett y otros jueces federales designados por Trump como ella”, concluyó.

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