La Corte Suprema dictamina que las iglesias de California pueden abrir a pesar de la pandemia

La Corte Suprema suspendió la prohibición de California sobre los servicios religiosos en interiores durante la pandemia, dictaminando que las estrictas órdenes del gobernador Gavin Newsom parecen violar la protección constitucional del libre ejercicio de la religión.

Los jueces, en una decisión de 6-3, concedieron una apelación el viernes por la noche de una iglesia del sur de San Diego que ha desafiado repetidamente las restricciones estatales en cuestiones sanitarias, incluida la prohibición de cantar y corear.

Algunas iglesias de California dijeron el sábado que planeaban reabrir sus puertas este fin de semana. El obispo Arthur Hodges, pastor principal de la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay, en el suburbio de Chula Vista, en San Diego, calificó el fallo como “una gran victoria”.

“Estamos encantados y emocionados de volver a la iglesia sin la amenaza legal de multas o arrestos”, dijo Hodges en una entrevista televisiva emitida por Fox 5. “Y abre las iglesias de todo el estado de California. Así que esto es una victoria para cada iglesia, cada casa de culto y cada individuo de fe que quiera asistir este domingo”.

Dijo que la iglesia celebraría servicios interiores este fin de semana. Anteriormente había ofrecido servicios en línea, pero no eran un sustituto adecuado, señaló, comparándolos con una fogata virtual o con la medicina a distancia.

El fallo anuló las decisiones de los jueces federales en San Diego y San Bernardino, así como la del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco, que confirmó las disposiciones del estado a pesar de las advertencias anteriores del tribunal superior.

Pero esta institución señaló que California puede limitar la asistencia a los eventos en interiores al 25% de la capacidad del edificio y los coros también pueden estar restringidos.

La entidad ha impuesto “la restricción más extrema al culto en el país”, le manifestó el Becket Fund for Religious Liberty a la Corte. Si bien varios estados establecen límites a la asistencia a los servicios religiosos, el grupo señaló que California es “el único que prohíbe el culto en interiores” en todos los condados menos poblados.

Los seis jueces conservadores diferían entre ellos, pero estaban de acuerdo en que la entidad daba un trato injusto a las iglesias.

“Desde la llegada del COVID-19, California ha impuesto abiertamente regulaciones más estrictas a las instituciones religiosas, en comparación de muchas empresas”, escribió el juez Neil M. Gorsuch en una de las tres opiniones coincidentes. “Al estado le preocupa que la adoración reúna a las personas durante demasiado tiempo. Sin embargo, no limita a sus ciudadanos a entrar y salir de otros establecimientos; nadie tiene prohibido quedarse en los centros comerciales, salones o terminales de autobuses”.

Gorsuch, junto con los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr., votaron para suspender todas las restricciones, incluidos los límites de asistencia y canto.

La juez Amy Coney Barrett señaló que no estaba convencida de que se suprimiera la prohibición de cantar. El estado argumentó que esta actividad en un grupo en interiores propagará el virus por el aire, y Barrett dijo que las iglesias tenían la responsabilidad de “establecer su derecho al alivio de la prohibición de cantar. En mi opinión, ellos no fueron consecuentes con esa obligación, al menos no en este registro”, escribió. El juez Brett M. Kavanaugh estuvo de acuerdo con ella.

En mayo, el juez presidente John G. Roberts Jr. emitió un voto clave en una decisión de 5-4 para rechazar un desafío temprano a las restricciones de la entidad sobre los servicios religiosos. Sostuvo que creía en ceder ante los funcionarios estatales que estaban lidiando con la pandemia. Pero escribió el viernes que no podía aceptar la “determinación actual de California de que el número máximo de seguidores que pueden adorar con seguridad en la catedral es cero. La diferencia, aunque amplia, tiene sus límites”.

La prohibición estatal de servicios en interiores fue impugnada en demandas separadas por la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay, en el suburbio de San Diego, Chula Vista, así como por la Iglesia Harvest Rock, en Pasadena, y la orden del viernes se aplica directamente a ellos. Pero su lógica legal bloquearía la aplicación de una restricción similar en otros centros religiosos.

Los tres liberales, los jueces Elena Kagan, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor, discreparon.

“Los jueces de este tribunal no son científicos. Tampoco sabemos mucho sobre política de salud pública. Sin embargo, hoy la Corte desplaza los juicios de los expertos sobre cómo responder a una pandemia”, escribió Kagan. “Se ordena a California que debilite sus restricciones sobre reuniones públicas al hacer una excepción especial para los servicios religiosos”.

Hace dos meses, los jueces notificaron a Newsom y al Noveno Circuito que la prohibición estatal de actividades de adoración en interiores quizá fue demasiado lejos.

En vísperas del Día de Acción de Gracias, el tribunal superior anuló parte de las reglas en cuanto al COVID-19 del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que limitaban las reuniones en los lugares de culto a 25 personas en algunos vecindarios de Brooklyn y Queens, donde el virus se estaba propagando rápidamente. Dijo que las disposiciones del estado “señalan a las casas de culto para un trato especialmente duro” en comparación con las tiendas minoristas, subrayó el tribunal durante la Diócesis Católica Romana vs. Cuomo.

Ocho días después, les concedieron una apelación a las iglesias de California, y les indicaron a los jueces federales que reconsideraran sus decisiones que habían confirmado la suspensión de Newsom de los servicios religiosos en interiores en todos los condados densamente poblados del estado. Los jueces “dejaron vacante”, o de lado, esas disposiciones basándose en su fallo en el caso de Nueva York.

Pero dos jueces de distrito y el Tribunal del Noveno Circuito ratificaron nuevamente las restricciones del estado a fines de enero. Dijeron que California enfrentaba un fuerte aumento en los casos de COVID-19, y estuvieron de acuerdo con la entidad en que los fieles congregados en interiores representaban “un riesgo excepcionalmente alto” de propagar el virus, ya que se reunían durante una hora o más.

Por el contrario, “los clientes suelen tener la intención de entrar y salir de las tiendas de abarrotes y minoristas lo más rápido posible”, señaló el Noveno Circuito. El estado también argumentó que las iglesias tenían la libertad de celebrar servicios al aire libre.

Los abogados de las iglesias instaron a la Corte Suprema a conceder una apelación de emergencia y levantar las restricciones estatales sobre las actividades de adoración. Citaron una disidencia de uno de los conservadores de alto rango del Noveno Circuito.

“Una aplicación simple y directa de estos casos de control obliga a lo que debería ser el resultado obvio aquí: las limitaciones excepcionalmente severas de California contra los servicios religiosos, incluida su prohibición total contra la adoración en interiores en casi toda la entidad, son claramente inconstitucionales y deben suprimirse”. escribió el juez Diarmuid O’Scannlain en Harvest Rock Church vs. Newsom.

“California es el único estado del país que impone tal prohibición”, señaló, “Sin embargo, exactamente en los mismos lugares donde está restringido el culto en interiores, se permite que una amplia gama de instalaciones seculares se abran en estas condiciones, incluyendo (por nombrar solo unos pocos): tiendas minoristas, centros comerciales, fábricas, plantas procesadoras de alimentos, almacenes, instalaciones de transporte, guarderías, universidades, bibliotecas, instalaciones deportivas profesionales y estudios de cine”.

Las dos partes del caso diferían sobre la situación actual en Los Ángeles. Los abogados de las iglesias dijeron al tribunal que, a fines de diciembre, el condado indicó que no haría cumplir las restricciones sobre los servicios religiosos, citando fallos judiciales. Pero los abogados de la entidad señalaron que la ciudad no tenía la autoridad para renunciar a las reglas estatales.

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