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Buscan que centros de detención para migrantes cumplan con estándares de salud y seguridad

Por ahora hay cinco centros de detención privados contratados con ICE que continúan operando en California.
(ASSOCIATED PRESS)

Tras una larga cantidad de reportes que muestran que los centros de detención para inmigrantes no son adecuados ni estan equipados para acoger a las personas que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo, funcionarios ahora buscan un cambio dentro de estas instalaciones.

Se trata de una medida que requeriría que los edificios de detención con fines de lucro y las prisiones que operan en California, cumplan y mantengan los requisitos de salud y seguridad necesarios, tanto locales como federales.

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A esto se le incluye la compensación y responsabilidad laboral, así como exige que obtengan cobertura de una compañía de seguros autorizada para operar en California por el Departamento de Seguros del estado.

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Además, las instalaciones que no cumplan con los estándares mínimos estatales y federales de detención, salud y seguridad que protegen las necesidades médicas, los requisitos de seguridad y los derechos humanos de los inmigrantes, perderían su cobertura de seguro bajo la regla.

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La legislación SB334 de la senadora María Elena Durazo (D-Los Ángeles), que ya fue aprobada por el Comité Judicial del Senado, llega tras un historial de malas condiciones y trato inhumano a los detenidos que ha traído consecuencias devastadoras para las personas retenidas en estos centros, con al menos 15 inmigrantes muertos bajo custodia en California desde 2010, según los simpatizantes.

La medida patrocinada por el Comisionado de Seguros Ricardo Lara y CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y el Centro de Políticas de Inmigrantes de California, pide también que a las instalaciones se les requiera presentar informes trimestrales de cumplimiento con respecto a estos requisitos tanto a la compañía de seguros como a la oficina del comisionado, y las compañías de seguros serían responsables de garantizar que se cumplan estos requerimientos.

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“La pandemia solo ha exacerbado el impacto de la falta de protección de la salud de los detenidos en estas instalaciones”, dijo la senadora María Elena Durazo.

“Este proyecto de ley ayudará a garantizar que las personas detenidas en centros de detención privados sean tratadas con un nivel básico de dignidad y respeto”, señaló.

Los activistas sostienen que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto y exacerbado estas condiciones atroces y deficientes en esas instalaciones, elevando el nivel de peligro al que están expuestos los detenidos.

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El 6 de mayo de 2020, Carlos Ernesto Escobar-Mejía, un detenido en el Centro de Detención Otay Mesa, un centro con fines de lucro en San Diego, se convirtió en la primera persona bajo custodia de inmigración, en todo el país, en morir a causa del COVID-19.

El Centro de Detención de Otay Mesa ha sido un punto de acceso para COVID-19 durante el último año, con al menos dos brotes importantes en la población, incluido uno de los primeros grandes brotes en estas instalaciones que representó casi 200 casos positivos de COVID-19. Desde que comenzó la crisis de COVID-19, los tribunales federales han comenzado a ordenar la liberación de inmigrantes detenidos que corren un alto riesgo de enfermedad o muerte debido a las malas condiciones en los centros de detención con fines de lucro.

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Angélica Salas, Directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, dijo que los centros de detención privados “están operando con impunidad que debe ser detenida”, y estos hechos deben cambiar.

Para el comisionado Lara, los centros de detención con fines de lucro y las cárceles privadas han ignorado la dignidad humana básica de los inmigrantes bajo custodia.

La medida, “llevará la responsabilidad a los centros de detención privados y protegerá a los inmigrantes, niños y refugiados, de languidecer en condiciones inhumanas”, dijo.

Por ahora hay cinco centros de detención privados contratados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos que continúan operando en California, incluidos Adelanto, Imperial Regional, Mesa Verde, Otay Mesa y El Centro.


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