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Bukele toma control del Estado salvadoreño, a la comunidad internacional le dice: ‘No es de su incumbencia’

Ernesto Castro, presidente del nuevo Congreso de El Salvador, juramenta a los miembros de la junta directiva.
(Twitter/Asamblea Legislativa de El Salvador)

La incipiente democracia salvadoreña sufrió un golpe a manos del presidente Nayib Bukele, al tomar el control no solo del Congreso que asumió sus funciones este 1 de mayo, sino que también de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República, instancias que servían de contrapeso al ejercicio del Poder Ejecutivo.

En su primera sesión plenaria, la cual se alargó hasta poco después de la medianoche, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, promovió la destitución e inmediata elección de los magistrados de la CSJ y el fiscal general, medida que ha generado todo tipo de cuestionamiento desde organismos defensores de derechos humanos y funcionarios estadounidenses.

“Que orgullo ver la expresión del pueblo representada en la Asamblea Legislativa por la @BancadaCyan”, escribió en Twitter, Xavier Zablah Bukele, presidente de Nuevas Ideas y primo del presidente salvadoreño. “No queda más que decirles gracias”, agregó después de que concluyera la primera sesión del Congreso.

El partido del presidente Nayib Bukele lidera las encuestas en las elecciones de El Salvador del domingo. Una victoria podría poner más poder en sus manos en medio de una democracia tambaleante.

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Lo que ha ocurrido la noche del sábado en El Salvador ha sido calificado como un golpe de Estado, en donde desaparece la independencia de poderes y todo el aparato estatal estará alineado al presidente Bukele, quien ha colocado a personas de su confianza en esas instituciones que antes vigilaban al Poder Ejecutivo, pero que ahora tienen el mismo vaso comunicante.

“El golpe al Estado de derecho es total”, dijo José Miguel Vivanco, abogado y director de la división de las Américas de Human Rights Watch, una de la voces críticas y observador permanente de las violaciones a los derechos humanos en América Latina.

“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EE.UU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”, dijo Vivanco en su cuenta de Twitter.

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El intento de golpe de Estado, ocurrido el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó al recinto legislativo con soldados y policías armados, es algo que a criterio de expertos se consumó en este nuevo Congreso, el cual está dominado por el partido del presidente y no necesita negociar para aprobar nombramientos de primer grado.

Todo arrancó con la intervención de la diputada Suecy Callejas, abogada de profesión y exministra de Cultura del gobierno de Bukele, quien propuso se sometiera una pieza de correspondencia en la que promovía la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, en medio de aplausos y silbidos de sus colegas parlamentarios.

“Existen evidencias que los magistrados actuales no cumple los perfiles que se necesitan”, argumentó.

Suecy Callejas, abogada y exministra de Cultura del gobierno de Bukele, es parte de los nuevos parlamentarios.

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Cuando apenas iniciaba el debate y las redes se estremecían con lo que pasaba en el Congreso, comenzaron a pronunciarse funcionarios estadounidenses.

“Así no se hace”, escribió Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, en referencia a la destitución de los magistrados.

En cambio, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, expresó su preocupación y manifestó que una “relación fuerte” entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que se “apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.

“Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, abundó Chung.

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Al menos 64 parlamentarios votaron para remover a los magistrados propietarios y suplentes. Luego se sometió a votación para nombrar a los nuevos funcionarios judiciales.

La primera sesión, que duró aproximadamente cinco horas, también sirvió para destituir al fiscal general, Raúl Melara. En su lugar se nombró a Rodoldo Delgado.

“El pueblo salvadoreño y este país está contento con las cosas que se han hecho”, respondió Ernesto Castro, presidente del nuevo Congreso, al atender a la prensa después de la medianoche.

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“No, no es un golpe de Estado”, respondió Castro a los reporteros.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por su parte, declararon inconstitucional la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa en tanto que viola la forma de gobierno, en donde hay “una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo”.

Al mismo tiempo, en la resolución indican que se viola la independencia judicial y la decisión no está precedida por las garantías procesales necesarias.

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“Lametable decisión de la nueva Asamblea Legislativa, destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se rompen los pesos y contrapesos de los órganos del Estado. No es la forma de construir democracia”, reaccionó Carlos Quintanilla-Schmidt, abogado y ex vicepresidente de la República.

Las decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa ha provocado que otros inviten a la movilización. Están programando una concentación la tarde de este domingo, 2 de mayo, en el monumento a la Constitución, en San Salvador.

“Ahora nos toca a nosotros, los ciudadanos, salir a las calles a defenderla, no defenderemos personas, defendemos la institucionalidad, la Constitución. No nos quedemos pasivos”, exhortó la abogada Bertha María Deleón.

La estudiante de la Escuela Secundaria de Santa Ana estudiará biología en el otoño de 2021. Pero primero tuvo que ayudar a su padre a salir de un centro de detención de inmigrantes.

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Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, es la primera vez que se da una concentración de poder tan grande como la que tiene el presidente Bukele, algo que evoca a gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en donde el control lo tiene una sola persona.

Diego García-Sayán, abogado y relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, condenó el desmantelamiento y debilitamiento de la independencia judicial, planteando que la destitución de magistrados debe responder a un proceso que atienda “causas específicas y previamente establecidas en la ley”.

“Esta relatoría de la @ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”, indicó García-Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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En medio de la vorágine de reacciones en Twitter, el presidente Bukele aprovechó también para dirigirse a la comunidad internacional expresándole la intención de trabajar, comerciar y viajar, manifestando que “nuestras puertas están más abiertas que nunca”.

No obstante, el presidente pidió “con todo respeto” a las demás naciones se mantengan al margen de lo que pasa en El Salvador. “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, concluyó Bukele.


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