Aprueban proyecto de ley para evitar que las empresas de textiles roben los salarios de los obreros de la confección

Los propietarios de fábricas de la industria de la confección de California se han salido con la suya, pagando ilegalmente a los obreros por debajo del salario mínimo durante décadas.

Un proyecto de ley que eliminó un obstáculo importante en la Asamblea el miércoles pasado tiene como objetivo cambiar eso, exigiendo que las fábricas textiles paguen a los obreros un salario por hora, con el objetivo de responsabilizar a las grandes compañías por las prácticas laborales bajo su supervisión. La SB 62 regresará al Senado estatal para su aprobación final antes de ir al escritorio del gobernador para ser firmada.

Al exigir esta modalidad de remuneración, la propuesta legislativa prohíbe el duradero sistema de tarifa por pieza (5 centavos para realizar una costura lateral, por ejemplo, o 10 centavos para coser un cuello) que a menudo suma menos de $6 por hora, según un estudio de la UCLA de 2016, al tiempo que permite a los patrones ofrecer incentivos basados en la productividad a los obreros.

También permitiría a los trabajadores recuperar los salarios robados de las grandes marcas de moda y minoristas, en lugar de tener que ir tras las pequeñas fábricas de ropa que esas empresas de mayor tamaño emplean como subcontratistas para mantener bajos los costos. Esas pequeñas fábricas comúnmente cierran y desaparecen antes de que los obreros puedan reclamar lo que les pertenece.

Los trabajadores de la confección, los defensores laborales y más de 100 empresas de moda que han respaldado el proyecto de ley sostienen que el cambio está retrasado en una industria donde el 85% de los obreros recibe un pago ilegal por debajo del salario mínimo, según una encuesta federal del Departamento de Trabajo.

“Es 2021, estamos luchando para que los trabajadores ganen un salario mínimo y responsabilizando a las personas que obtienen ganancias con su baja remuneración”, señaló la asambleísta Lorena González, una de las principales coautoras del proyecto de ley, en sus declaraciones finales antes de la votación. “Ha llegado el momento de garantizar que los obreros de la confección tengan una dignidad humana básica”.

Una ley de California de 2017 aplicó estándares similares a la industria de la construcción, exigiendo que los obreros pudieran buscar salarios no pagados de un contratista general, incluso si un subcontratista fue quien los estafó, y la SB 1399 del año pasado buscó hacer los mismos cambios para la industria de la confección anteriormente, sin llegar a ser aprobada en la Asamblea.

“Estamos encantados con esta victoria y tenemos esperanzas sobre la posibilidad de poner fin al atroz robo de salarios y explotación que las grandes marcas han incentivado en la industria de la moda”, indicó Marissa Nuncio, directora del Garment Worker Center del centro de Los Ángeles. Esta organización fue uno de los copatrocinadores del proyecto de ley y ha estado abogando por cambios que responsabilicen a los minoristas y las marcas por las prácticas a lo largo de sus cadenas de suministro.

El proyecto de ley regresará al Senado estatal para una votación final para aprobar las enmiendas que se agregaron en la Asamblea, la más significativa de las cuales fue una concesión con los opositores de la propuesta que eliminó la responsabilidad por daños y sanciones para las marcas y los minoristas. “Lograr la responsabilidad de la marca solo por los salarios no pagados todavía sería un cambio radical, dado que no hay esta responsabilidad por el momento”, puntualizó Nuncio, “pero pensamos que era importante tratar de llegar a un término medio”.

Además del compromiso sobre el lenguaje del proyecto de ley, Nuncio atribuye su éxito, después del fracaso de la SB 1399 del año pasado, a los efectos de la crisis del COVID-19, que dio como resultado que otras leyes obtuvieran prioridad en 2020, así como a los continuos esfuerzos de los partidarios del proyecto de ley para construir apoyo para la legislación. En el último año, la cantidad de empresas que apoyaban el cambio aumentó de 55 a más de 150, detalló Nuncio.

Muchas marcas de moda y grupos comerciales habían dicho que la propuesta legislativa era un paso demasiado lejos, argumentando que las empresas no deberían ser responsables por las condiciones de trabajo y los salarios robados en compañías de terceros que contratan para hacer su ropa.

La Cámara de Comercio de California incluyó el proyecto de ley en su lista de “asesinos laborales”, y los grupos comerciales indican que el cambio podría llevar a las empresas a subcontratar el trabajo a otros estados o países con menos protecciones laborales.

La SB 62 actualizaría las reformas laborales aprobadas en 1999 que responsabilizaban a las marcas por violaciones salariales por parte de los contratistas que producen sus prendas. Esa ley fue motivada en parte por el incidente de cuatro años antes en el que 72 inmigrantes tailandeses indocumentados, que estaban esencialmente esclavizados, fueron liberados en una redada en un complejo de talleres de explotación de El Monte.

La ley de 1999 creó la “responsabilidad proporcional”, lo que significa que las marcas deben pagar solo la parte de los salarios perdidos correspondiente a las prendas que el trabajador les produjo.

Los defensores laborales señalaron que el uso cada vez más escalonado de contratistas en las últimas dos décadas ha hecho que sea más difícil hacer cumplir la ley, y que la SB 62 proporciona actualizaciones cruciales al lenguaje que define más claramente qué partes se consideran responsables y, también, refuerza la capacidad de las autoridades para realizar inspecciones.

La SB 62 propone que las marcas de moda sean legalmente responsables por la cantidad total de daño causado a un obrero, incluso si otras compañías también fueron responsables en alguna parte de ese daño, haciéndolas responsables funcionalmente de cualquier trabajo realizado dentro de su cadena de suministro.

Una vez que el trabajador está totalmente compensado, las marcas de moda podrían negociar entre ellas para asegurarse de que cada parte pague su cantidad correspondiente. Para proteger sus intereses financieros, las compañías pueden comenzar a exigir que los productores contratados tengan bonos o seguros para cubrir cualquier reclamo salarial.

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