Los empleados de la ciudad de L.A. podrían recibir una prórroga hasta mediados de diciembre para vacunarse

Los trabajadores de la ciudad de Los Ángeles que aún no se han vacunado contra el COVID-19 o que le hayan dicho a la ciudad que buscan una exención para el miércoles podrían tener tiempo adicional para aplicarse las dosis, según un plan presentado por los funcionarios locales.

Durante ese período adicional, se harían pruebas dos veces por semana para detectar el coronavirus, y el costo de estas se deduciría de sus cheques de pago a $65 por prueba, según el plan. Eso sumaría $260 por quincena. Las pruebas de COVID se realizarán en el tiempo libre de los empleados, no mientras se les paga por efectuar el trabajo de la ciudad.

Si los trabajadores aún no han seguido las reglas de vacunación para fines del 18 de diciembre, enfrentarían una “acción correctiva”, de acuerdo al plan publicado el martes.

El plan ahora se encamina al Ayuntamiento de Los Ángeles para su aprobación. En un informe, el oficial administrativo de la ciudad, Matt Szabo, lo describió como la “última, mejor y definitiva oferta” hecha a los grupos laborales sobre cómo funcionarían los requisitos de vacunación.

Para llevar a cabo el plan, el Ayuntamiento debe aprobar una resolución que determine que la ciudad llegó a un punto muerto y que “existe una necesidad imperiosa de una acción unilateral de este tipo para proteger la salud y la seguridad públicas, así como la seguridad en el lugar de trabajo”. Hasta el martes por la tarde, aún no se había programado una votación sobre el tema.

“Después de varios meses de negociaciones, el Ayuntamiento votará pronto para imponer su mejor y última oferta a todos los empleados de la ciudad”, remarcó la junta de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles en un comunicado el martes pasado.

La junta destacó que aunque se opuso a “cualquier imposición”, la liga había negociado con éxito términos clave, incluida la no creación de un registro disciplinario para los oficiales si finalmente son despedidos por no estar en condiciones de cumplir con el deber ante la falta de vacunación.

El sindicato que representa a los bomberos de Los Ángeles se negó a comentar sobre el plan el martes.

L.A. aprobó una ordenanza, en agosto pasado, que exige que los empleados de la ciudad se vacunen contra el COVID a menos que se les apruebe una exención médica o religiosa.

Aunque la ordenanza municipal establece fechas límite más tempranas para la vacunación, las reglas no se convertirán en condiciones fijas para laborar hasta el miércoles. La ley no especificó qué sucedería, en esa fecha, con quienes se nieguen a vacunarse. Los sindicatos han mantenido varias reuniones con funcionarios de la ciudad durante semanas para abordar las nuevas reglas.

La presidenta del concejo municipal, Nury Martínez, que forma parte de un comité de la ciudad que guió el plan enfocado en las relaciones con los empleados, afirmó el martes que “Los Ángeles ha sido líder a nivel nacional en los mandatos de vacunas”. “Voy a hacer todo lo que pueda para sacar a esta ciudad de la pandemia, y eso significa inoculaciones”, destacó Martínez en un comunicado. “En general, nuestro objetivo es brindar tantas oportunidades como podamos para inocular a los empleados de la ciudad”.

Según el plan publicado el martes pasado, a los empleados que no hayan presentado prueba de vacunación total o que no hayan entregado una solicitud de exención antes del miércoles se les enviará un aviso. Éste les exhortará a presentar una prueba de vacunación antes del 18 de diciembre.

Será necesario que los trabajadores firmen tal aviso, y el incumplimiento de sus requisitos conduciría a una “acción correctiva inmediata”, según el plan.

Los trabajadores que buscan obtener exenciones médicas o religiosas también tendrán que hacerse la prueba dos veces por semana en su propio tiempo y por su cuenta, mientras la ciudad evalúa sus solicitudes. Si finalmente se les conceden las excepciones, la ciudad les reembolsará los costos de las pruebas. En caso de ser rechazados sus pedidos, tendrán un período breve para apelar.

Los empleados también pueden obtener un “aplazamiento médico” para la vacunación si recientemente se les ha diagnosticado o tratado por COVID-19. Se les daría hasta 90 días para recuperarse antes de que se les solicite la vacunación, y el período de aplazamiento comenzará a partir de la fecha de su primera prueba negativa.

Hasta esta semana, más del 66% de los empleados de la ciudad, sin contar a los trabajadores del Departamento de Agua y Energía, habían informado que estaban completamente vacunados, según un análisis de The Times de los datos de la ciudad (que excluyó los datos de la empresa de servicios públicos porque las cifras de la ciudad no incluían información completa sobre sus trabajadores). Más de 9.500 empleados se negaron a indicar si estaban vacunados, o no informaron su estado.

Más de 1.000 trabajadores del Departamento de Bomberos de Los Ángeles no habían informado su estado de vacunación hasta la semana pasada. En una orden, el jefe del LAFD, Ralph Terrazas, advirtió a los empleados que no informar si están vacunados “se considerará insubordinación y dará lugar a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta el despido”.

Algunos policías y bomberos demandaron a la ciudad por los mandatos de vacunación, argumentando que viola sus derechos. Muchos otros han solicitado exenciones: los funcionarios de la ciudad informaron que más de 5.300 empleados de la ciudad pidieron el beneficio, incluidos más de 2.000 en el LAPD.

Los funcionarios de Los Ángeles inicialmente habían buscado sanciones más severas por desobedecer las reglas de vacunación: una versión anterior de la propuesta de la ciudad pedía que dichos trabajadores enfrentaran cinco días de suspensión por insubordinación, y luego se les notificara con una propuesta de aviso de despido si regresaban sin haber hecho progreso hacia el cumplimiento.

Otras ciudades también han estado lidiando con cómo manejar a los rezagados y opositores a las vacunas mientras implementan mandatos para sus trabajadores municipales. En Chicago, por ejemplo, la policía que desafió una fecha límite reciente para informar su estado de vacunación comenzó a enfrentar medidas disciplinarias esta semana, incluido el cambio al estado no remunerado.

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