Los Ángeles: Fueron ignorados trabajadores esenciales migrantes en Ley de Reducción de la Inflación
Varios activistas comunitarios del sur de Los Ángeles salen a las calles para exigirle al Congreso de Estados Unidos, la inclusión de mas derechos para la comunidad sin documentos legales en la nueva Ley de Reducción de la Inflación (IRA).
La ley, que ya fue aprobada por el Senado el domingo incluye importantes cambios en la política climática, la sanidad y la fiscalidad de las empresas.
Sin embargo, esta no se dirige a cambios dentro de la comunidad inmigrante indocumentada, quienes han sido los más afectados durante la pandemia del COVID-19, afirma la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, que le pidieron a la comunidad apoyar la “Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021” del presidente Biden.
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Ley de Reducción de la Inflación, aprobada el domingo, incluye una inversión federal de unos 370.000 millones de dólares en la política climático y plan de asistencia sanitaria más grande desde la Ley de Asistencia Asequible. La idea es permitir que Medicare (un programa de seguro de salud nacional del Gobierno de Estados Unidos) negocie directamente con las farmacéuticas los precios de los medicamentos, entre otros proyectos. El proyecto de ley también aumentando los impuestos a las grandes corporaciones (empresas con unos ingresos anuales de más de mil millones de dólares) hasta un mínimo del 15%, entre otros proyectos.
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Laura Valdez, activista de Madres por la Unidad Familiar en el condado de Ventura, dijo sentir que los trabajadores esenciales y migrantes fueron ignorados.
“Me sentí como si fuera un objeto de uso valioso solo en las elecciones”, dijo Valdez, quien esperaba un programa de ayuda financiera de alimento a las familias de bajos recurso.
“Vivimos en California, un estado muy costoso. Ni vi ni un solo programa que pueda proveer alimentación, ropa, útiles para niños, la gasolina o renta”, dijo.
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Según el Centro de Estudios de Migración, alrededor del 22% de los inmigrantes en California son indocumentados. De 2010 a 2019, la cantidad de inmigrantes indocumentados en el estado disminuyó de 2,9 millones a 2,3 millones.
Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Centro Educativo y de Inmigración One Stop y miembro de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo que los activistas pro inmigrantes estan sorprendidos por el anuncio.
“¿Nos oponemos a la Ley de Reducción de la Inflación? La respuesta es no. Nuestra comunidad apoya la reducción de las emisiones en al menos un 40% para 2030 como se contempla en este proyecto de ley”, afirmó
“Nuestra comunidad apoya el empoderamiento de Medicare para negociar con las compañías farmacéuticas un precio más bajo para ciertos costosos medicamentos, y también apoyamos la imposición de un impuesto mínimo del 15% a los ingresos que reportan las grandes corporaciones a los accionista…Lo que más preocupa a nuestra comunidad es que nuestros Senadores latinos en el Congreso de los Estados Unidos, no usaron su poder para incluir protecciones legales para trabajadores indocumentados en esta legislación”, dijo Gutiérrez.
El activista se dirigió a varios políticos como Dianne Feinstein, Alex Padilla, el senador Bob Menéndez y la senadora Catherine Cortez-Masto, preguntando por qué no salieron a pedir por los derechos de la comunidad mas vulnerable.
“Todos estos políticos necesitarán nuestro voto en noviembre. Nuestra comunidad está cansada de que se nos diga que tengamos paciencia o que tenemos que esperar nuestro turno”, dijo Gutiérrez.
Los activistas argumentaron que, por casi cuatro décadas, la comunidad inmigrante ha sido pacientes, por lo que ahora piden que la Cámara de Representantes incluya un alivio.
“Nos quedamos boquiabiertos al ver cómo la Mayoría del Senado se inclinaba para acomodar las preocupaciones corporativas de los Senadores Joe Manchin y Kristen Sinema”, afirmó Salvador Sanabria, director Ejecutivo del centro comunitario El Rescate, una corporación sin fines de lucro.
“La Senadora Sinema condicionó su voto al compromiso de los demócratas de no aumentar los impuestos sobre las ganancias de los fondos de cobertura, mientras que la Senadora Manchin recibió una garantía que permite a las corporaciones continuar obteniendo contratos de arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales. Mi pregunta para nuestros dos senadores es por qué no condicionaron su voto para asegurar el alivio legal para los trabajadores indocumentado”, preguntó el activista.
El 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden presentó a la nación un proyecto legislativo titulado, “Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021”. Bajo su propuesta los inmigrantes indocumentados que cumplían ciertas condiciones podían normalizar su estatus migratorio siempre que no representen un peligro criminal para la sociedad o a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No obstante, no ha habido platicas formales del tema.
“Queremos saber por qué los demócratas del Congreso no abordan el tema del alivio migratorio para los millones de trabajadores indocumentados dentro de la nueva ley”, dijo Cecilia Rodríguez, la directora Ejecutivo de la Asociación de hondureños de Los Ángeles otra organización comunitaria.
Rodríguez dijo que, al no abordar el tema, los políticos y Biden dejaron atrás a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y a los beneficiados por la Acción para los Llegados en la Infancia (DACA).
Los lideres comunitarios dijeron que en las próximas elecciones los hechos de cada senador respecto a lo ocurrido el domingo, les serán contados.
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