Dos días después de que seis personas, entre ellas un bebé, fueran ejecutadas aquí, los vecinos observaban con cautela mientras los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare analizaban minuciosamente la escena del crimen en busca de pruebas.
Era una mañana ajetreada en el barrio. A pocas casas de distancia, agentes con chaquetas que decían “POLICE” golpearon la puerta principal. Cuando un periodista del Times se acercó a pedir información, un hombre que llevaba una placa que parecía ser de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos se identificó como agente federal y dijo que estaba en la zona por otro caso.
El hombre no ofreció más detalles, pero el intercambio ilustra una dura realidad de la vida de muchos residentes en estos pueblos agrícolas: Las zonas rurales del Valle de San Joaquín se han convertido en algunos de los lugares más violentos de California, con un bullicioso tráfico de drogas y uno de los índices más altos de asesinatos y más bajos de resolución de homicidios.
Según un informe del año pasado del fiscal general de California, Rob Bonta, el condado de Kern tenía la tasa de homicidios más alta del estado en 2021, con 13,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El condado de Merced quedó en segundo lugar, con 9,5, seguido por Tulare, donde ocurrió la masacre el lunes, con 8,8. La tasa de homicidios en todo el estado fue de 6. En el condado de Marin, fue de 0,4.
Enclaves rurales poco conocidos como Goshen -que muchos californianos atisban desde la ventanilla del coche circulando a toda velocidad entre Los Ángeles y Yosemite o Sacramento o el lago Tahoe- se han convertido en codiciados puntos de tránsito de metanfetamina, fentanilo y otras drogas. Diversas organizaciones delictivas, como los cárteles mexicanos, los sindicatos carcelarios y las pandillas callejeras locales, compiten por hacerse con un pedazo de estos territorios.
Aunque las autoridades no han identificado públicamente a los sospechosos ni el motivo exacto de la masacre, han declarado que sospechan que probablemente esté relacionada con este comercio y el conflicto que conlleva.
El sheriff del condado de Tulare, Mike Boudreaux, dijo que dos tiradores irrumpieron en la vivienda alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes, persiguiendo y matando a seis personas, entre ellas una abuela de 72 años en su cama, una madre de 16 años y su bebé. El sheriff señaló a esas tres personas como víctimas inocentes, pero dijo que los miembros de la familia estaban implicados en las pandillas.
Boudreaux dijo inicialmente que era obra de un cártel de la droga mexicano, sin aportar pruebas. Al día siguiente se retractó y afirmó que los asesinatos eran probablemente obra de bandas o cárteles locales, o de una combinación de ambos.
Sea cual sea la circunstancia, el nivel de violencia conmocionó a la comunidad rural.
“Me da miedo regresar a casa por la noche”, dijo Alicia Zavala, quien vive cerca de la propiedad de Goshen donde ocurrieron los asesinatos. “Después de lo ocurrido, tengo miedo de vivir aquí”.
El asambleísta Devon Mathis (R-Visalia), que representó a la zona hasta la más reciente redistribución de distritos, dijo que Goshen es una de las muchas “islas del condado” en el valle - pequeñas comunidades no incorporadas, empobrecidas, que carecen de sus propias fuerzas policiales. Las bandas y los narcotraficantes se atrincheran allí, sabiendo que la presencia de las fuerzas del orden es escasa.
“Tenemos una vulnerabilidad que está quedando al descubierto”, afirma Mathis.
Le consterna ver cómo muchos de sus colegas de la Asamblea se asombran al oír hablar de las feroces bandas del valle de San Joaquín, considerándolo un problema de las ciudades, no de las zonas rurales.
La violencia relacionada con el tráfico de drogas asola la región desde hace décadas.
El valle de San Joaquín, que se extiende más de 200 millas desde Bakersfield a Stockton, es una de las regiones agrícolas más ricas del mundo. Las cumbres nevadas de Sierra Nevada riegan los campos que se extienden por el valle. Los largos surcos de uvas y tomates, los huertos de almendras y melocotones, dan paso a pueblos y ciudades, hogar de unos 4,3 millones de personas, con una disparidad de ingresos de las más marcadas de California.
Las ciudades de Fresno, Merced, Visalia, Exeter y Bakersfield áreas de gran riqueza, pero en los pueblos polvorientos donde viven muchas de las personas que se dedican a la recolección y la plantación, las casas suelen estar abarrotadas y deterioradas, y las calles carecen a menudo de aceras, alumbrado público, incluso pavimento y tuberías de agua potable.
Muchos de los adultos de estos pueblos trabajan largas horas en el campo o en las empacadoras por un salario de subsistencia. Sus hijos crecen en zonas con escuelas deficientes y poco que hacer después de que suene el timbre.
“Muchos de estos niños no tienen supervisión en casa y andan por las calles, juntándose con otros niños que están en su misma situación”, explica Mike Alvarez, de 60 años, fundador de Changing Minds One At A Time, uno de los pocos grupos de intervención en pandillas del condado de Tulare.
Eso los convierte en un blanco fácil de reclutamiento para las pandillas”.
Las zonas rurales -con pocos agentes patrullando y situadas a lo largo de uno de los principales corredores de transporte norte-sur de la Costa Oeste- han sido durante mucho tiempo atractivas para los narcotraficantes. A pesar de su población inferior al medio millón de habitantes, el condado de Tulare ha desempeñado históricamente un papel destacado en el tráfico transnacional de drogas, dinero y armas.
En la década de 1970, los narcotraficantes empezaron a contratar a pilotos de avionetas fumigadoras para que trajeran cargamentos de droga desde las montañas del estado mexicano de Sinaloa. El vuelo llegaba al límite que una avioneta podía hacer sin recargar combustible.
Algunas de las casitas de pueblos sin policía ni alumbrado público junto a la ruta 99 han servido de escondite para la droga que se mueve hacia el norte desde la frontera y para el dinero y las armas que se mueven en todas direcciones.
Esta combinación de lucrativo contrabando de drogas y cultura de bandas ha desencadenado altos niveles de violencia. Los funcionarios señalaron que el reto policial es a menudo más difícil porque muchos albergan una profunda desconfianza hacia las fuerzas del orden, ya sea por temor a la deportación o porque los departamentos del sheriff de muchos de estos condados participaron en enfrentamientos brutales contra los trabajadores agrícolas, en particular durante las huelgas de la uva de César Chávez. Boudreaux afirma que su departamento está trabajando en ello.
“Seguimos desarrollando esa confianza lo mejor que podemos. Cuando llamas al 911, estamos allí. No importa quién seas”, declaró el viernes a una cadena de televisión local.
Desde principios de la década de 1980, el periódico local Visalia Times Delta viene denunciando los índices de violencia en algunos de los pueblos agrícolas del condado de Tulare.
En 2007, el periódico lanzó una serie sobre el problema de las bandas, encabezando una edición con un titular: “Guerras de bandas”. En esa historia se citaba a Boudreaux, entonces sargento, hablando del asesinato de un niño de 11 años de Goshen que salía de una fiesta.
Boudreaux, que ha dirigido la Oficina del Sheriff desde 2013, y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el valle han celebrado repetidamente conferencias de prensa y enviado comunicados de prensa, promocionando tácticas centradas en la supresión y proclamando victorias sobre las pandillas callejeras. Las autoridades locales, estatales y federales han recurrido a mandatos judiciales, investigaciones encubiertas y operaciones de grupos de trabajo multiagencia con nombres como “Lucky Charm” y “Red Reaper”. Hace dos años, al anunciar los resultados de la “Operación Bala perdida”, las autoridades anunciaron la detención de 25 sospechosos en el condado de Tulare acusados de cometer decenas de tiroteos desde vehículos, incluido uno en el que resultó herida una niña de 8 años.
“Puedo decir con orgullo que estamos más seguros que ayer”, dijo entonces Boudreaux, prometiendo seguir persiguiendo a los miembros de las bandas y “darles caza y meterlos entre rejas”.
El año pasado, las autoridades anunciaron que habían desmantelado una operación de tráfico de armas y metanfetamina que se extendía desde México hasta el valle de San Joaquín y el sur de Texas.
Los agentes federales y la policía local interceptaron las llamadas telefónicas de presuntos miembros de la banda Sureño que vivían en el condado de Tulare y que supuestamente compraban kilos de cocaína en México y vendían la droga en Texas, donde compraban armas de fuego, según una denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Fresno.
La persistencia del problema, según algunos expertos, pone de manifiesto los límites de las operaciones de las fuerzas de seguridad para frenar el derramamiento de sangre relacionado con el tráfico de drogas y las bandas callejeras.
“Por mucho que a la sociedad le guste pensar que la aplicación de la ley puede eliminar la violencia de las bandas, nuestra historia demuestra lo contrario”, dijo Jonathan C. Hernández, que entrevistó a decenas de miembros de bandas locales para una tesis doctoral en Fresno State centrada en las bandas callejeras latinas en el Valle Central.
Hernández, de 38 años, profesor de comunicación en Porterville College y criado en el valle, dijo que se necesitan más esfuerzos de prevención e interdicción, incluidos los que se basan en la experiencia de antiguos miembros de bandas.
“Tenemos que comunicarnos con los antiguos miembros de las bandas para conocer su punto de vista [y] comprenderlos e intentar empatizar realmente con ellos”, afirmó.
Incluso con estos antecedentes, la violencia en Goshen conmocionó tanto a los residentes como a los agentes de policía.
“Esos asesinatos parecían surgir de la nada”, dijo Dennis Townsend, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Tulare, quien añadió que la violencia había seguido una trayectoria descendente hasta hace poco. Al igual que muchos funcionarios electos de esta zona conservadora, dijo que pensaba que las leyes de mano dura contra la delincuencia podrían mejorar la seguridad.
Goshen se fundó en la década de 1870 como parte de la expansión del ferrocarril Central Pacific. Cuando se construyó un ramal de Goshen a Visalia en 1874, la gente tenía grandes esperanzas de que conduciría a la prosperidad de la ciudad, pero el auge nunca llegó.
Las zonas residenciales de la comunidad están escondidas entre las paradas de camiones y la industria ligera que floreció a lo largo de la autopista 99. La noche se rompe con el retumbar de los grandes camiones. Un documento de planificación del condado de Tulare de 2018 designa a la comunidad como “desfavorecida.”
“Aquí hay mucha droga”, dijo María Hernández, mientras se dirigía a la tienda con su andador. “Es un desastre”, añadió la mujer de 71 años. Es un desastre”.
Hernández trabajó una vez en los campos cercanos y lleva años en la zona. Dice que vive según un credo, que muchos en barrios similares siguen: “No nos metemos para nada”.
La comunidad encuentra su fuerza en su solidaridad, con generaciones de familias viviendo allí.
“La gente piensa que Goshen está lleno de drogadictos, gángsters, ya sabes, el norte y el sur”, dice Federico Peña.
“Eso es otra cosa. Eso es diferente”, dijo Federico Peña sobre los asesinatos. “Cosas así no pasan por aquí”.
Se refería a que la ciudad se encuentra en la imprecisa zona fronteriza entre organizaciones criminales, entre las que destacan las clicas callejeras Norteño, bajo el dominio de la banda carcelaria Nuestra Familia, y Sureños, bajo la Mafia Mexicana.
Pero Peña afirma que la violencia no domina la vida aquí.
“No se ve todo el tiempo”, afirma. “Sí se ve de vez en cuando, pero eso pasa en todas partes”.
Peña cuenta que su familia llegó a la zona en los años 50 para trabajar en el campo. Compró su casa en los años 70, y muchos de sus hermanos y hermanas vivían en la zona.
La historia fue similar para la familia que sufrió el ataque. La familia Parraz llegó en la década de 1940 procedente de Nuevo México, cuenta Ernesto Parraz. Llegaron a California con una “pala” -una pala- para trabajar la tierra. Sus padres compraron una propiedad en Harvest Avenue, que dividieron y dieron a cuatro hermanos.
Fue una de esas parcelas la que fue atacada el lunes por la mañana. Entre los asesinados estaban Rosa Parraz, de 72 años, Eladio Parraz hijo, de 52, y Marcos Parraz, de 19, junto con la nieta de Rosa, Alissa Parraz, de 16, y su hijo, Nycholas, de 10 meses. También fue asesinada Jennifer Analla, de 50 años, novia de un hombre que sobrevivió al ataque y que no ha sido identificado públicamente.
Mientras la policía rodeaba la casa de sus familiares asesinados, Ernesto Parraz, que está recibiendo tratamiento para el cáncer, se sentó en una silla plegable frente a su propia casa, tratando de tomar el sol después de días de dolor y lluvia. Las aguas pluviales seguían encharcándose en la calle.
El teléfono de Parraz no paraba de sonar. Un familiar que vivía en una de las casas se acercó a verle. Con la policía acordonando la zona, llevaba días sin poder entrar.
Los dos hombres se abrazaron.
“No tiene sentido”, dijo Parraz.
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