¿Necesita ayuda legal para el aborto en California? Ahora hay una línea directa para eso
California se unió a bufetes de abogados y grupos de defensa para crear una línea directa que brinda información y servicios pro bono para personas que necesitan ayuda legal para el aborto.
California se ha unido a bufetes de abogados y grupos de defensa para crear una línea directa que proporcione acceso a información y servicios pro bono para las personas que necesitan ayuda legal relacionada con el aborto, ya que el estado busca convertirse en un refugio seguro para los derechos reproductivos desde que Roe vs. Wade fue revocado.
El Fiscal General del Estado, Rob Bonta, y funcionarios de la Alianza Legal para la Justicia Reproductiva del Sur de California hicieron el anuncio el martes, un año después de que se filtrara el borrador de la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. que revocaba Roe.
“Las implacables prohibiciones del aborto y sus devastadoras consecuencias para la salud están movilizando a defensores, proveedores y bufetes de abogados”
— Lara Stemple, directora de la Alianza Legal para la Justicia Reproductiva.
Calificándolo de “oscuro aniversario”, Bonta dijo que en el año transcurrido el panorama jurídico nacional en torno al aborto se ha vuelto “confuso y, francamente, aterrador”.
Dijo que la nueva coalición pretende tranquilizar a los pacientes y a los proveedores de atención proporcionando una amplia gama de servicios jurídicos a las personas en lugares donde el aborto está restringido, incluida la representación pro bono para cualquier persona que se enfrente a sanciones civiles o penales por buscar, proporcionar o ayudar en la atención reproductiva.
“No están solos. Estamos aquí. Tenemos apoyo. Tenemos recursos. Tenemos orientación, tenemos asesoramiento para ustedes”, dijo Bonta en una conferencia de prensa.
Las personas y entidades que tengan preguntas legales o necesiten otro tipo de asistencia jurídica relacionada con la atención reproductiva pueden llamar a la línea directa de la Alianza Legal para la Justicia Reproductiva del Sur de California al (310) 206-4466.
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Además, expertos jurídicos ofrecerán orientación sobre el cumplimiento de las restricciones cambiantes en varios estados, consejos sobre la protección de datos sanitarios confidenciales y apoyo para la presentación de amicus curiae para promover los derechos reproductivos.
“Las implacables prohibiciones del aborto y sus devastadoras consecuencias para la salud están movilizando a defensores, proveedores y bufetes de abogados”, afirma Lara Stemple, directora de la Alianza Legal para la Justicia Reproductiva.
Las amenazas de penas de cárcel, multas o prolongadas batallas legales ya han provocado que los proveedores nieguen cuidados críticos y han obligado a las pacientes a recurrir a medidas inseguras, según las autoridades.
Las marchas del sábado en todo el país fueron avivadas por los sucesos de un día antes, cuando la Corte Suprema intervino para retrasar los cambios a las reglas que habrían limitado la forma en que el medicamento abortivo mifepristona puede usarse y distribuirse.
El estado y la alianza legal contarán con el apoyo de grupos como Planned Parenthood, Access Reproductive Justice, el National Women’s Law Center y el UCLA Law Center on Reproductive Health, Law, and Policy.
La coalición de California se alineará con la Red de Defensa del Aborto, una organización nacional sin ánimo de lucro que proporciona asesoramiento, representación y financiación similares para ayudar a pagar los gastos legales relacionados con la atención del aborto, dijo Stemple.
“Así que la red es amplia y está creciendo”, dijo. “Confío en que seríamos capaces de poner en contacto a cualquier proveedor de abortos en cualquier lugar de Estados Unidos con abogados dispuestos a ayudar”.
El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo anuló Roe contra Wade, la sentencia de 1973 que había establecido el derecho constitucional al aborto. La sentencia ha provocado la prohibición del aborto en casi la mitad de los estados.
En previsión de la decisión, California y otros estados liderados por demócratas han tomado medidas para proteger el acceso al aborto. La decisión del Tribunal Supremo también abre la posibilidad de que se produzcan disputas legales entre los estados sobre si se puede demandar o procesar a los proveedores y a quienes ayudan a las mujeres a abortar.
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