Los guatemaltecos, hastiados, eligen presidente el domingo. ¿Tendrán que volver a votar por el ‘menos malo’?
El reloj marca las 11:50 a.m. y Luis Bian saluda a los peatones con una gran sonrisa que desmiente su difícil situación financiera personal y su ansiedad por las inminentes elecciones presidenciales de Guatemala.
Con una cámara colgada en el cuello, Bian invita a los clientes a fotografiarse frente a la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala en esta capital centroamericana. Antes de que llegara el COVID, vendía hasta 40 fotos al día por 15 o 20 quetzales cada una, aproximadamente $2.50. Ahora, a este hombre de 60 años, si le va bien, vende 10 fotos. Está luchando por sobrevivir, a veces pasa un día entero sin comer.
Cuando se le preguntó por quién planea emitir su voto en la contienda presidencial del domingo, que también determinará 160 asientos en el Congreso de Guatemala, 20 curules del Parlamento Centroamericano y 340 puestos de alcalde, Bian responde con un estribillo común entre los votantes aquí: quien sea que gane no hará mucha diferencia en resolver los problemas crónicos de la nación.
“Es la cantaleta de siempre”, dice de los políticos, en tono de serena resignación. “Ellos necesitan un poco más de conciencia y humildad. Puedes ver que compiten más que nada por el poder. Estamos muy lejos de que alguien quiera o pueda sacarnos de esta crisis”.
“La pregunta es ¿cuál será el punto de quiebre de la situación actual?”
— Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala
A medida que se acerca el día de la votación en Guatemala, los principales candidatos han intensificado sus ataques verbales entre sí y las principales calles de la capital están repletas de afiches de campaña de los 22 candidatos presidenciales. Pero muchos de los 9.3 millones de votantes empadronados de Guatemala todavía parecen no estar seguros de por quién votarán.
Entre ellos se encuentran algunos de los 89,554 inmigrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que podrán votar por la presidencia por segunda vez desde que los expatriados recibieron el aval en 2019 (aunque algunos han denunciado que el proceso de votación se vio empañado por la incompetencia y el favoritismo político). Su incertidumbre se debe en parte a la gran cantidad de aspirantes. Además, algunos votantes se niegan a apoyar a cualquier candidato de uno de los partidos políticos tradicionales o con vínculos con el actual presidente Alejandro Giammattei, quien se ha visto ensombrecido por acusaciones de corrupción y de socavar la libertad de expresión y la independencia judicial.
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“Necesitamos ver una ciudadanía activa, para que no se permita que siga el deterioro democrático, sino que quien llegue [al poder] se comprometa a restaurar los valores democráticos que han estado bastante erosionados en los últimos años”, dijo Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que aboga por los derechos humanos en la región. “Estamos ante una deriva autoritaria”.
Dentro del amplio campo de candidatos presidenciales, ha surgido un puñado de candidatos a la cabeza. Dos encuestas mostraron al candidato derechista Carlos Pineda en el primer lugar, pero la Corte de Constitucionalidad excluyó a Pineda de la carrera el 26 de mayo por presuntas violaciones a la ley electoral.
La principal candidata ahora parece ser la ex Primera Dama, Sandra Torres, seguida del diplomático y abogado Edmond Mulet y Zury Ríos, candidata derechista hija del general Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de prisión por masacres en los pueblos ixiles que mataron a más de 1,770 personas durante la ruinosa y genocida guerra civil de Guatemala de 1960-1996.
Anita Isaacs, politóloga de Haverford College, dijo que el establecimiento político de Guatemala ha estado apostando por la candidatura de Ríos a quien consideran un factor clave, porque desde 2015 la clase política dominante de Guatemala ha estado “reconstruyendo el estado corrupto y antidemocrático” después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, encarcelara al expresidente Otto Pérez Molina por corrupción. La CICIG fue clausurada en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien afirmó que la comisión había impedido la soberanía de la nación. Los críticos vieron el cierre de la CICIG como un duro golpe al Estado de derecho y a la lucha contra la corrupción.
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Pineda fue el tercer candidato en ser bloqueado de la carrera presidencial. Roberto Arzú, del partido derechista Podemos, y Thelma Cabrera, candidata del izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), también fueron excluidos por los tribunales. Los tres están instando a un voto nulo en la boleta presidencial, un llamado que está resonando entre algunos votantes que tienen la intención de emitir su voto solo para el Congreso y otros puestos.
“Solo voy a votar por diputados, ahí es donde realmente está la toma la decisiones”, dijo el vendedor ambulante Juan Rodas, de 44 años, mientras ofrecía a los clientes pulseras y collares de piedras de jaspe, obsidiana y jade frente al Palacio Nacional.
“Independientemente de quién quede, miro al país de la misma manera”, continuó. “Las facturas de agua y luz llegan a tiempo, tengo que seguir trabajando. En mi vida no veo un cambio”.
A pesar de la pandemia, la economía guatemalteca se ha mantenido estable, afirman autoridades y expertos. Según el Ministerio de Economía, en 2021 el PIB creció 8%, su mejor desempeño en 40 años. Hugo Maul, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que la inflación ha comenzado a bajar, mientras que el déficit fiscal y la deuda pública están relativamente controladas.
Sin embargo, dijo, gran parte del empleo de Guatemala todavía se concentra en la economía informal, en lugar de en empleos relativamente estables y bien remunerados, y el país depende en gran medida de las remesas enviadas por guatemaltecos que trabajan en países extranjeros. La última estimación oficial, en 2014, mostró que el 55.4% de los guatemaltecos viven por debajo de la línea de pobreza. En áreas como el occidente de Guatemala, donde las plantaciones de coco, maíz y guineos se extienden a lo largo de la carretera, muchas personas a duras penas sobreviven.
Entre ellos se encuentra don Augusto Maldonado, de 72 años, expeón ganadero y agrícola que vive en la aldea La Soledad, en el departamento de Suchitepéquez, junto a su esposa, Ubalda Castellanos, de 68 años.
“Solo gracias al Creador del cielo es que comemos unas tortillas con mi esposa”, dijo Maldonado, un hombre canoso, de mediana estatura y tez morena. Su casa, cubierta con viejas láminas galvanizadas, no tiene electricidad porque no puede pagarla.
“Este gobierno ha defraudado a la gente”, dijo Maldonado, quien gana unos quetzales vendiendo leña e iguanas, así como hamacas y atarrayas (red redonda utilizada para pescar) que él teje. “En las fincas quitaron a la gente mayor, y solo quieren que trabajen los patojos”, dijo, usando una expresión para referirse a los jóvenes.
Para el nuevo gobierno, don Agusto solo tiene una petición: “Esperaría que nos ayudaran a nosotros como personas ancianas, porque ya no podemos ganarnos la vida de una ni de otra forma”.
La hija de un dictador guatemalteco condenado por genocidio se postula para presidente, lo que genera dudas sobre la memoria de la nación de una guerra civil brutal.
El deterioro de la seguridad pública de Guatemala también preocupa a los votantes.
“Aquí, día tras día, se ven extorsiones”, dijo Bianka Muñoz, de 30 años, profesora y madre soltera que fue deportada a Guatemala después de que la desesperación la llevó a viajar ilegalmente a Estados Unidos en 2021. Ella cree que Guatemala necesita medidas legales más duras para hacer frente a las poderosas bandas criminales multinacionales, pero Muñoz no ha decidido a quién respaldar para presidente.
“A veces los ciudadanos elegimos al menos peor, y es él quien termina dañando a Guatemala”, dijo. “Ahí está el ejemplo del actual presidente”.
Algunos candidatos presidenciales, como Amílcar Rivera y Zury Ríos, simpatizan con la represión generalizada de los presuntos delincuentes, como la implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha sido duramente criticada por grupos de derechos humanos por considerar que es indiscriminadamente amplia y no cumple con el debido proceso.
“De nada nos sirve capturar a 10,000 personas si tenemos a 500 inocentes, sería un daño irreversible e irreparable”, dijo Stu Velasco, criminólogo y exsubdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).
Algunos analistas dicen que la oposición a los partidos del establecimiento político de Guatemala enfrenta innumerables obstáculos para llegar al poder, incluidas fisuras internas dentro de los partidos de izquierda que les dificultarán forjar una alianza que pueda gobernar el país.
“La izquierda en el país tiene una visión de la Guerra Fría y, por lo tanto, una visión muy individualista y dispersa”, dijo Renzo Rosal, politólogo y académico de la Universidad Rafael Landívar, en Ciudad de Guatemala.
En las elecciones presidenciales guatemaltecas del 25 de junio, los inmigrantes en Estados Unidos podrán elegir de nuevo quién será el próximo jefe de Estado de su nación de origen.
Los analistas también dicen que incluso si un candidato ajeno a los partidos tradicionales ganara la presidencia, ella o él se vería obligado a negociar con un Congreso que está plagado de corrupción. Las elecciones presidenciales requieren que el ganador obtenga más del 50% de los votos, de lo contrario, los dos candidatos con más votos se enfrentarán en una segunda vuelta el 20 de agosto.
“Me temo que quien resulte electo únicamente va a consolidar lo que ya se construyó”, dijo Juan Francisco Sandoval, abogado y exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Sandoval es uno de los más de 50 fiscales, magistrados, jueces y periodistas que han tenido que salir de Guatemala en los últimos años por temor a la persecución.
“La pregunta es”, dijo Sandoval, “¿cuál será el punto de quiebre de la situación actual?”.
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