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Trump y GOP demandan a California por la ley que exige publicar su declaración de impuestos

Donald Trump
El presidente Trump habla sobre los tiroteos masivos en El Paso y Dayton, Ohio, en la Casa Blanca el lunes.
(Associated Press)
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La primera ley de California en la nación que exige que los candidatos en las primarias presidenciales publiquen sus declaraciones de impuestos o que no se incluyan en la boleta electoral fue impugnada el martes en un tribunal federal por el presidente Trump, el hombre que inspiró su aprobación y cuyos abogados argumentaron que los líderes demócratas estatales habían extralimitado su autoridad constitucional.

La demanda, presentada en Sacramento, se produjo exactamente una semana después de que el gobernador Gavin Newsom firmara la legislación. Otros dos desafíos legales precedieron al de Trump y su campaña de reelección de 2020, todas esas denuncias han tocado un tema similar al insistir en que California no puede imponer límites al acceso a la boleta electoral para los aspirantes a la presidencia.

El presidente Trump, y cualquier aspirante a la Casa Blanca que no esté dispuesto a revelar sus declaraciones de impuestos, no será elegible para la boleta de California 2020 bajo una ley firmada por el gobernador Gavin Newsom.

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“La cuestión de si el presidente debe emitir sus declaraciones de impuestos federales fue objeto de litigio en las elecciones de 2016 y el pueblo estadounidense habló”, dijo Jay Sekulow, abogado de Trump, en una declaración escrita. “El esfuerzo por negar a los votantes de California la oportunidad de votar por el presidente Trump en 2020 claramente fracasará”.

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El primer mandatario se ha negado firmemente a ofrecer al público un vistazo de sus declaraciones anuales de impuestos ante el IRS, insistiendo con frecuencia, sin ninguna prueba, en que no puede hacerlo mientras las declaraciones fueron objeto de una auditoría del IRS. La mayoría de los demócratas que ahora compiten por la nominación de su partido para desafiar a Trump el próximo otoño ya han publicado algunas de sus declaraciones de impuestos, aunque no todos han cumplido con el estándar de California de producir información por cinco años.

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El proyecto de ley 27 del Senado, que fue aprobado por la Legislatura de California en una votación del mes pasado, entró en vigencia tan pronto como Newsom lo firmó. Impone la regla de divulgación de impuestos a los candidatos presidenciales y gubernativos, y estipula que sólo los nombres de los candidatos que cumplan con ello se imprimirán en la boleta primaria de todo el estado. Debido a que California ha cambiado sus primarias presidenciales para principios de marzo, la fecha límite para presentar los documentos fiscales es a fines de noviembre.

La presentación judicial de 15 páginas alega cinco cargos de acción ilegal por parte de funcionarios de California al promulgar la ley de declaraciones de impuestos. Los abogados de Trump sostienen que un estado sólo puede emitir “regulaciones de procedimiento” que rigen su elección para presidente. Incluso si el estado tuviera un papel, escribieron los abogados, la ley de California “no sirve a un interés estatal convincente y, en cualquier caso, no se ajusta estrechamente a ese interés”.

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Newsom, quien proporcionó acceso a sus declaraciones de impuestos en las elecciones de 2018 y ha criticado rutinariamente al presidente republicano por no haber hecho lo mismo, dijo el martes que una demanda era innecesaria.

“Hay una solución fácil, señor presidente: publique sus declaraciones de impuestos como prometió durante la campaña y siga el precedente de cada presidente desde 1973”, dijo Newsom en Twitter. La afirmación del gobernador pasa por alto que el presidente Ford se negó a publicar sus declaraciones de impuestos en 1976, aunque todos los demás presidentes lo hicieron, hasta que llegó Trump.

Se esperaba que los funcionarios del Partido Republicano se unieran rápidamente a Trump en la confrontación legal. Otras dos demandas han impugnado la ley de California por motivos similares. Una fue presentada el lunes en nombre de un puñado de votantes estatales del grupo conservador Judicial Watch. La primera fue interpuesta la semana pasada por Roque “Rocky” De La Fuente, un empresario de California que ha realizado varias campañas de bajo perfil para presidente.

Los expertos en derecho tienen opiniones encontradas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 27 del Senado. Algunos sugirieron que debido a que las legislaturas estatales tienen un amplio margen en la Constitución de EE.UU al elegir electores presidenciales, la ley podría verse como una extensión lógica de ese poder. Otros, sin embargo, dijeron que la ley podría ser rechazada por los mismos motivos que los esfuerzos anteriores en otros estados para vincular el acceso a la boleta electoral de un titular del Congreso con la cantidad de términos que la persona ya había servido en la Cámara. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tales restricciones en un fallo de 1995.

La acción sobre el desafío legal de Trump podría ser rápida, cuando se compara con otros casos complejos presentados en los tribunales federales.

“No sería sorprendente que un caso así atraviese el Noveno Circuito y llegue a la Corte Suprema en cuestión de meses”, escribió Richard L. Hasen, profesor de derecho electoral de UC Irvine, la semana pasada.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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