La administración Trump trata de poner fin a los límites de detención de mujeres y niños migrantes
La administración Trump está haciendo maniobras legales para poner fin a un acuerdo de larga data de la corte federal que limita el tiempo que los niños inmigrantes pueden permanecer detenidos, una decisión que casi con toda seguridad conducirá a una nueva batalla en la corte sobre la capacidad del gobierno para retener a las familias migrantes hasta que se decidan sus casos.
Terminar el llamado acuerdo Flores es una prioridad para la administración Trump, el cual exige que el gobierno mantenga a los niños en un entorno menos restrictivo y que los libere lo antes posible, generalmente después de 20 días de detención. Los funcionarios de Seguridad Nacional dicen que ya están adoptando regulaciones que cumplen con el acuerdo y que ya no hay necesidad de que la corte se involucre.
Un tribunal federal de apelaciones suspendió el viernes el efecto a nivel nacional de una orden que bloqueaba una regla de la administración Trump que prohibiría el asilo a la mayoría de los inmigrantes en la frontera sur.
La medida es el último esfuerzo de la administración para restringir la inmigración, y tiene por objeto restringir el movimiento de los solicitantes de asilo en el país y disuadir a más migrantes de cruzar la frontera. El tema sin duda generará una ola de indignación por toda la nación a raíz de los informes de condiciones extremas en los centros de detención, y es cuestionable que los tribunales permitan que la administración siga adelante con esa política.
Peter Schey, abogado de los niños inmigrantes en el caso Flores y presidente del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, dijo que si las regulaciones no coinciden con el acuerdo, “estarían en violación material inmediata y en desacato a la corte”.
“Creo que todas estas cosas son ahora parte de la campaña 2020”, dijo Schey.
Un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones expresó escepticismo hacia una orden judicial dictada el año pasado por un juez con sede en San Francisco que impedía que la administración levantara las protecciones.
Los funcionarios dijeron que están creando un conjunto de normas más estrictas para administrar los centros de detención familiar, que serán auditados regularmente y que las auditorías se harán públicas. Pero las reglas permitirían al gobierno mantener a las familias detenidas hasta que se completen sus casos de inmigración, que podrían durar mucho más de 20 días.
Los funcionarios hablaron con los reporteros bajo la condición de permanecer en el anonimato para discutir las normas que no se habían hecho públicas.
Se esperaba que el reglamento se publicara formalmente el viernes y entrara en vigor en 60 días, a falta de impugnaciones legales.
Los niños detenidos en la frontera deben disponer de alimentos adecuados, ropa de cama, jabón y cepillos de dientes.
Esta maniobra sigue los mismos pasos de la semana pasada para ampliar la definición de “carga pública” que potencialmente negaría las tarjetas de residencia a inmigrantes legales. También se ha hecho recientemente un esfuerzo para poner fin al asilo en la frontera.
El juez de distrito que supervisa el acuerdo ya ha rechazado las solicitudes del gobierno para aumentar el tiempo que los niños pueden ser detenidos, y los defensores de los derechos de los inmigrantes se han movilizado para bloquear las regulaciones cuando se anunció la regla propuesta en septiembre pasado.
Los padres y los niños que llegan al país frecuentemente son liberados en EE.UU mientras que sus solicitudes de asilo se abren camino a través de los tribunales - una práctica de la que Trump se ha burlado como “atrapar y liberar”.
El Departamento de Seguridad Nacional no dijo cuánto tiempo espera que se mantenga retenidas a las familias. Los casos de asilo que involucran a familias detenidas se mueven mucho más rápido que los casos de las liberadas, tomando meses en vez de años para resolverse, en parte porque no hay ninguna de las demoras que resultan cuando los inmigrantes liberados en el país no se presentan a una audiencia.
El gobierno opera tres centros de detención familiar que pueden albergar a un total de unas 3.000 personas, aunque uno está siendo utilizado para adultos solteros, y los otros dos se encuentran a su máxima capacidad. Los funcionarios esperan no necesitar espacio adicional de dormitorios porque las reglas servirían como un elemento disuasivo.
La afluencia masiva de familias centroamericanas a la frontera México-Estados Unidos ha puesto en crisis al sistema, aunque se espera que los acuerdos con México para tomar medidas drásticas contra los migrantes que se dirigen hacia el norte y un nuevo acuerdo con Guatemala que obliga a los migrantes a solicitar asilo allí, reduzcan el flujo.
Los funcionarios de la administración Trump también han obligado a más de 30.000 personas a esperar en México a que sus casos de asilo avancen. No está claro cómo afectaría este cambio a esa política.
Los abogados en el caso Flores recientemente hablaron sobre las condiciones deplorables y sucias en que se encuentran detenidos los niños en instalaciones fronterizas.
Y un reciente informe de un monitor independiente que supervisa los reclamos de que el gobierno no cumple con las reglas de Flores detalló el hacinamiento extremo y las malas condiciones en las que se encontraban los jóvenes inmigrantes detenidos.
Por ejemplo, una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, un suburbio de El Paso, tenía capacidad para 105 menores, pero el 1 de junio había 676. Los abogados que visitaron esa instalación en junio describieron condiciones miserables. Los niños cuidaban de niños pequeños, dijeron los abogados, y agregaron que no tenían alimentos, agua y condiciones de higiene adecuadas.
En un centro de detención en McAllen, Texas, había casi 1.800 menores cuando la capacidad total tanto para niños y adultos era de 1.500.
Un panel de apelaciones federales determinó la semana pasada que los niños detenidos deben obtener alimentos nutritivos, agua limpia, jabón y pasta de dientes en virtud del acuerdo, después de un intento de la administración Trump de limitar lo que se les debe proporcionar.
El acuerdo de Flores entró en vigor en 1997, pero se aplica principalmente a los niños que llegan solos al país. En 2015, la jueza Dolly Ghee, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dictaminó que los requisitos del acuerdo eran aplicables a los menores que cruzaban la frontera con sus familias, después de que la administración Obama tratara de detenerlos juntos hasta que sus casos fueran completados.
Parte del problema era que no se podía mantener a los niños en instalaciones que no tuvieran licencia, y ningún estado otorgaba licencias a los centros de detención familiar. Los funcionarios de Seguridad Nacional dicen que al adoptar los estándares de educación, alimentación saludable y limpieza utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que detiene a los inmigrantes adultos, están satisfaciendo los requisitos.
El acuerdo volvió a surgir en la primavera de 2018, cuando la administración Trump adoptó la política de enjuiciar a todo aquel que fuera sorprendido cruzando ilegalmente. Como resultado, más de 2.900 niños fueron separados de sus padres.
Trump finalmente retrocedió y detuvo la separación de las familias. Un juez federal ordenó la reunificación de padres e hijos; el gobierno asegura que lo ha hecho en tantos casos como ha podido.
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