Las dramáticas redadas del FBI en el Ayuntamiento de L.A y el escándalo del DWP
Las dramáticas redadas del FBI en el Departamento de Agua y Energía y en el Ayuntamiento de Los Ángeles el lunes están ligadas a un añejo problema en la facturación del DWP que parece que nunca va a desaparecer.
La atención está centrada en los litigios derivados de la resolución por parte de la ciudad de una demanda colectiva presentada por facturas inexactas del DWP que resultaron en el lanzamiento de un nuevo sistema de facturación a principios de esta década. El FBI emitió órdenes de registro en varios lugares relacionados con el caso.
Los estadounidenses de clase media son los más afectados por el aumento de los deducibles de los seguros de salud y las facturas médicas. Eso ha ayudado a ampliar la división política del país.
Esto es lo que sabemos:
¿De qué se trata el caso de sobrefacturación?
Después de que el DWP se mudó a un nuevo sistema de facturación en 2013, cientos de miles de clientes del DWP recibieron facturas inexactas, algunas de ellas muy infladas.
El testimonio del ex consejero especial Robert S. Mueller III ante el Congreso esta semana, puede que no arroje nuevas bombas sobre la ya concluida investigación de Rusia. Pero podría estimular a una nueva ola de demócratas a presionar para que se inicien procedimientos de impugnación contra el presidente.
Los clientes indignados entablaron una demanda, que culminó en un acuerdo legal de 67 millones de dólares entre la empresa de servicios públicos y sus pagadores de tarifas. Por otra parte, la ciudad demandó a PricewaterhouseCoopers, la firma consultora global que había supervisado el lanzamiento del nuevo software de facturación.
¿Qué buscaban los agentes?
Un extracto de una orden de registro federal revisada por The Times muestra que los investigadores buscaban información sobre contratos DWP - adjudicados o propuestos - con compañías afiliadas al abogado neoyorquino Paul Paradis, quien trabajaba para la Oficina Legal de la ciudad que encabeza Mike Feuer.
Paradis fue contratado por Feuer para ayudar al equipo legal de la ciudad a demandar a PricewaterhouseCoopers a raíz del problema de la facturación. Las empresas mencionadas en la orden de registro, que se presentó la semana pasada, son Paradis Law Group, Aventador y Ardent.
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La orden de registro nombró varios lugares que debían ser registrados, incluyendo las oficinas del gerente general David Wright, y los cinco miembros de la Junta de Comisionados del departamento, todos nombrados por el Alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti.
Los investigadores buscaron evidencia de una amplia gama de posibles delitos, incluyendo sobornos, extorsión, fraude postal y lavado de dinero, según la orden judicial.
Los abogados de Paradis no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. Un abogado de PricewaterhouseCoopers dijo que todavía estaba revisando los eventos del lunes y se negó a dar opinión.
Agentes federales también registraron la oficina del abogado Paul Kiesel en Beverly Hills, dijo un representante del FBI. Kiesel, junto con Paradis, fue contratado por la oficina de Feuer para trabajar en la demanda de la ciudad contra PricewaterhouseCoopers por facturas incorrectas de servicios públicos.
Kiesel confirmó en una entrevista el lunes que su oficina fue registrada. “Con mucho gusto proporcioné acceso a toda la información que se me pidió”, dijo.
¿Qué alega PricewaterhouseCoopers?
Los abogados que defienden a PricewaterhouseCoopers contra la demanda de la ciudad dijeron que habían descubierto un acuerdo en el Ayuntamiento que constituía un conflicto de intereses: Según el testimonio, Paradis, quien formaba parte del equipo legal de la ciudad que estaba demandando al consultor, había representado una vez al cliente del DWP cuya demanda colectiva dio como resultado el pago de 67 millones de dólares por parte de la empresa de servicios públicos.
Paradis también consiguió lucrativos contratos sin licitación del Departamento de Agua y Energía para ayudar a la ciudad a cumplir con los términos del acuerdo de la demanda colectiva. La empresa de servicios públicos aprobó finalmente más de 36 millones de dólares en contratos con empresas relacionadas con Paradis, en parte para abordar los problemas derivados de la sobrefacturación.
Paradis, a través de su abogado, ha negado previamente haber hecho algo malo. Durante una declaración en la demanda de PricewaterhouseCoopers, invocó su derecho de la 5ª Enmienda contra la autoincriminación en respuesta a casi todas las preguntas.
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