Juez bloquea la regla del seguro de salud de Trump para inmigrantes
El Juez de Distrito de EE.UU, Michael Simon, otorgó una orden judicial preliminar que impidió que la regla entrara en vigor el domingo. No está claro cuándo fallará sobre los méritos del caso.
Siete ciudadanos estadounidenses y una organización sin fines de lucro presentaron el miércoles la demanda federal, alegando que la regla bloquearía a casi dos tercios de todos los posibles inmigrantes legales.
La demanda también dijo que la regla reduciría o eliminaría en gran medida el número de inmigrantes que entran a Estados Unidos con visas patrocinadas por la familia.
Trump firma un decreto que exige que ciertos solicitantes de visa demuestren que pueden pagar servicios médicos antes de que se les permita ingresar a EE.UU.
“Estamos muy agradecidos de que el tribunal haya reconocido la necesidad de bloquear inmediatamente la prohibición del cuidado de la salud”, dijo la litigante principal del Centro de Acción de Justicia, Esther Sung, quien argumentó en la audiencia del sábado en nombre de los demandantes. “La prohibición separaría a las familias y eliminaría dos tercios de la inmigración basada en la tarjeta verde a partir de la noche del domingo, si ésta no se hubiera detenido”.
La proclamación firmada por el presidente Donald Trump a principios de octubre se aplica a las personas que buscan visas de inmigrante del extranjero, no a las que ya están en Estados Unidos. No afecta a los residentes permanentes legales. No se aplica a los solicitantes de asilo, refugiados o niños.
Es el intento más reciente por parte del gobierno federal para limitar el acceso de migrantes a...
La proclamación dice que se prohibirá la entrada al país a los inmigrantes a menos que estén cubiertos por un seguro médico dentro de los 30 días siguientes a su entrada o que tengan suficientes recursos financieros para pagar cualquier costo médico.
La regla es el último esfuerzo de la administración Trump para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas públicos, al tiempo que se trata de alejar al país de un sistema de inmigración basado en la familia hacia un sistema basado en el mérito.
La Casa Blanca dijo en una declaración en el momento en que se emitió la proclamación que demasiados no ciudadanos estaban aprovechando los “generosos programas de salud pública” del país, y manifestó que los inmigrantes contribuyen al problema de los “costos no compensados de la atención de la salud”.
A los inmigrantes que dependen de la asistencia social para comida, vivienda y atención médica se les podrían negar las tarjetas verdes (de residencia), según las nuevas normas presentadas por la administración Trump, el 22 de septiembre, que de hecho limitarían la “migración en cadena” de las familias, tal como lo llama el presidente.
Bajo la regla de la visa del gobierno, el seguro requerido puede ser comprado individualmente o proporcionado por un empleador y con opción de cobertura a corto plazo o catastrófico.
Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si usa los subsidios de la Affordable Care Act al comprar un seguro. El gobierno federal paga por esos subsidios.
Según el Instituto de Políticas Migratorias, un grupo de expertos no partidistas en inmigración, el 57% de los inmigrantes estadounidenses tenían seguro médico privado en 2017, en comparación con el 69% de los nacidos en Estados Unidos, y el 30% tenía cobertura de seguro médico público, en comparación con el 36% de los nacidos en el país.
La tasa de no asegurados para los inmigrantes se redujo del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde la implementación de la Ley de Atención Asequible, de acuerdo con la Política de Migración.
Hay cerca de 1.1 millones de personas que obtienen la tarjeta verde cada año.
“Miles de personas en todo el país pueden dar un suspiro de alivio hoy porque la corte reconoció el daño urgente e irreparable que se habría infligido”, dijo Jesse Bless, director de litigios federales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
A principios de este año, la administración hizo cambios radicales en las regulaciones que negarían la tarjeta verde a los inmigrantes que usan algunas formas de asistencia pública, pero los tribunales han bloqueado esa medida.
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