El sistema de asilo de los Estados Unidos a menudo se cita como parte de un noble legado ligado al mensaje de la Estatua de la Libertad, ofreciendo libertad a las “masas congregadas”.
Pero la verdad es mucho más complicada y decididamente menos noble.
A lo largo de sus 40 años de historia, el sistema de asilo de los Estados Unidos nunca ha ofrecido refugio de manera uniforme o con el espíritu pleno que respalda su creación.
Como ha informado el San Diego Union-Tribune en el último año en una investigación a fondo, las disparidades, el capricho y la parcialidad plagan el sistema, sometiendo a los solicitantes de asilo a esperas insoportables y dificultando la predicción del resultado de los casos más fuertes.
Esas deficiencias, unidas a las políticas destinadas a disuadir a la gente de venir, han hecho que muchas personas que huyen de las atrocidades del mundo sean devueltas al peligro. Algunos son devueltos para morir.
Si bien los problemas son de larga data, se han intensificado bajo el gobierno de Trump, que se definió en gran medida por las políticas de disuasión extrema que, en última instancia, han eliminado toda posibilidad significativa de asilo.
La administración entrante de Biden ha indicado que deshará muchos de los programas ampliamente criticados creados bajo el Presidente Donald Trump, incluyendo el programa Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son procesados en los Estados Unidos.
No obstante, sigue sin estar claro si el presidente 46 de Estados Unidos podrá aprovechar el momento para romper con el pasado de este país de una manera profunda.
Para hacerlo, será necesario reexaminar cuestiones más existenciales sobre las obligaciones globales del país de proteger a los refugiados, así como replantear muchos de los procesos que conforman el sistema de asilo hoy en día.
Un legado de resistencia
La decisión de proteger o no a las personas que huyen de un peligro solía tomarse de crisis en crisis, y según los caprichos de los funcionarios electos.
La conceptualización moderna de los refugiados y el asilo nació después del Holocausto.
Incluso entonces, los Estados Unidos se resistieron a proporcionar refugio.
Después de que se conocieran ampliamente las atrocidades de los nazis, el entonces presidente Harry Truman aún tuvo dificultades para convencer al Congreso y al público estadounidense de que los Estados Unidos debían acoger a los refugiados judíos, según Edna Friedberg, historiadora del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos.
Fue hasta 1968 que los Estados Unidos firmaron un acuerdo de las Naciones Unidas sobre su papel en la identificación y protección de los refugiados como parte de un compromiso global colectivo.
Pasarían 12 años antes de que el país codificara esta obligación en una ley. Esa legislación creó el sistema de asilo, un proceso de selección para identificar a los refugiados entre los migrantes en y dentro de las propias fronteras de los Estados Unidos.
También se esbozaba la forma en que los Estados Unidos, a través del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos, reasentarían a los refugiados que se identificaran en los sistemas de selección de otros países, como los que huían de la violencia en Vietnam, Camboya y Laos y esperaban en los campamentos de refugiados.
Para equilibrar estas obligaciones con los deseos de los países de controlar sus fronteras, la definición internacional de refugiado es específica y restringida.
“Los Estados renuncian a un cierto grado de soberanía sobre sus fronteras a fin de colocarse en la obligación de proteger a las personas vulnerables, pero la obligación se mantiene lo más estrecha posible”, dijo Larry Gollub, un oficial de asilo jubilado.
Los refugiados son personas que han huido de sus países debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social como la comunidad LGBTQ+.
Pero hay muchas personas que huyen de los daños o las dificultades cuyas experiencias de vida no se ajustan a esta definición. También hay mucho espacio para la interpretación y la agenda política, creando un sistema incoherente y poco sistemático.
Cómo mejorar el sistema
Es posible hacer que el sistema de asilo cumpla sus obligaciones de una manera más humanitaria y eficiente mediante una amplia variedad de cambios.
Algunos podrían lograrse a discreción del presidente; otros requerirían una ley del Congreso, y probablemente un apoyo bipartidista.
Si bien algunos de los cambios requerirían más financiación para un organismo o proceso determinado, también hay oportunidades de desviar la financiación de las políticas que no ayudan al sistema a funcionar tan bien o justamente como podría.
“No forzosamente se trata de necesitar más dinero invertido, sino de voluntad política”, dijo Michelle Brané, directora del programa de derechos y justicia del migrante en la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Piensas en las cosas que hemos hecho como nación en términos de respuesta a los desafíos, y esto es muy poco en comparación”.
Los cambios, tanto grandes como pequeños, han sido discutidos extensamente por expertos en leyes de asilo y derechos humanos, abogados, jueces, antiguos y actuales funcionarios del gobierno, y personas que han navegado por el sistema como refugiados.
He aquí sus sugerencias.
MOVER LA CORTE DE INMIGRACIÓN A LA RAMA JUDICIAL
Los jueces de inmigración no son jueces tradicionales. En su lugar, trabajan bajo la rama ejecutiva del gobierno, bajo la autoridad del presidente. Son empleados por el fiscal general del Departamento de Justicia, la misma agencia fiscal que argumenta contra las apelaciones de los solicitantes de asilo en la corte federal.
Esto presenta, según los críticos, un claro conflicto de intereses.
También significa que la administración presidencial tiene mucho poder para influir en las decisiones del tribunal en función de su agenda política.
Eso fue especialmente evidente bajo la administración Trump cuando los fiscales generales usaron sus poderes para redimir casos y cambiaron fundamentalmente los precedentes de asilo aceptados.
Hicieron mucho más difícil que las mujeres que huían de la violencia doméstica en países que no las protegían de ese abuso obtuvieran protección en los Estados Unidos. También hicieron que los casos de personas que huían de la violencia de las pandillas —que ya era un escenario difícil de probar bajo la ley de asilo de los Estados Unidos— fueran casi imposibles.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y la Asociación Federal de Abogados han abogado durante años para que los tribunales de inmigración se liberen del dominio político del poder ejecutivo y pasen al poder judicial.
“El sistema necesita independencia”, dijo Jeremy McKinney de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. “Es hora de que el Departamento de Justicia y el sistema de tribunales de inmigración se divorcien”.
Mover la corte requeriría una ley del Congreso, pero los esfuerzos pasados en la legislación no han ganado mucho apoyo. El interés de algunos demócratas por abordar el tema parece estar creciendo.
DIVERSIFICAR Y FORMAR A LOS JUECES DE INMIGRACIÓN
La mayoría de los jueces de inmigración trabajaron anteriormente para el Departamento de Seguridad Nacional como abogados opositores que argumentaban contra los solicitantes de asilo en la corte de inmigración.
El Union-Tribune informó en agosto que los jueces de inmigración con este historial de trabajo tenían 1.4 veces más probabilidades de ordenar la deportación de los solicitantes de asilo que los jueces con antecedentes diferentes, según un análisis de los resultados de los tribunales de inmigración desde el año fiscal 2009 hasta el año fiscal 2018.
Los abogados de inmigración han criticado durante mucho tiempo las prácticas de contratación del poder ejecutivo de los jueces de inmigración. Esa preocupación aumentó durante el gobierno de Trump, cuando el Departamento de Justicia promovió a jueces que ordenaron la deportación de altos porcentajes de solicitantes de asilo. Esos jueces ahora deciden las apelaciones de asilo.
En su propuesta de trasladar el tribunal de inmigración a la rama judicial, el Colegio de Abogados Federal pide que se rediseñe el proceso de contratación para limitar la influencia de cualquier administración presidencial e incorporar las sugerencias de las comunidades locales.
Los jueces recién contratados, así como los veteranos, también podrían recibir una formación completa en la ley de asilo para tratar de igualar algunas de las disparidades en sus resultados e inclinarse más hacia una mentalidad que a menudo adoptan los funcionarios de asilo: que las decisiones deben tomarse con mucha precaución.
REDUCIR EL ATRASO DE LA CORTE
El número de casos judiciales de inmigración se ha incrementado en los últimos años a más de 1.2 millones con una espera media de más de dos años, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, o TRAC.
Muchos de esos casos son de solicitantes de asilo.
El atraso contribuye a problemas dentro del sistema de asilo, incluyendo el obligar a los refugiados a esperar en un limbo infernal.
“Es horrible”, dijo la residente de Santee Carmen Kcomt, que obtuvo asilo en 2008 de Perú después de esperar durante cuatro años a través de múltiples rechazos y apelaciones. “Te sientes como si fueras un híbrido, no perteneciendo a ningún sitio. No puedes volver atrás. No puedes quedarte”.
Financiar completamente un esfuerzo para reducir el atraso podría ganar el apoyo bipartidista, incluso de aquellos que toman una perspectiva de disuasión. La reducción de los tiempos de espera desalienta a la gente a usar el sistema de asilo como una forma de evitar la deportación si no están realmente huyendo del daño, según muchos exfuncionarios del gobierno.
Mientras que el gobierno de Trump contrató jueces y aumentó el presupuesto del tribunal a 673 millones de dólares en 2020 de 422 millones de dólares en 2016, muchas funciones del personal de apoyo, como secretarios y traductores, se dejaron de lado, y muchos jueces se retiraron por objeciones a las prácticas del gobierno.
El gobierno de Biden podría eliminar aún más el atraso trabajando con el Congreso para crear programas distintos del sistema de asilo para conceder la residencia permanente a las personas que cumplan ciertos criterios: esencialmente reajustando el sistema.
Esta solución probablemente sería controvertida en el clima político actual, pero no es inaudita; ya se ha hecho antes.
En el decenio de 1990, el sistema de asilo también se empantanó con casos.
En 1997, el Congreso terminó concediendo a ciertos centroamericanos la posibilidad de permanecer en los Estados Unidos sin pasar por el proceso de asilo, un reajuste del sistema para aclarar los casos antiguos y asegurarse de que los nuevos casos presentados pudieran ser procesados con fluidez. Le dio tarjetas de residencia a casi 200 mil personas, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
Charlene D’Cruz, directora del Proyecto Corazón con Abogados para el Buen Gobierno, dijo que el Congreso debería considerar hacer un reajuste similar y comenzar con las personas que fueron puestas en el programa Permanecer en México. Hay más de 65 mil personas con casos pendientes en los tribunales fronterizos del programa, según el TRAC.
El Congreso también podría considerar la posibilidad de crear una forma de conceder la condición de refugiado a los grupos de personas que huyen de una situación particular, como la opresión política en Nicaragua bajo el régimen del Presidente Daniel Ortega o la discriminación y los ataques a que se enfrentan los cameruneses de habla inglesa.
Esta estrategia ya se utiliza en otros países, entre ellos Kenya, donde el Gobierno ha invitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a gestionar el proceso de identificación de los refugiados.
PROPORCIONAR ASISTENCIA JURÍDICA A LOS SOLICITANTES DE ASILO
Dado que la inmigración se considera un asunto civil más que penal, las personas en la corte de inmigración tienen derecho a ser representadas por un abogado si pueden pagarlo, pero no a expensas del gobierno de los Estados Unidos si no pueden.
En 2018, durante el momento más álgido de la protesta pública por la separación de familias en la frontera, los informes de niños pequeños que estaban solos ante los jueces de todo el país asombraron a muchos estadounidenses que no estaban familiarizados con las prácticas de los tribunales de inmigración de los Estados Unidos.
Dar a los solicitantes de asilo más acceso a la representación legal haría que el sistema fuera más justo, dicen muchos defensores, y también podría hacerlo más eficiente, ahorrando al gobierno dinero en otros costos de los tribunales de inmigración.
El fiscal general podría establecer programas que proporcionen abogados a los solicitantes de asilo —o incluso a todos los que se encuentran en los procedimientos de los tribunales de inmigración— empezando por los más vulnerables de ellos, como los niños no acompañados.
Algunos estados y gobiernos locales, incluyendo California y Nueva York, han implementado programas para proporcionar abogados a algunos de los indocumentados en las cortes de inmigración de su área.
Si la financiación de abogados para todos no es políticamente factible a nivel federal, el fiscal general podría aumentar la financiación de los programas de orientación jurídica que apoyan a los solicitantes de asilo que tienen que representarse a sí mismos.
Estos programas, operados por organizaciones sin fines de lucro en algunos centros de detención, ayudan a la gente a entender si sus casos coinciden con los criterios de asilo, cómo llenar una solicitud de asilo y otras cuestiones legales básicas que pueden parecer imposibles de resolver sin el conocimiento de un abogado.
Una auditoría de 2012 de los programas de orientación que reciben fondos del Departamento de Justicia encontró que ahorraron al gobierno federal un neto de 17.8 millones de dólares por año porque ayudan a las personas a moverse a través del sistema judicial más rápidamente.
El fiscal general de Biden también podría revivir un programa que proporcionara servicios de gestión de casos a las familias solicitantes de asilo.
El programa, que funcionó como piloto de 2016 a 2017, conectaba a las familias con trabajadores sociales que les ayudaban a encontrar abogados, vivienda, escuelas y más mientras esperaban sus casos. Informó de un cumplimiento del 99 por ciento de los requisitos de supervisión y asistencia a las audiencias del tribunal de inmigración. Fue clausurado por el gobierno de Trump.
PONER FIN A LA DETENCIÓN DE LOS SOLICITANTES DE ASILO
Los solicitantes de asilo, incluso los que no tienen antecedentes penales, a menudo pasan años en las condiciones similares a las de las prisiones de los centros de detención de los Estados Unidos después de huir de una persecución traumática en sus países de origen.
La abogada Elizabeth López del Proyecto de Inmigración del Sur de California dijo que repensar las prácticas de detención de los solicitantes de asilo sería uno de los principales cambios para el sistema: un cambio que el Congreso o la Casa Blanca podría poner en marcha.
Pero, dijo López, eso tendría que ir acompañado ya sea de dar a los solicitantes de asilo permisos de trabajo de inmediato para que puedan mantenerse a sí mismos o de crear servicios para ayudar a los solicitantes de asilo con la vivienda, la alimentación y la atención médica si no se les permite trabajar. Esos ajustes requerirían una acción del Congreso.
Ruth Hargrove, otra abogada de San Diego, esperaba que los políticos de ambos lados del pasillo pudieran apoyar este cambio porque mantener a los solicitantes de asilo bajo custodia durante años es costoso, además de que va en contra de los principios humanitarios, dijo.
Cuesta aproximadamente 3500 dólares mantener a un solicitante de asilo detenido durante un mes, según los costos fiscales de 2019 informados por el Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno presupuestó más de 3000 millones de dólares para la detención de inmigrantes en el año fiscal 2020.
Además, la detención a menudo no es necesaria para asegurar el cumplimiento. Un estudio de TRAC del año pasado encontró que más del 80 por ciento de las familias de inmigrantes —probables solicitantes de asilo— se presentaron a sus audiencias en la corte de inmigración, y ese número aumentó a más del 99 por ciento para las familias que tenían abogados para ayudarles.
El gobierno federal tiene varias alternativas a los programas de detención, como la exigencia de que se registren con los funcionarios federales, para ayudar a garantizar que las personas se presenten a las audiencias de la corte de inmigración a costos mucho más bajos que la detención.
Recientemente, Hargrove ayudó a un solicitante de asilo camerunés a ser liberado de la detención después de unos 20 meses encerrado.
“Todas estas personas se están consumiendo en la cárcel, y su único delito es que estaban tratando de evitar la muerte y la tortura en su país de origen”, dijo Hargrove. “Ni siquiera puedo decirles la sensación de traición que tiene mi cliente. Realmente pensó que América iba a salvarlo, y nadie se sorprendió más que él de que lo encadenaran inmediatamente”.
ACTUAR COMO UN EJEMPLO PARA OTROS PAÍSES RICOS
El lugar al que acuden los solicitantes de asilo para ser reconocidos como refugiados suele ser una cuestión de geografía.
Los países vecinos a los actuales conflictos y crisis tienden a recibir la mayor cantidad, si esos países les permiten entrar.
Alrededor del 85 por ciento de las personas desplazadas por la fuerza de sus países viven en lugares designados como economías “en desarrollo” por las Naciones Unidas.
Solo algunos refugiados en estos países terminan reasentados, elegidos para trasladarse a un país más rico.
En el último decenio, incluso con los recortes al reasentamiento de refugiados establecidos por la administración Trump, los Estados Unidos reasentaron a unos 420 mil refugiados que estaban esperando en el limbo en otros países, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR. Eso es más refugiados que cualquier otra nación reasentada.
Pero esas cifras son pequeñas comparadas con el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, en particular las que necesitan una protección más estable que la que se proporciona en los países que exigen que los refugiados permanezcan en campamentos o los relegan a un estatus de segunda clase.
Los Estados Unidos, al igual que otras naciones ricas, a menudo dan dinero al ACNUR (1700 millones de dólares el año pasado) o directamente a estos países en desarrollo para ayudar con las situaciones de los refugiados en lugar de reasentar a más refugiados.
En la actualidad hay aproximadamente 33.8 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza fuera de sus países de origen, según el ACNUR. Eso es menos del 1 por ciento de la población mundial.
Muchos defensores de los refugiados hacen hincapié en que se trata del mayor número de personas desplazadas que se haya registrado. Su objetivo en ese mensaje es fomentar más ayuda.
Pero, según el investigador Benjamin Thomas White de la Universidad de Glasgow, los niveles de desplazamiento no son una crisis sin precedentes, y el hecho de que la situación parezca peor que nunca puede contribuir a impulsar políticas xenófobas.
“Vivimos en un periodo en el que el mundo es mucho más rico que en el pasado”, dijo White. “Nuestra capacidad de apoyo es mucho mayor”.
Lo que es importante ahora, dijo, es que los países con más riqueza den un paso adelante y den ejemplo a otros con sus políticas de asilo y reasentamiento. Lo que está sucediendo en cambio, señaló, es que los países ricos están buscando maneras de cerrar sus puertas.
En un análisis de los datos de las Naciones Unidas realizado por el periódico Union-Tribune, los Estados Unidos se situaron muy por debajo de los países con menos recursos, así como de sus pares más ricos, en lo que respecta al número de personas desplazadas acogidas por un país determinado en comparación con el tamaño de su población total. Un análisis en el que se comparaba el número de personas desplazadas acogidas con el producto interno bruto de un país arrojó resultados similares.
El Departamento de Estado de Estados Unidos gastó alrededor de 3500 dólares por cada refugiado reasentado en el año fiscal 2019 —lo mismo que la detención de un solicitante de asilo durante un mes— para ayudarles a situarse con alojamiento, comida y otros elementos esenciales, según los registros del gobierno. Esa cifra no incluye los programas locales y estatales para los que los refugiados pueden calificar, incluyendo Medi-Cal.
Si a los solicitantes de asilo se les concede protección, también tienen derecho a la ayuda, aunque muchos no lo saben.
Si los Estados Unidos concedieran asilo a todos los que presentaron una solicitud de asilo en el año fiscal 2019 y cada uno recibiera la misma ayuda que los refugiados reasentados, le habría costado al país un poco más de mil millones de dólares. Eso es una fracción de los más de 10 mil millones de dólares ya gastados en contratos para el muro fronterizo de Trump, según un análisis de ProPublica y el Texas Tribune.
Y eso no tiene en cuenta el potencial beneficio económico a largo plazo que puede tener una afluencia de refugiados.
Aunque recibir grandes grupos de refugiados al mismo tiempo puede ser desalentador, dijo el profesor de economía Sascha Becker de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, los países anfitriones pueden ganar económicamente a largo plazo. Eso se debe a que las personas que han experimentado la pérdida de todo tienden a centrarse en menos adquisiciones materiales, como la educación. Esa aspiración, dijo Becker, continúa por generaciones.
“El enfoque es a menudo en este problema a corto plazo. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Dónde los resolvemos?” Becker dijo. “Olvidamos cómo pueden ser las cosas dentro de 20 años”.
HACER QUE EL SISTEMA DE ASILO SEA MENOS CONFLICTIVO
Algunos críticos del sistema de asilo de los Estados Unidos han abogado por hacer que se parezca más al de Canadá, otro cambio que requeriría la acción del Congreso.
En Canadá, los solicitantes de asilo tienen representación legal gratuita y se reúnen con un adjudicador —no con un juez— para contar sus historias. El adjudicador decide si el solicitante de asilo califica como refugiado.
En la mayoría de los casos, no hay un abogado del gobierno altamente capacitado que argumente en contra de la capacidad del solicitante de asilo para obtener protección.
Una versión de este proceso ya existe en los Estados Unidos. Las personas que vienen a los Estados Unidos con visas y solicitan asilo después de estar aquí, presentan sus casos a los oficiales de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. No hay juez de inmigración ni abogado de oficio.
Sin embargo, la mayoría de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos no pasan por ese proceso y en su lugar hacen que sus casos sean escuchados en la corte de inmigración porque llegaron a la frontera sin visas para entrar al país.
Tal cambio probablemente ahorraría dinero a los Estados Unidos, señaló Brané, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, porque la realización de un proceso administrativo no tendría tantos costos como los de los tribunales.
TRABAJAR CON LOS PAÍSES VECINOS PARA CREAR ESTABILIDAD
Se necesitará un esfuerzo regional para abordar las situaciones de refugiados justo al sur de los Estados Unidos, que han desplazado a más de un millón de personas en los últimos años, según las Naciones Unidas. Los países tendrán que trabajar en colaboración para aliviar las causas fundamentales —política opresiva, violencia y corrupción generalizadas de las pandillas, disparidades económicas, discriminación basada en el género y violencia sexual, entre otras—, la mayoría de las cuales solo han empeorado durante la pandemia.
Para los Estados Unidos, dicen los expertos, eso significaría implementar una política exterior que apoye la democracia en otros países, en lugar de derribar a los líderes de mentalidad democrática que se oponen a los Estados Unidos para instalar gobernantes amigos de los Estados Unidos con inclinaciones autoritarias: como ha sucedido en el pasado.
También significaría abordar las prácticas comerciales explotadoras de las empresas con sede en los Estados Unidos que empeoran la brecha de la riqueza en otros países y financiar proyectos destinados a hacer crecer las economías locales y a educar y apoyar a los jóvenes.
Bajo el gobierno de Obama, los Estados Unidos comenzaron a financiar más proyectos de la sociedad civil en América Central para trabajar en algunos de los temas que obligan a la gente a huir. El gobierno de Trump redujo esa financiación y en su lugar se centró en vincular la ayuda a la voluntad de los gobiernos de bloquear el movimiento hacia el norte a través de sus fronteras. La administración entrante de Biden se ha comprometido a renovar la financiación a la región.
“La ayuda es importante”, dijo Daniella Burgi-Palomino, codirectora y defensora del Grupo de Trabajo de América Latina, “pero se trata mucho más de la calidad de la ayuda que de la cantidad”.
La ayuda debe ser dirigida y financiada por organizaciones en el terreno para asegurarse de que está proporcionando lo que las comunidades realmente necesitan, evitando que el dinero caiga en manos de funcionarios corruptos, dijo Burgi-Palomino. Estados Unidos también debería presionar a los gobiernos de la región para que hagan más por abordar las violaciones de los derechos humanos y frenar la corrupción.
Al abogar por el apoyo a las mujeres y a las comunidades LGBTQ+ de los países, y al presionar a los gobiernos de la región para que se ocupen de la violencia sexual y de género, Estados Unidos podría, con el tiempo, aliviar parte de la persecución que hace que muchos terminen en sus fronteras.
PROCESAR LAS SOLICITUDES DE ASILO EN OTROS PAÍSES
El viaje a la frontera entre Estados Unidos y México es notoriamente peligroso para cualquier migrante, pero el requisito de estar en suelo estadounidense para acceder al sistema de asilo significa que los refugiados tienen que encontrar la manera de llegar a la frontera para solicitar protección.
Eso los deja a menudo en manos de contrabandistas de personas, que frecuentemente los secuestran, los agreden o algo peor.
La creación de lugares seguros a los que los solicitantes de asilo puedan acudir para que se les examine para obtener la condición de refugiados sin tener que viajar a través de países en los que se les considere objetivos vulnerables podría protegerlos mejor y asestar un golpe al poder que las redes de contrabando tienen actualmente en la región.
Alan Bersin, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional de la administración Obama, ha abogado por “zonas seguras” cerca de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Esos espacios tendrían que mantenerse en condiciones seguras y humanas, dijo Maureen Meyer, vicepresidenta de programas y directora para México y los derechos de los migrantes en la Oficina de Washington para América Latina. Y tendría que ser parte de una respuesta regional coordinada, con países que se comprometan a reasentar rápidamente a los refugiados —con un enfoque en la unidad familiar— una vez que hayan sido identificados.
Eso podría resultar un desafío.
El reasentamiento en lugares donde los refugiados ya esperan en el limbo en todo el mundo, como en Kenya o Uganda, puede ser un proceso sumamente lento.
Para Patrick, de 20 años de edad, la espera duró unos cinco años, relativamente rápido en comparación con la década o más que han esperado otros refugiados.
Huyó de su hogar en la República Democrática del Congo cuando era niño, después de perder a sus padres en la violencia de ese país. Pasó el resto de su infancia en Uganda con su tío hasta que fueron aceptados por el programa de reasentamiento de refugiados de los Estados Unidos y se trasladaron a National City.
Lo que recuerda de ese tiempo de espera es la frustración y el trauma de tener que contar y volver a contar su historia a los entrevistadores para determinar si lo llevarían a los Estados Unidos.
“Cuando eres un refugiado, estás esperando tu indulto”, dijo Patrick, que no quería ser identificado por su nombre completo. “Ellos mueren allí. La gente sufre mucho allí esperando recibir la bienvenida”.
RECONSIDERAR CÓMO SE DEFINE A UN REFUGIADO
Según la actual ley de asilo de los Estados Unidos, el temor legítimo a la muerte no es suficiente para probar que alguien merece protección.
Muchos países latinoamericanos han firmado un tratado que incluye la violencia generalizada y las violaciones desenfrenadas de los derechos humanos como razones para que alguien pueda recibir protección. Los Estados Unidos no forman parte de ese acuerdo.
Canadá concede asilo a las personas que huyen de la violencia doméstica y de las pandillas. En la actualidad, los Estados Unidos generalmente no lo hace.
El sistema de los Estados Unidos está desconectado de las realidades de las personas que huyen, según muchos expertos en migración.
“Somos seres humanos. Somos dinámicos. Cambiamos. ¿Por qué nos atenemos a las viejas leyes?” D’Cruz, el director del Proyecto Corazón, dijo. “Hay tantos cambios en la victimización de la gente. ¿Qué vamos a hacer para mantener el ritmo?”
Más allá de cualquier reconfiguración de la logística del sistema de asilo, si los Estados Unidos quieren ser un país que participe significativamente en la respuesta a las situaciones de los refugiados en todo el mundo, los políticos de Estados Unidos y el público tendrán que hacerse preguntas difíciles sobre quién debe ser protegido.
El cambio climático ya ha desplazado a muchas personas en todo el mundo, en particular en los lugares más afectados por la sequía u otros desastres naturales, como los recientes huracanes en América Central.
Es probable que ese tipo de migración forzada aumente a medida que el cambio climático empeore, pero la ley de inmigración de los Estados Unidos no tiene en cuenta actualmente a las personas que huyen de esos daños.
Para modificar la ley de asilo, el Congreso tendría que aprobar una legislación que aclarara los requisitos para el asilo y los hiciera más flexibles para las necesidades futuras de las personas desplazadas por la fuerza.
Mientras tanto, los futuros fiscales generales podrían usar su autoridad para redimir los casos de inmigración —un poder frecuentemente usado por la administración Trump para restringir el asilo— y establecer nuevos precedentes más inclusivos.
Es difícil decir si alguna de estas medidas se aplicará de manera significativa en los próximos años, especialmente dados los vínculos del presidente entrante con las prácticas de disuasión, como el aumento de la detención de familias solicitantes de asilo, bajo la administración de Obama.
Lo que es seguro es que las situaciones que obligan a la gente a huir de sus hogares no se detendrán, y esas personas necesitarán un lugar seguro para ir.
La reportera Lauryn Schroeder contribuyó a este informe.
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