Johana Medina León pasó años abogando por la comunidad LGBTQ y por concientizar a la comunidad sobre el VIH antes de huir de la violencia a la que se enfrentaba como mujer transgénero en El Salvador. Esta enfermera técnica de 25 años esperaba comenzar una nueva vida en California.
Pero poco más de un mes después de ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos e ingresada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, su salud empezó a deteriorarse. Fue trasladada a un hospital de El Paso, donde murió el 1 de junio de 2019.
El nombre de Medina León no se encontraba entre las nueve muertes registradas por el ICE ese año. Había sido liberada apresuradamente mientras estaba hospitalizada, justo antes de sucumbir a las mismas fallas en la atención que ella había trabajado para evitar que les ocurrieran a otros.
Las circunstancias que rodean la liberación y la muerte de Medina León fueron descubiertas entre más de 16.000 páginas de documentos revelados como parte de una demanda en curso presentada por el Times contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en busca de registros de abusos en los centros de detención de inmigrantes. Los documentos ofrecen una visión poco frecuente de uno de los pocos casos conocidos en los que los detenidos fueron dados de alta al borde de la muerte, lo que subraya las quejas de larga data de los defensores de los inmigrantes que han denunciado numerosas muertes no contabilizadas de personas que se encontraban bajo la custodia del ICE.
El caso de Medina León fue investigado por la Oficina del Inspector General del DHS, una agencia de vigilancia que supervisa al ICE y que recientemente ha sido criticada por la forma en que maneja las investigaciones.
Documents offer a rare look into one of several known instances in which ICE detainees were discharged as they were on the edge of death.
Los correos electrónicos revisados por el Times muestran que los funcionarios de inmigración se movieron con una velocidad inusual para sacar a Medina León de la custodia. Mientras que tomó seis semanas y varias visitas con el personal médico antes de ser llevada a un médico para que la atendieran, el ICE culminó su proceso de liberación en menos de seis horas – librando así a la agencia, de la responsabilidad de su muerte ocurrida cuatro días después.
El coordinador médico de campo del ICE inició el proceso el 28 de mayo, recomendando la liberación de Medina León del Centro de Procesamiento del Condado de Otero. El centro es administrado por Management and Training Corp, una empresa penitenciaria privada conocida como MTC.
“Si la detenida se agravara, existe la posibilidad de un mal resultado”, escribió el funcionario, señalando que Medina León estaba “muy baja de peso”.
En un correo electrónico el mismo día marcado como de “alta” importancia, otro funcionario del ICE respondió que sus “signos vitales no se ven bien”.
“¿Podríamos tener preparadas las pertenencias de la detenida para su liberación total lo antes posible?”, preguntó un supervisor de detención.
A las pocas horas de su ingreso en el hospital, dos agentes del ICE llegaron a la cama de Medina León con papeles de libertad condicional para que los firmara. Uno de los agentes dijo más tarde a los investigadores que el proceso se estaba acelerando, aunque “no conocía las razones de la prisa”. Dijo que nunca había entregado documentos de libertad en un hospital.
Esa noche, en una actualización del estado de la enferma, se señaló que la condición de Medina León era “grave/crítica”. Un último correo electrónico llegó 20 minutos después: “La detenida ha sido notificado con la documentación de la libertad condicional, y ya no está bajo custodia del ICE”.
La portavoz del ICE, Paige Hughes, declinó hacer comentarios sobre el caso de Medina León, pero escribió en un comunicado que la agencia “se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de los que están bajo nuestro cuidado, incluidos los que llegan a la custodia del ICE con condiciones médicas anteriores o que nunca antes han recibido una evaluación o atención médica adecuada”.
El portavoz del MTC, David Martinson, también declinó hacer comentarios sobre el caso.
“Nos tomamos muy en serio la atención médica de los detenidos”, escribió en un comunicado, añadiendo que “los detenidos tienen acceso a la atención médica, dental y de salud mental adecuada y necesaria, incluidos los servicios de emergencia”.
La rápida tramitación de la libertad condicional de Medina León fue inusual: estos indultos suelen tardar varios días o semanas. Durante la administración de Trump, el ICE liberó más a menudo a los detenidos bajo fianza, lo que requiere que las familias depositen miles de dólares para ayudar a sus seres queridos a evitar que permanezcan detenidos durante meses mientras esperan decisiones sobre sus casos de inmigración. Otros fueron liberados bajo diferentes órdenes discrecionales mientras su caso estaba pendiente.
Los defensores de los detenidos dicen que la muerte de Medina León pone de relieve un historial de acciones de los funcionarios del ICE que permiten a la agencia evitar la responsabilidad de los detenidos enfermos o moribundos. El ICE ha sido criticado durante mucho tiempo por la inadecuada atención médica proporcionada pr los centros de detención, la mayoría de los cuales son administrados por empresas con fines de lucro como MTC.
¿Conoces algún caso similar?
¿Conoces a alguien que haya sido liberado de la detención del ICE con una enfermedad avanzada o justo antes de morir? Comparta sus experiencias sobre el sistema de detención de inmigrantes con las reporteras Andrea Castillo y Jie Jenny Zou.
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Después de que se concediera el primer contrato de prisión privada en 1983 para un centro de Texas, la red de detención de inmigrantes del gobierno federal se expandió hasta llegar a su punto máximo en 2019 con una población media diaria de más de 55.000 personas. En lo que va de año, esa cifra ronda en los 20.000. Casi el 80% de los detenidos se encuentran en instalaciones con fines de lucro, aunque el gobierno de Biden ha cerrado o reducido varias instalaciones problemáticas y ha favorecido alternativas como el uso de monitores de tobillo para rastrear a los que esperan los procedimientos judiciales de inmigración.
A pesar de detener a cientos de miles de personas en todo el país, el ICE ha dicho que menos de una docena de detenidos mueren bajo custodia cada año. Las muertes registradas se mantuvieron bajas incluso durante la pandemia. El ICE informó de un máximo de 21 muertes en 2020 y sólo cinco en todo 2021. En lo que va de 2022 no se ha registrado ninguna muerte.
La agencia comenzó a registrar las muertes bajo custodia en 2009 como parte de las reformas durante la administración del presidente Obama. Ese mismo año, los funcionarios del ICE admitieron que no habían revelado 10 muertes adicionales en una lista de 90 que la agencia entregó al Congreso. En 2018, el Congreso exigió al ICE que diera a conocer públicamente los informes de cada muerte bajo custodia en un plazo de 90 días. Pero el ICE no ha cumplido desde que comenzó el mandato, según un informe de supervisión del Congreso de septiembre de 2020.
¿Por qué el ICE opta por liberar a personas bajo custodia que están a punto de morir mientras están hospitalizadas?
— Eunice Cho, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles
La Unión Americana de Libertades Civiles ha demandado al ICE para que le permita tener acceso a los registros sobre las muertes de los detenidos que fueron liberados de la custodia en sus últimos días después de sufrir emergencias médicas. La demanda nombra a cuatro personas: Medina León y tres hombres que fueron liberados mientras estaban hospitalizados y habían caído en coma.
“¿Por qué el ICE decide liberar a personas que están a punto de morir mientras están hospitalizadas?”, dijo Eunice Cho, abogada de la ACLU. “La razón es, por supuesto, que el ICE queda exento de los requisitos de información, los requisitos de investigación y los requisitos financieros de las muertes que han tenido lugar” como resultado de la inadecuada atención médica.
Queríamos cambiar el mundo
Durante casi una década, Medina León fue voluntaria de la organización de defensa de Alexia Sánchez, Gay Sin Fronteras, en El Salvador.
Sánchez dijo que Medina León acompañaba a las personas queer y transgénero a las citas médicas y a las farmacias. Convenció a las personas para que no llevaran a cabo sus intenciones suicidas. Y realizó visitas al hospital para asegurarse de que los médicos trataran a los pacientes con VIH, que está muy estigmatizado en El Salvador. Los activistas afirman que más de 500 personas trans han sido asesinadas en ese país desde 1995.
Las amigas se veían con regularidad hasta que Medina León dejó de aparecer en las actividades de la organización. Sánchez, que también es trans, huyó meses después y ahora vive en Los Ángeles.
“Queriamos cambiar el mundo. Saber de que a Johana le pasó esto para mí es un golpe bien duro”, dijo Sánchez.
Tras presentarse ante los agentes fronterizos cerca de El Paso y solicitar asilo, Medina León fue trasladada el 14 de abril de 2019 al Centro de Procesamiento del Condado de Otero. Igual que la mayoría de los inmigrantes detenidos por el ICE, no tenía antecedentes penales.
A los dos días de su estancia en Otero, Medina León hizo la primera de al menos cinco solicitudes de atención médica, quejándose a menudo de dolor de estómago, vómitos y náuseas. Los registros del Departamento de Seguridad Nacional revisados por el Times muestran que las enfermeras le recetaron antiácidos, atribuyendo su estado a la “comida picante” del centro y a un historial previo de problemas gastrointestinales.
Medina León marcó la parte superior de cada solicitud escrita a mano como “urgente”.
“La comida no me cala de ninguna manera por mi problema gástrico y me provocan dolores estomacales en cada momento. He perdido 13 libras y quisiera saber si me pueden checar”.
Para el fin de semana del Día de los Caídos, cinco semanas después de su detención, Medina León había perdido casi el 18% de su peso corporal, pasando de 126 a 103 libras. Su última petición, en la que preguntaba por un sarpullido que le había salido en la frente, parecía más desesperada: “Urgente, por favor”.
Una enfermera marcó su caso como “grave”, anotando una lista creciente de síntomas que ahora incluían debilidad, dolor de garganta, tos y reflujo ácido. Remitió a Medina León a una cita de seguimiento con el enfermero de guardia de Otero, pero éste nunca la vio.
La familia de Medina León ha presentado una demanda por homicidio involuntario en la que alega que otra petición médica que hizo al día siguiente quedó sin respuesta. La política del MTC exige que el personal médico revise las solicitudes en el plazo de un día, o de inmediato cuando se trata de situaciones urgentes. El personal tiene entonces otras 24 horas para evaluar a los detenidos enfermos en persona.
En sus declaraciones, las enfermeras que trataron a Medina León dijeron que, en ese momento, el personal de Otero utilizaba un sistema de papel para remitir las solicitudes médicas de los detenidos a los proveedores. Con ese sistema, declaró un miembro del personal, un proveedor podía tardar “un par de días” en responder.
Un enfermero que debía atender a Medina León el 24 de mayo dijo a los investigadores de la Inspección General que no había oído hablar de ese caso. Dos días después, cuando llamó para comprobar el estado de los pacientes durante su siguiente turno, le dijeron que “no había nada importante”.
Del Sol Medical Center in El Paso.
El enfermero, que sólo pasaba unos días a la semana en Otero, (también tenía un trabajo a tiempo completo en una clínica y era propietario de un restaurante, según la transcripción de una declaración), admitió en su testimonio que nunca vio a Medina León en persona.
En otra declaración, el director de Otero reconoció que el enfermero había violado la política de la empresa MTC al estampar su nombre en el historial médico de Medina León sin verla realmente.
Cuando Medina León acudió al médico el 27 de mayo, su piel se encontraba amarillenta, su temperatura fluctuaba y su corazón luchaba por bombear sangre. Sin saber cuál era la causa de su rápido deterioro, el personal ordenó pruebas de hepatitis, VIH y varicela.
A la mañana siguiente, según la demanda por homicidio involuntario, Medina León fue encontrada inconsciente en su celda. Los registros del inspector general muestran que se había mareado, había vomitado el desayuno y se quejaba de dolores en el pecho.
Sánchez dijo que Medina León siempre había irradiado optimismo, diciendo frecuentemente a sus amigos: “Todo es posible”. Pero cuando la prueba del VIH dio positivo el 28 de mayo, se angustió, se cubrió la cara y lloró, según dijo un empleado a los investigadores.
A las pocas horas, se llamó a una ambulancia para que llevara a Medina León al Centro Médico Del Sol de El Paso. El personal esperó a su lado con un desfibrilador por si su corazón fallaba.
Cuando se difundió la noticia del deterioro de salud de Medina León, los funcionarios del ICE se apresuraron a tramitar su libertad condicional.
Cuatro días después había muerto.
En el certificado de defunción figuraba la sepsis -una afección potencialmente mortal que surge cuando el cuerpo se esfuerza por combatir una infección- como causa principal de la muerte. Se encontró la neumonía y el VIH como causas subyacentes. Una autopsia privada ordenada para la demanda de la familia encontró un coágulo de sangre en los pulmones de Medina León y una infección por hongos que se había extendido a múltiples órganos.
Un comunicado del ICE dijo entonces que su muerte era “otro desafortunado ejemplo de un extranjero que entra en Estados Unidos con una condición médica no tratada ni examinada”.
Pero entre bastidores, los funcionarios de la oficina del inspector general y del ICE habían iniciado una investigación interna que daría lugar a más preguntas que respuestas.
El personal médico involucrado en su atención coincidió en que se podría haber hecho más, aunque no se pusieron de acuerdo sobre quién o qué tuvo la culpa. El médico que llevó a Medina León al hospital dijo a los investigadores que creía que alguien debería haberle llamado antes porque estaba de guardia las 24 horas del día. Mientras tanto, una enfermera dijo a los investigadores que el protocolo de la empresa sólo permitía las llamadas de emergencia para los pacientes en “estado agudo”.
Los relatos también difieren en cuanto a si Medina León sabía de su condición de seropositiva. Una enfermera dijo a los investigadores que Medina León dijo que podría tener el VIH, mencionando que se había pinchado con una aguja sucia mientras trabajaba como enfermera en El Salvador un año antes. Pero el médico que la trató ordenó la prueba del VIH como parte de una serie de exámenes que incluían la varicela y la sífilis. Y el coordinador médico del ICE dijo que Medina León negó cualquier historial de exposición conocida al VIH cuando habló con ella en el hospital.
De acuerdo con la política del ICE, los detenidos reciben evaluaciones de salud completas dentro de las dos semanas siguientes a su ingreso en un centro. Pero el personal del centro de detención de Otero dijo a los investigadores que las pruebas de laboratorio no son estándar y suelen ser ordenadas por los médicos en casos específicos para ciertas condiciones preexistentes. El ICE no examina proactivamente a los detenidos para detectar el VIH.
Los propios expertos médicos del ICE habían advertido a la agencia sobre pacientes como Medina León. Dos meses antes de su muerte, el mismo coordinador médico que recomendó la liberación de Medina León sugirió que la agencia comenzara a tratar a los detenidos transgénero como pacientes “crónicos” para facilitar un diagnóstico más temprano.
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¿Conoces a alguien que haya sido liberado de la detención del ICE con una enfermedad avanzada o justo antes de morir? Comparta sus experiencias sobre el sistema de detención de inmigrantes con las reporteras Andrea Castillo y Jie Jenny Zou.
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El coordinador también había señalado varias deficiencias sanitarias en Otero. Entre ellas: Los detenidos con enfermedades crónicas identificadas no eran evaluados con la suficiente rapidez, el nivel de urgencia de los casos no era documentado por los proveedores en las derivaciones a especialistas externos, y a los detenidos que llegaban con medicamentos prescritos “no se les continuaba la medicación”.
A pesar de un montón de preguntas sin resolver, los investigadores cerraron su caso sobre la muerte de Medina León en septiembre de 2020, concluyendo que no había “evidencia de mala conducta o violaciones de la política”. Aparte del coordinador médico del ICE que recomendó su liberación, todo el equipo médico de Medina León, compuesto por más de siete personas, estaba empleado por el contratista privado MTC.
En un correo electrónico, la Oficina del Inspector General respaldó la investigación que no había encontrado “ninguna mala conducta por parte del personal del DHS o del contratista”. Los funcionarios declinaron explicar la decisión de investigar la muerte de Medina León, pero señalaron que era una de las dos muertes fuera de custodia del ICE revisadas por la agencia desde 2003.
La portavoz del ICE, Hughes, señaló que la política de la agencia de revisar las muertes de los detenidos se actualizó en octubre de 2021 para incluir las muertes que ocurren dentro de un mes de la liberación de la custodia “cuando sea apropiado, para garantizar la responsabilidad y la máxima transparencia”.
Una sentencia de muerte
Los expertos sanitarios aseguran que muertes como la de Medina León son evitables.
“Las mujeres jóvenes no tienen por qué morir de sepsis, por el amor de Dios”, dijo Coleen Kivlahan, directora médica de la clínica de asilo de la UC San Francisco. “¿Era esta muerte evitable con una detección y una atención tempranas? La respuesta sería que sí”.
Kivlahan dijo que cualquier proveedor de servicios médicos con experiencia en el tratamiento de pacientes trans habría comprobado la presencia del VIH desde el principio, especialmente en los casos de pérdida de peso grave. Muchos de los pacientes trans que atiende en su clínica -que buscan asilo en Estados Unidos después de sufrir traumas y abusos en sus países de origen- son seropositivos, pero no se les diagnostica durante su detención.
Los activistas no tardaron en dar la voz de alarma sobre la muerte de Medina León en 2019, señalando las sorprendentes similitudes de su caso con el de otra mujer trans que murió bajo custodia del ICE un año antes.
Al igual que con Medina León, el VIH de Roxsana Hernández no fue diagnosticado durante su detención hasta que su condición empeoró, aterrizando en el hospital en 2018. Murió de deshidratación y complicaciones del VIH menos de un mes después de llegar a la frontera de Tijuana desde Honduras y solicitar asilo. Hernández nunca recibió un examen médico de admisión, dijo Dale Melchert, quien dirigió una demanda por muerte injusta entablada por el Centro de Derecho Transgénero.
A diferencia de lo que ocurrió con Medina León, la muerte de Hernández fue registrada oficialmente por el ICE, lo que obligó a la agencia a notificar al Congreso y a revelar algunos registros.
Ambas mujeres solicitaron repetidamente atención médica al experimentar signos reveladores de un VIH no atendido: pérdida de peso, piel amarillenta, fiebre y desorientación.
“Tanto en el caso de Roxsana como en el de Johana, las condiciones médicas tratables se convirtieron en una sentencia de muerte”, dijo Melchert. Si el gobierno hubiera proporcionado a Hernández “la atención a la que tenía derecho en las 12 horas siguientes a su detención, hoy estaría aquí”, dijo.
Los grupos de vigilancia han instado al Congreso a investigar y hacer públicas las revisiones de las muertes de las personas liberadas de la custodia de inmigración justo antes de su fallecimiento, incluso durante una audiencia del comité de la Cámara de Representantes de 2019 sobre la supervisión de la detención del ICE tres meses después de la muerte de Medina León.
Los defensores dicen que cuantificar cuántos casos como el de Medina León existen, es difícil porque el ICE se ha negado históricamente a proporcionar información básica sobre los detenidos que mueren justo después de ser liberados. Además de Medina León, la demanda de la ACLU nombra a Martín Vargas Arellano, José Ibarra Bucio y Teka Gulema, cada uno de los cuales murió poco después de ser liberado.
Vargas Arellano contrajo COVID-19 en el centro de procesamiento del ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino, y sufrió un derrame cerebral. El mexicano, de 55 años, fue puesto en libertad el año pasado en estado de muerte cerebral en un hospital local. Había pedido repetidamente que se le dejara en libertad debido a sus problemas de salud, como diabetes, hipertensión y hepatitis C.
Las mujeres jóvenes no tienen que morir de sepsis, por el amor de Dios. ¿Era esta muerte evitable con una detección y una atención tempranas? La respuesta sería afirmativa.
— Coleen Kivlahan, directora médica de la clínica de asilo de la UC San Francisco
Ibarra Bucio, un mexicano de 27 años que también estuvo detenido en Adelanto, tuvo una hemorragia cerebral en 2019 y fue trasladado a un hospital mientras estaba en coma. Murió cuatro semanas después de ser liberado de la custodia del ICE cuando su familia le quitó el soporte vital.
Gulema, un etíope de 33 años quedó paralizado por una infección bacteriana mientras estaba detenido en un centro de Alabama y fue trasladado a un hospital donde permaneció casi un año. En 2016 fue puesto en libertad semanas antes de morir en el hospital.
“¿Cuántos individuos más hay por ahí que no conocemos?”, dijo Cho.
Hay más. La niña guatemalteca Mariee Juárez adquirió una infección pulmonar viral mientras estaba detenida en Texas en 2018 y murió en un hospital semanas después de ser liberada. Oscar López Acosta se infectó con COVID-19 en un centro de Ohio en 2020 y fue liberado cuando su salud se deterioró y murió dos semanas después. Y Saliou Ndiaye, de Senegal, que intentó suicidarse en Adelanto en 2017 y fue puesto en libertad mientras se encontraba con respiración asistida.
Con la esperanza de garantizar la responsabilidad continua del gobierno por el cuidado de Ndiaye, su abogado Carrye Washington pidió a un juez de inmigración que determinara que el ICE no podía liberar a una persona inconsciente y que ordenara que volviera a ponerlo bajo custodia. Washington dijo que el juez se negó a intervenir, y Ndiaye sigue con soporte vital.
Pasaron diez días después de la muerte de Vargas Arellano antes de que su abogado se enterara de ello presentando una denuncia por desaparición y llamando a la oficina del forense.
Una investigación designada por el tribunal sobre su muerte dio lugar a un informe de un experto especial el pasado mes de julio sobre las acciones del ICE, Adelanto y su proveedor de asistencia sanitaria, Wellpath. El informe señala que la decisión de liberar a Vargas Arellano mientras estaba en coma y al borde de la muerte dio lugar a que fuera “sacado de los ‘libros’ del ICE”.
“Debido a que el ICE le dio de alta en el hospital, los tres fueron liberados de sus obligaciones de reportar su muerte”, dice el informe. “Además, este parece haber sido el único propósito de la liberación”.
El ICE se negó a comentar el caso de Arellano y otros revisados por el Times.
El Dr. Marc Stern, un médico especializado en la atención sanitaria de los centros penitenciarios que ha actuado como experto de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades del DHS, dijo que puede ser más responsable desde el punto de vista fiscal, liberar a alguien que está hospitalizado. De esta manera, dijo, el gobierno evita gastar el dinero de los contribuyentes en guardias y pagar las facturas médicas que algunos hospitales ya cubren para los pacientes de bajos ingresos.
Pero Stern dijo que el incumplimiento de los requisitos de información indica que también podría haber una motivación política en la liberación de detenidos enfermos por parte del ICE. Todas las muertes deben ser reportadas, señaló, particularmente cuando la salud de alguien se deteriora bajo la vigilancia del ICE.
“Nuestro sistema es fundamentalmente defectuoso al no definir las muertes de forma suficientemente completa”, dijo Stern.
Rafe Foreman, un abogado de Texas que representó a la familia de Medina León en su demanda por homicidio culposo dijo que cree que el ICE tiene un incentivo para liberar a personas que están a punto de morir.
El caso nombraba como demandados al MTC y a sus empleados: el director del centro de Otero y cuatro proveedores de atención sanitaria. El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no fueron incluidos en la demanda, que fue desestimada en el tribunal. Foreman dijo que el caso se resolvió, pero no quiso decir si hubo un acuerdo extrajudicial. Los padres de Medina León no quisieron hacer comentarios.
“Este fue el peor caso de negligencia médica que he visto en mucho tiempo”, dijo Foreman. “Desde el momento en que entró allí hasta que murió, fue desatendida”.
En los archivos judiciales, los abogados de MTC negaron las acusaciones, argumentaron que la familia de Medina León no tenía base para recibir daños punitivos y dijeron que el caso debía ser desestimado.
Los abogados también explicaron lo que ocurrió después de su muerte: No se sancionó al personal médico y “no se produjeron cambios en la política, la práctica, los protocolos o los procedimientos”.
La escritora del Times Paloma Esquivel en Los Ángeles y Nelson Rauda Zablah en El Salvador contribuyeron a este informe.
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