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Más de 1,000 trabajadores de la construcción de LA fueron estafados con millones en salarios, dicen las autoridades laborales

Más de 1,000 trabajadores de la construcción de LA fueron estafados con millones en salarios, dicen las autoridades laborales
El Mansfield at Miracle Mile, un lujoso edificio de apartamentos, que se construyó en marzo de 2018, es uno de los 35 proyectos en todo el estado de Arizona donde más de 1,000 trabajadores de la construcción fueron estafados con sus salarios, dice el comisionado del Trabajo de California. (Google Earth) (Los Angeles Times)

El subcontratista RDV Construction recibió la orden de pagar a los trabajadores $ 11,94 millones en salarios atrasados y multas por violaciones entre 2014 y 2017, anunció el comisionado. Según los funcionarios laborales, a los trabajadores se les pagaba con cheques que rebotaban y esperaban meses para que se les reembolsara, solo para recibir menos de lo que se les debía.

Los investigadores descubrieron que RDV, bajo la dirección del CEO Rafael Rivas y los gerentes de proyecto Juan Rivas y Nicolas Del Villar, también "retuvo de manera habitual e ilegal de 10 a 25% de los salarios ganados por los trabajadores".

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El teléfono de RDV está desconectado y Rafael Rivas no respondió a los mensajes dejados en su teléfono móvil o en la oficina de su compañía hermana, RVR General Construction Inc. en Fontana. Sin embargo, un portavoz de la comisión laboral dijo que RDV ha apelado la citación ante un oficial de audiencia.

El Bureau of Field Enforcement del comisionado, establecido hace tres décadas, investiga las violaciones que afectan a grupos de trabajadores en la industria privada y emite citaciones. La hecha a RDV, emitida en diciembre, "es el caso de robo de salarios más grande en la construcción privada", dijo el portavoz del comisionado Frank Polizzi. "Esta es la multa más grande que la unidad de cumplimiento de la ley de la comisión laboral ha emitido a un solo empleador en respuesta a un informe de una violación de la ley laboral".

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Los sitios de construcción RDV incluían proyectos de alto perfil y uso mixto, como The Mansfield at Miracle Mile, un lujoso edificio de apartamentos de estilo Art Deco en 5100 Wilshire Blvd., donde los apartamentos se rentan entre $ 2,450 y $ 11,500 por mes. El Automobile Club of Southern California está arrendando una parte de la planta baja.

Otros sitios incluyen hoteles como el Homewood Suites Irvine en Red Hill Avenue en Irvine; The Crown Apartments, un edificio de lujo en Santa Monica Boulevard en West Hollywood; The Kenmore, un desarrollo de Koreatown de $ 22 millones; Altana, un edificio de 507 unidades en el centro de Glendale, y Boardwalk by Windsor, un complejo de lujo en Huntington Beach.

"Este caso muestra que los empleadores que roban a sus trabajadores terminarán pagándolo al final", dijo Julie Su, la secretaria de Trabajo de California en un comunicado.

David Kersh, director ejecutivo del Comité de Cooperación de Contratistas de Carpinteros, un grupo sin fines de lucro de 30 años de edad, dijo que el caso resalta la necesidad de que el estado responsabilice a los contratistas generales del robo de salarios por parte de sus subcontratistas.

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El grupo Carpenters, también conocido como QuadC, está financiado por la industria de la construcción a través de acuerdos de negociación colectiva. Según el comisionado de trabajo, QuadC atrajo el caso de RDV a la atención del estado luego de que sus representantes de campo, que están desplegados en todo el sur de California, entrevistaron a trabajadores engañados.

Según Kersh, estos trabajadores obtedían sus cheques e iban a los lugares de cambio de cheques, pero en el momento en que llegaban allí, no había fondos. Muchas de estas empresas contratan a través de intermediarios laborales. "Es una situación desordenada y los trabajadores encuentran que el dinero se deduce de sus cheques sin ninguna razón", explicó.

Kersh dijo que se producen muchas menos trampas en los proyectos públicos y en los grandes proyectos comerciales, que tienden a emplear mano de obra sindical y donde los trabajadores tienen acceso a procedimientos de reclamo. "Pero en la industria de la construcción residencial, hay una explotación rampante", dijo. "Muchos trabajadores se encuentran dentro de la economía clandestina, pagados en efectivo y por pieza. No tienen beneficios".

Con el impulso de construir más viviendas en todo California, "tenemos que limpiar la industria", agregó.

Los contratistas generales que contrataron a RDV incluyen algunos de las empresas más conocidas de la industria, como Westside Contractors Inc., R.D. Olson, Alpha Construction, Carmel Partners y Regis Contractors, según la base de datos de QuadC.

Andy Berthold, gerente ejecutivo de proyectos de Westside Contractors, un contratista general de The Mansfield, reconoció que su compañía había contratado a RDV.

Berthold dijo que su compañía verifica la reputación de los subcontratistas. "Pero es muy difícil para nosotros verificar que pagan todos los salarios. Requeriría una tremenda cantidad de trabajo por nuestra parte. Tenemos docenas de subcontratistas".

Berthold dijo que RDV y otros fabricantes de paneles de yeso contratan a trabajadores clasificados como contratistas independientes. "Ellos ganan dinero por los pies cuadrados de madera que instalan", afirmó. "Algunos subcontratistas contratan a un tipo que trae todo su equipo".

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De los $ 11,94 millones que el comisionado laboral ha ordenado a RDV que pague, $ 5,4 millones se encuentran en multas por no pagar a 1,089 empleados de manera oportuna; $ 1,62 millones son por no pagar el salario mínimo a 844 empleados; $ 1,8 millones son por no proporcionar descansos a 1,125 empleados; $ 566,897 son por no pagar horas extras a 1,111 trabajadores; y $ 882,981 por no proporcionar declaraciones de salarios adecuadas a 1,109 trabajadores.

El caso RDV es el segundo  presentado por el comisionado del Trabajo por robo de salarios en el sitio de Mansfield por un subcontratista de Westside Contractors. En agosto de 2017, el comisionado presentó una demanda contra Calcrete Construction, una compañía de Glendale, que buscaba $ 6,3 millones por engañar a 249 trabajadores de la construcción en los salarios del proyecto.

Durante dos años, los empleados trabajaron de 10 a 12 horas de lunes a viernes y ocho horas los sábados, pero no se les pagó horas extras, según el comisionado. La compañía también obligó a 175 trabajadores a firmar contratos, bajo amenaza de despido, afirmando falsamente que eran contratistas independientes, según los investigadores laborales.

George Danoukh, presidente de Calcrete, no respondió a los mensajes dejados en su oficina. Un portavoz de la comisión laboral dijo que la compañía está en conversaciones para llegar a un acuerdo.

Los casos contra RDV y Calcrete cubrieron violaciones en proyectos contratados antes de enero de 2018, cuando entró en vigencia una nueva ley, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1701, que responsabiliza a los contratistas generales por las violaciones de sus subcontratistas. La ley exige que los subcontratistas compartan información sobre salarios con contratistas generales a quienes se les permite retener sumas en disputa de los subcontratistas que se niegan a cooperar.

Autoriza tanto al comisionado del trabajo como a los comités conjuntos de cooperación entre trabajadores y la administración, como QuadC, a presentar demandas civiles contra contratistas generales que supervisan a los subcontratistas engañosos.

"Antes de esta ley, los contratistas generales no tenían un papel en esto", dijo Kersh. "Podrían contratar subcontratistas engañosos y luego contratar más. Ahora se asegurarán de contratar a subcontratistas responsables para que los trabajadores obtengan su dinero o serán responsabilizados. Eso es un cambio radical".

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Cuando se le preguntó acerca de AB 1701, Berthold de Westside Contractors dijo: "Estamos al tanto de esa ley. No sé si se está implementando o no".

Y añadió que "la gente no entiende que tenemos una escasez de viviendas". La nueva ley "se sumaría al costo de la construcción. Es una manera de que los abogados ganen más dinero para responsabilizar a todos".

Kersh dijo que sus 15 representantes de campo están monitoreando el cumplimiento de la ley en unos 50 proyectos en la región de Los Ángeles.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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