Sobrevivientes del incendio de Camp acusan a PG&E de ‘desprecio insensible y cruel’ por la seguridad

Una demanda apunta a un pequeño gancho de metal en una torre de transmisión eléctrica como el culpable del devastador incendio de Camp. Cuando falló, alega la denuncia, un cable sin aislamiento tocó la torre, provocó chispas e inició el incendio.

Otras demandas presentadas después del incendio forestal más letal de California culpan a la decadencia general de la infraestructura eléctrica de la región y al hecho de no podar árboles y arbustos que crecían demasiado cerca de los postes y las líneas eléctricas.

Mientras que las autoridades aún deben determinar la causa oficial del fuego, se presentaron al menos 20 demandas contra Pacific Gas & Electric (PG&E), acusando a la empresa de permitir que sus equipos produzcan el incendio que mató a 86 personas y obligó a evacuar hasta 50,000 personas en el condado de Butte.

La demanda más reciente critica con severidad una cultura corporativa que supuestamente coloca la “reputación por encima de la seguridad pública” junto con una publicidad que “promueve una imagen falsa y engañosa” del suministro de electricidad en el norte de California.

Esa denuncia, presentada el 10 de diciembre por la noche en nombre de Lila Williams, de 93 años, y de su hija Louise Howell, de 66 años, acusa a PG&E de “desprecio insensible y cruel por la seguridad de las comunidades de California”.

La demanda alega que, si bien PG&E profesaba un énfasis en la seguridad, no logró financiar las mejoras necesarias. “La gente del estado de California pagó por la codicia corporativa con las vidas de sus seres queridos, sus hogares y sus pertenencias más preciadas”, alega.

Las nuevas demandas se conocen a medida que la empresa de servicios públicos se defiende contra una ráfaga de litigios que siguió a una cadena mortal de incendios en el norte de California hace apenas 14 meses.

PG&E es querellada actualmente por lo que el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California enumera como seis de los fuegos más mortíferos y destructivos en la historia del estado que, en conjunto, se cobraron 127 vidas, quemaron más de 400,000 acres y destruyeron más de 28,000 estructuras.

Los funcionarios de PG&E declinaron hacer comentarios, el martes 11, sobre los detalles específicos del litigio por el incendio de Camp.

“La seguridad de nuestros clientes y las comunidades a las que servimos es nuestra máxima prioridad”, aseveró la portavoz de la compañía, Andrea Menniti, en un correo electrónico. “La causa del fuego de Camp aún está siendo investigada. Estamos al tanto de las demandas judiciales relacionadas. En este momento, nuestro enfoque es evaluar la infraestructura, restaurar de manera segura la energía cuando sea posible y ayudar a nuestros clientes a recuperarse y reconstruir”.

En una presentación ante la Comisión de Valores y Cambio, el día después de que el incendio de Camp azotara las pequeñas ciudades de Paradise, Magalia y Concow, la empresa de servicios con sede en San Francisco advirtió sobre el efecto del desastre en su balance.

La compañía había renovado su seguro de responsabilidad civil para “eventualidades de incendios forestales” en $1,400 millones, según el documento. Se suponía que esa cantidad cubriría desastres desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.

“Mientras que la causa del fuego sigue bajo investigación”, señala la presentación, “si se determina que el equipo de la empresa de servicios públicos fue la causa, la compañía podría estar sujeta a una responsabilidad significativa que exceda la cobertura del seguro”. Se esperaría que dicha responsabilidad “tenga un impacto significativo en la condición financiera, los resultados de operaciones, la liquidez y los flujos de efectivo de PG&E Corporation y de la empresa de servicios públicos”.

Las demandas por el fuego de Camp —presentadas en nombre de más de 450 personas, empresas y fideicomisos hasta ahora— no solicitan que la compañía de servicios públicos abone una cantidad específica. En cambio, exigen que PG&E indemnice a las víctimas por las pérdidas económicas, los “daños no económicos”, la pérdida de salarios, los gastos médicos y los honorarios de abogados. También solicitan un juicio por jurado y quieren que PG&E y todos los demás acusados “pongan fin a sus continuas violaciones”.

Andrew Bradt, un profesor de derecho en la Universidad de California en Berkeley que se especializa en procedimientos judiciales civiles, afirmó que las demandas por el incendio de Camp probablemente se consolidarán ante un solo juez en el futuro cercano. Se podría nombrar un solo abogado principal o un comité de letrados para comandar el litigio.

“El objetivo de la corte es preservar los derechos de todos sin sentirse abrumados”, afirmó Bradt. “El desafío para los tribunales siempre es optimizar el litigio. No tienen los recursos para tratar con todos ellos por separado”.

Muchas de las demandas tienen sorprendentes similitudes, como un catálogo de incendios forestales pasados, incendios eléctricos y explosiones por los cuales PG&E ha pagado considerables multas y acuerdos legales.

Entre esos desastres se encuentra el incendio de Trauner, en 1994 en el condado de Nevada, por el cual la empresa de servicios públicos “fue declarada culpable de 739 cargos de negligencia criminal y tuvo que pagar $24 millones en multas”. También la explosión de 2010 en San Bruno, un suburbio del Área de la Bahía, que mató a ocho personas, dejó 58 heridos, destruyó un vecindario y llevó a la Comisión de Servicios Públicos de California a abofetear a PG&E con una multa por $1,600 mil millones.

“Pensamos que después de San Bruno nunca tendríamos que ver otra calamidad otra vez”, afirmó el abogado Frank Pitre durante una conferencia de prensa, en Chico, el martes 11 por la tarde.

Pitre es el abogado principal en el caso de Howell y Williams y estuvo involucrado en el litigio de San Bruno. Además de los casos civiles en contra de la empresa de servicios públicos, PG&E fue declarada culpable por seis cargos de delitos graves, uno por mentir a la Junta Nacional de Transporte y Seguridad, y cinco violaciones de seguridad de tuberías.

Pitre mostró anuncios posteriores a los hechos en San Bruno, en los que PG&E prometía que reemplazaría y modificaría las líneas de transmisión y establecería estaciones meteorológicas contra incendios. Luego, el fuego de Butte llegó al condado de Calaveras, en 2015.

“Dos muertos”, destacó Pitre. “PG&E continuó promoviendo que la seguridad era su principal preocupación”.

Después ocurrieron los incendios en North Bay, en 2017: 17 siniestros diferentes que corrieron por los condados de Napa, Sonoma, Solano y Mendocino e incluyeron el fuego de Atlas, que mató a seis, y el fuego de Tubbs, que se cobró 22 vidas.

“Un juez ordenó que, si continuaban promoviendo la seguridad, tenían que incluir que habían sido condenados por seis delitos”, continuó Pitre.

La demanda presentada el lunes por la noche alega que PG&E desvió “los gastos necesarios relacionados con la seguridad para financiar bonificaciones corporativas, aumentar las ganancias de los accionistas y/o para impulsar campañas publicitarias, al tiempo que ignora la naturaleza grave e irreparable de la amenaza a la seguridad pública que representa su infraestructura obsoleta y su ineficaz manejo de la vegetación”.

Pitre destacó en una entrevista que su firma planea presentar entre 60 y 100 demandas por el incendio de Camp en los próximos meses, incluidas varias por homicidio culposo en nombre de las familias que perdieron seres queridos.

Cuando la demandante Louise Howell, quien vivía en Concow, vio la enorme columna de humo el 8 de noviembre, llamó a su madre para advertirle y luego tomó su computadora y la guitarra de su difunto padre. Mientras los metía en su auto, escuchó crujidos; las plantas y unos neumáticos alrededor de una pequeña cabaña en su patio estaban en llamas.

Llamó al 911. El operador la puso en contacto con Cal Fire.

“Los recuerdo diciendo: ‘No creo que podamos ayudarla’”, dijo en una entrevista. “Justo en ese momento, oí que se rompían los vidrios. Mis cortinas se habían prendido fuego, y las llamas entraban en la sala de estar... Grité llamando mi perro. Él no vino”.

La mujer hace una pausa; empieza a llorar. “La cerca de mi entrada estaba completamente envuelta en llamas. Tuve que irme. Cuando estaba saliendo, vi que una casa rodante que tenía mi hijo era una gran bola de fuego. No miré más. Solo conduje”.

Hasta que no pudo hacerlo más. En un momento dado, contó Howell, huyó de su automóvil y se detuvo en las aguas poco profundas en la parte superior del lago Concow. Cuando finalmente estuvo a salvo, su casa había desaparecido. También el hogar de su madre, y los de una nieta y un nieto. Cuatro amigos estaban muertos. Su gata, Liza, y su perro, Satriani, ya no estaban.

Howell demandó a la empresa de servicios públicos, expresó, porque “quiero evitar que PG&E haga lo que está haciendo. No quiero que lastimen a nadie más”.

La Ganga reportó desde Los Ángeles y Marcum desde Chico.

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