Estos guantes ayudan a combatir el COVID-19, pero se fabrican explotando a migrantes
Las prohibiciones comerciales de EE.UU están impulsando reformas laborales en Malasia, que produce dos tercios de los guantes desechables del mundo.
Trabajan turnos de 12 horas, seis días a la semana, en plantas donde las temperaturas pueden superar los 100 grados. Las pausas para el almuerzo son breves, y los días por enfermedad, muy desaconsejados. Si se toma demasiado tiempo para ir al baño, se lo quitarán del próximo cheque de pago.
Cuando termina el turno, se desploman en literas de dormitorios abarrotados, lejos de casa, mirando a los ventiladores de techo, sabiendo que el día siguiente volverá a ser igual, y todo por menos de $1.50 dólares la hora.
Así es la vida para decenas de miles de trabajadores de Nepal, Bangladesh y otros países que trabajan en Malasia para producir uno de los artículos esenciales de la pandemia: guantes de goma.
El COVID-19 creó una oportunidad inesperada para las empresas malasias, que suministran casi dos tercios de los guantes de látex y sintéticos desechables empleados para combatir la contaminación en hospitales, laboratorios, farmacias y cocinas de todo el mundo. Pero las ventas récord han ido acompañadas de un nuevo escrutinio sobre las prácticas laborales, especialmente acerca del trato de los trabajadores migrantes mal pagados que comandan las líneas de montaje.
El ajuste de cuentas está impulsado por una fuente poco probable: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU, que resucitó una ley comercial centenaria para bloquear las importaciones de empresas de guantes de las cuales se sospecha que utilizan trabajo forzado.
Después de años de quejas de grupos de derechos laborales, la agencia prohibió en julio pasado productos de Top Glove, fabricante de una cuarta parte de los guantes del mundo, alegando “pruebas razonables” de que la empresa estaba sometiendo a los empleados a condiciones de vida y de trabajo abusivas, horas extra excesivas y lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llama esclavitud por endeudamiento. Esta última acusación se deriva de la práctica de cobrar tarifas de contratación -desde varios cientos de dólares hasta casi $5.000- que a menudo demoran meses o años en saldarse, atrapando de hecho a los migrantes en empleos hasta que liquiden la deuda.
Una prohibición anterior contra un fabricante de guantes más pequeño llamado WRP fue levantada en marzo pasado, justo cuando el COVID-19 comenzó a afectar EE.UU. Como parte del acuerdo, WRP anunció que reembolsaría hasta $5 millones en tarifas de contratación, que van desde $1.100 a $3.800 por trabajador, durante los próximos 30 meses.
La presión llevó al menos a otras cuatro empresas, incluida Top Glove, a lanzar sus propios planes de repago y renovar los compromisos para eliminar las tarifas de contratación. La firma también señaló que está mejorando las viviendas de los trabajadores en respuesta a las demandas de Estados Unidos.
Los activistas consideran que los pasos son importantes pero insuficientes contra las violaciones sistémicas. Argumentan que los agentes en los países de origen de los migrantes continúan cobrando tarifas y que la industria y sus clientes globales no han tomado medidas contra otros abusos.
“Estos trabajadores han sido víctimas de trabajo forzoso durante años y años”, remarcó Andy Hall, defensor de los derechos de los migrantes, con sede en Nepal. “No basta con darles una pequeña cantidad de dinero y pensar que todo va a estar bien”.
La promesa de Top Glove de reembolsar $12.8 millones en tarifas de contratación a 10.000 trabajadores extranjeros durante el próximo año no dejó impresionados a muchos activistas, especialmente a la luz de los $321 millones en ganancias que la compañía reportó el último trimestre, el más lucrativo de su historia.
Hall expuso que, a menos que la empresa se comprometiera a un pago mayor, podría enfrentar demandas de empleados que denunciaron haber sido sometidos a una forma de esclavitud moderna. “Una cifra cercana a los $50 millones de dólares puede ser más precisa y apropiada”, comentó Hall.
La compañía también llevó a cabo una investigación sobre abuso sexual después de que los trabajadores nepalíes acusaron a un supervisor malasio de violación, comentaron los empleados. Según una circular para trabajadores publicada la semana pasada y vista por The Times, la empresa reconoció el acoso sexual en una de sus fábricas y dijo que establecería líneas directas y apoyo legal para las víctimas. El aviso no indica si algún empleado ha sido disciplinado.
Representantes de Top Glove se negaron a responder preguntas, pero aseveraron que la empresa “sigue totalmente comprometida con el bienestar de los trabajadores” y con las preocupaciones de Estados Unidos.
A pesar de la prohibición, Top Glove se encuentra en la cúspide de una industria malaya que espera vender 112 mil millones de guantes en todo el mundo este año, un 48% más que en 2019. El precio de las acciones de la compañía aumentó más del 400% desde enero, impulsando a su presidente y fundador, Lim Wee Chai, a las filas de los hombres más ricos de Asia.
Los pedidos se han duplicado; el tiempo de espera para nuevos envíos es de un año o más. La empresa está construyendo rápidamente nuevas instalaciones para aumentar la producción a 100 mil millones de guantes en 2021.
En una zona en expansión de fábricas fuera de la capital, Kuala Lumpur, las líneas de producción equipadas con moldes hechos a mano, hornos de fusión de látex y baños químicos funcionan las 24 horas. Los trabajadores afirman que han estado bajo presión para cumplir con cuotas más altas con menos personal, ya que la contratación se ha ralentizado durante la pandemia.
“Es difícil. Tienes que cumplir los objetivos y trabajar continuamente”, reconoció Bahadur, un nepalí que ha trabajado en Top Glove durante seis años y que, al igual que otros de los entrevistados para este artículo, pidió no dar su nombre completo para proteger su empleo.
Los trabajadores ganan un salario mínimo de $290 por mes, que se eleva a más de $400 con incentivos y horas extra. Todos se acercan al límite legal mensual de 104 horas extra, pero este año Top Glove les pidió que trabajaran hasta cuatro horas más en sus días libres, por unos $2 dólares la hora.
La compañía denominó al programa “Héroes por el COVID-19”; grupos de derechos humanos lo denunciaron como ilegal y poco ético. “Los trabajadores tienen un día de descanso después de seis jornadas laborales, y están exhaustos”, reconoció Bahadur. “El pago no fue suficiente. Así que la mayoría de nosotros nos negamos”.
Un empleado llamado Ashok comentó que sus colegas sufren de dolores en el pecho, alergias y picazón, que atribuyen a los productos químicos y al polvo que se usa para cubrir los guantes. Una vez se desmayó por las altas temperaturas, pero dijo que los supervisores generalmente no son comprensivos. “Si llego incluso un minuto tarde al trabajo, por cualquier motivo, la empresa deduce una hora de mi salario”, explicó. “Cuando estamos enfermos, si recibimos una [nota del médico] de una clínica externa, la empresa no la acepta, pero si vamos a una de las clínicas de la empresa, es muy difícil obtener una licencia médica”.
Más de 30.000 migrantes -incluidas personas de Myanmar, Indonesia y Vietnam- trabajan en la industria de guantes de Malasia, que surgió en la década de 1980 para satisfacer la demanda de Estados Unidos y Europa durante la epidemia del sida. Las empresas comenzaron a fabricar látex, producto de los árboles de caucho plantados durante la época colonial británica, pero ahora trabajan más a menudo con materiales sintéticos.
Estados Unidos es el cliente número uno; en 2019 importó guantes de goma de Malasia por valor de $1.600 millones de dólares, según datos federales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que su acción contra dos unidades de Top Glove dejó en claro que “la esclavitud moderna no será tolerada en las cadenas de suministro de Estados Unidos”. La agencia insistió en que no afectaría las importaciones estadounidenses generales de los guantes. Otras subsidiarias de Top Glove, incluidas fábricas en Tailandia y China, siguen siendo elegibles para vender a EE.UU.
Para una agencia que detuvo a casi un millón de personas que cruzaron a Estados Unidos desde México el año pasado, su enfoque en los derechos de los migrantes que se encuentran al otro lado del mundo es relativamente nuevo.
Una ley federal de 1930 prohíbe las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzado o en prisión, pero no fue hasta un cambio legislativo, hace cuatro años, que la agencia pudo apuntar a empresas extranjeras. En los últimos 12 meses emitió 17 prohibiciones, conocidas como Órdenes de Retención de Liberación, contra exportadores de tabaco de Malawi, carbón en polvo de Brasil y algodón de la provincia china de Xinjiang, entre otros productos.
“La ley fue creada para proteger a la industria estadounidense de la competencia extranjera, pero ahora la vemos como una herramienta que se puede aprovechar para los derechos humanos centrados en los trabajadores”, comentó Allie Brudney, miembro legal del Laboratorio de Responsabilidad Corporativa, un grupo de activismo laboral. Sin embargo, agregó que las prohibiciones de importación son instrumentos contundentes que en algunos casos podrían perjudicar a los trabajadores.
La acción de Estados Unidos contra WRP, en septiembre del año pasado, se produjo meses después de que los trabajadores nepalíes y bangladesíes se declararan en huelga por salarios impagos. La prohibición empeoró el ya lamentable estado financiero de la empresa, congeló decenas de millones de dólares en pedidos y amenazó con dejar sin trabajo a miles de personas.
“Por derecho, todas las empresas de guantes en Malasia deberían estar en WRO en este momento”, dijo un ejecutivo de la industria que solicitó el anonimato para discutir la política de Estados Unidos. “Pero eso, por supuesto, crearía un gran problema para el suministro de guantes de Estados Unidos”.
En Hartalega, el segundo mayor fabricante de guantes de Malasia, duermen 40 trabajadores en una misma habitación, en sofocantes dormitorios con literas colocadas a solo unos metros de distancia, incluso durante la pandemia. El año pasado, la compañía dijo que cubriría las tarifas de contratación de nuevos empleados, pero los trabajadores aseguran que se les sigue cobrando a ellos.
Santosh, un nepalí contratado a principios de este año, comentó que cuando visitó una agencia de contratación de Hartalega en Katmandú, le dijeron que no había puestos disponibles. Apenas salió de la oficina, un agente que esperaba allí afuera le dijo que podía conseguirle un trabajo. Santosh terminó pagándole alrededor de $420 y pidió dinero prestado a sus familiares para cubrir la suma. Según la política de la empresa, no es elegible para un reembolso.
Aún así, la pobreza y la falta de trabajo en sus países de origen continúan impulsando a los jóvenes migrantes a Malasia.
Ashok, el trabajador de Top Glove, pidió prestados $2.400 para pagar a los reclutadores en Nepal y trabajó durante más de un año para saldar la deuda, con el 36% de interés. Cada mes, ahorra alrededor de $240 para enviar a casa, gran parte de ellos para pagar un préstamo aún mayor que obtuvo para construir una casa para su esposa, dos hijos y sus padres.
Hasta ahora, destacó, la compañía le ha reembolsado alrededor de $80 en tarifas de contratación. Pero no espera que le devuelvan el pago completo; una vez cancelado el préstamo hipotecario, planea regresar a Nepal.
“Fui a Malasia en busca de un futuro mejor y tenía expectativas de poder ganar más”, reconoció. “Desafortunadamente, es muy difícil quedarse aquí”.
Para leer esta nota en inglés, Malaysia Top Glove
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