México se opone a que sus ciudadanos solicitantes de asilo en EE.UU sean también trasladados a Guatemala
El gobierno de Trump sostiene que los mexicanos no están excluidos de un acuerdo al que llegó para que Guatemala acepte a los solicitantes de asilo que no sean guatemaltecos
México evidenció su oposición al controvertido plan de la administración Trump que enviaría a ciudadanos mexicanos en busca de asilo en Estados Unidos a Guatemala.
“Es una decisión que nos preocupa y con la que no podemos estar de acuerdo”, afirmó el martes la embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena. “Esto no fue consultado con nosotros. Es una determinación que tomaron con Guatemala”.
De acuerdo con los documentos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU obtenidos por The Times, la administración Trump sostiene que los ciudadanos mexicanos no están excluidos de un convenio alcanzado en julio pasado para que Guatemala acepte a solicitantes de asilo que no son guatemaltecos.
Ashley Caudill-Mirillo, subdirectora de la división de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU, escribió a las oficinas locales el 4 de enero e indicó que la inclusión de mexicanos en el acuerdo de Guatemala “entraba en vigor, de inmediato”.
“Los ciudadanos mexicanos ahora están incluidos en la población susceptible para los fines de la ACA de Guatemala”, escribió, utilizando el acrónimo del pacto con esa nación, formalmente conocido como el Acuerdo de Cooperación de Asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si los funcionarios de la administración Trump consultaron a México antes de emitir la directiva sobre sus ciudadanos. Cuando se le preguntó sobre el tema en su conferencia de prensa matutina el martes, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, respondió que “no tenía información” sobre el asunto.
También parecía haber confusión sobre la política en Guatemala. Alejandra Mena, una portavoz del instituto de inmigración del gobierno, expuso que si bien ha habido “conversaciones sobre la cuestión” de los solicitantes de asilo mexicanos, el “acuerdo implica la transferencia de hondureños y salvadoreños únicamente”.
La política vigente impide que los mexicanos, y cualquier solicitante de asilo que llegue a la frontera entre México y Estados Unidos que no sea guatemalteco, busque protección en Estados Unidos, y los envía en cambio a más de 1.000 millas al sur.
Estados Unidos intenta expulsar a los peticionarios de asilo mexicanos a Guatemala, pero la nueva política pronto podría afectar a unos 900 solicitantes mexicanos, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado emitido el lunes por la noche, en el cual señaló su “desacuerdo”.
En 2010, la policía mató a un hombre que hablaba un idioma indígena y no cumplió con las órdenes en inglés y español. Ahora, están recibiendo ayuda para encontrar intérpretes y mejorar la comunicación.
Las autoridades mexicanas “trabajarán para ofrecer mejores opciones a sus ciudadanos que podrían verse afectados”, indicó el comunicado, sin proporcionar más detalles.
El martes, en un campamento de miles de peticionarios de asilo en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, a Manuela Moráles le preocupaba que ella y sus dos hijos -todos ciudadanos mexicanos que habían esperado dos meses para pedir ese beneficio en Estados Unidos- ahora pudieran ser enviados a Guatemala en su lugar.
“Imagínense si nos envían allí”, expresó Moráles, de 37 años, quien es originaria del estado de Chiapas, en el sur de México y teme que las pandillas en Guatemala la ataquen por su nacionalidad. “Nos matarán, directamente”, dijo.
Estados Unidos comenzó a implementar el acuerdo con Guatemala en noviembre pasado, y hasta ahora lo ha aplicado sólo a personas de Honduras y El Salvador, según Mena, el funcionario guatemalteco. Noventa y siete solicitantes han sido trasladados a la ciudad de Guatemala, incluidos 45 durante el lunes y martes. De ellos, seis inicialmente optaron por pedir asilo en Guatemala, pero cinco desde entonces desistieron de sus solicitudes.
Acuerdos similares con El Salvador y Honduras son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de EE.UU para básicamente poner fin a los pedidos de asilo en la frontera sur estadounidense.
El presidente Trump y sus principales asesores consideran a la mayoría de los solicitantes que llegan a la zona limítrofe como inmigrantes por temas económicos, que intentan abusar de las leyes para ingresar a Estados Unidos.
Mientras tanto, defensores de migrantes, académicos y funcionarios en Estados Unidos, México y Guatemala, han denunciado la política. Por ley, los migrantes que llegan a la frontera tienen derecho a solicitar asilo en EE.UU.
Guatemala, al igual que sus vecinos centroamericanos, tiene una infraestructura insignificante para manejar las peticiones, a pesar de las garantías emitidas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU de que el secretario interino de Seguridad Nacional y el fiscal general certificaron que los peticionarios trasladados a Guatemala en virtud del acuerdo “tendrán acceso a un procedimiento completo y justo para determinar sus reclamos de protección”.
El número de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador que llegaron a la frontera estadounidense alcanzó el máximo en una década en mayo de 2019, pero disminuyó precipitadamente en los últimos meses a medida que México, bajo presión de EE.UU, tomó medidas enérgicas con los migrantes que se desplazan a través del territorio mexicano.
Con la inscripción en curso en la California Cubierta, los consumidores se preguntan si califican para recibir subsidios.
La administración Trump también atribuye la caída a la política Permanecer en México, según la cual más de 50.000 solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos, fueron enviados de regreso a ese país vecino desde el año pasado para esperar allí el resultado de sus casos en Estados Unidos, un proceso que puede prolongarse durante meses. Se sabe que los peticionarios de refugio se enfrentan a largas esperas en México, lo cual desanima a los posibles migrantes a hacer el viaje e incita a otros a abandonar sus esperanzas y regresar a sus hogares.
Al mismo tiempo, los funcionarios de Seguridad Nacional se han alarmado por un fuerte aumento en el número de mexicanos que intentan ingresar a Estados Unidos. En los meses de octubre y noviembre pasados, casi 13,000 de ellos llegaron a los puertos de entrada, en comparación con poco más de 1,000 de los tres países centroamericanos, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
Miles de mexicanos han esperado en fila para presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos. Muchos provienen de estados asolados por la violencia, como Guerrero y Michoacán, o del estado sureño de Chiapas, donde los conflictos sobre la tierra y la religión han provocado durante mucho tiempo fuerte violencia y el desplazamiento forzado de las comunidades.
Los peticionarios de asilo mexicanos han sido uno de los últimos grupos restantes con una vía de protección en Estados Unidos, porque las leyes estadounidenses e internacionales en general prohíben que quienes solicitan dicho beneficio sean devueltos por la fuerza a los países de los que huyen.
En diciembre, el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, tuiteó que los funcionarios estadounidenses consideraban trasladar a los ciudadanos mexicanos que piden ser asilados, a Guatemala. Las autoridades de EE.UU habían señalado inicialmente que el acuerdo con Guatemala se centraba en los centroamericanos, y los representantes guatemaltecos aseguraron, cuando se firmó el pacto, que este se aplicaría sólo a hondureños y salvadoreños.
Funcionarios estadounidenses también señalaron que el convenio con Guatemala se implementaría lentamente, comenzando con un “programa piloto” en El Paso y limitado al principio a los adultos solteros. Pero el 10 de diciembre comenzaron a trasladar con sigilo a familias centroamericanas por primera vez.
Incluso si el asilo les es rechazado por Guatemala, los solicitantes no tienen otra oportunidad de volver a EE.UU. Una vez trasladados, se les puede prohibir el reingreso durante cinco años o más, según la orientación brindada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
En Matamoros, Moráles y dos amigas, también solicitantes de asilo mexicanas, planean aguardar en el campamento fronterizo y esperan que la última política de la administración Trump no se aplique a ellas. “Es mejor para nosotras morir aquí...”, dijo Rocío Bautista, de 29 años.
“En nuestro México”, agregó Moráles.
McDonnell reportó desde Ciudad de México y O’Toole desde Washington. Las redactoras de planta del Times Cindy Carcamo, en Los Ángeles; Molly Hennessy-Fiske, en Matamoros y Cecilia Sánchez, del buró de The Times en la Ciudad de México, contribuyeron con este artículo.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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