OPINIÓN: En México la corrupción, el narco y las empresas mineras han propiciado la guerra por el agua
Lo inimaginable ha comenzado a suceder: el agua ya se cotiza como una mercancía más en la bolsa de valores de Wall Street. Desde esta semana, el valor intrínseco de ese recurso indispensable para la vida ya tiene un precio económico que, debido a su escasez, fluctuará en los mercados como lo hacen el oro, la plata, el petróleo o el maíz.
Sin duda la distopía del mundo futuro ya nos ha alcanzado. Hasta hace apenas unos años era solo una ficción la posibilidad de que el agua pudiera alcanzar un precio económico y con ello hacer que el acceso a este recurso fuera vedado para los que menos tienen. Hoy eso es una realidad. La humanidad entera se encamina a un mundo en donde el agua ya no será de todos.
En Estados Unidos se ha dado el primer paso para que los que más dinero tienen sean los dueños del agua; el lunes, en la bolsa de valores de Wall Street -a través del índice Nasdaq, por parte de la firma Veles California Water, se colocó al mejor postor el primer bono denominado NQH2O, con el que se fijó el primer precio de referencia para el agua como mercancía a nivel mundial.
El precio con el que arrancó la comercialización del agua en la bolsa de valores de Wall Street fue de 0.39 centavos de dólar por metro cúbico, que es un precio de menos de la mitad del que cobra en México el gobierno federal al sector industrial cada metro cúbico de agua, el que actualmente se ubica a razón de 19.30 pesos.
Pero a pesar de la disparidad de precios establecidos para el agua, tanto en Estados Unidos como en México no hay diferencia sobre la nueva realidad del vital líquido: el arrebato de ese recurso a la población, es igual. En EE.UU se arrebatará el agua a través del dinero, mientras que en México se sigue dando mediante la violencia y la corrupción de por medio.
Y es que a las crisis de violencia y corrupción que hoy lacera a los mexicanos, se suma otra igual de grave, una que en los últimos años a causa de la inoperatividad del Estado ha venido creciendo de manera discrecional y subrepticia: el arrebato del agua a la población.
Sí, en México, pese a que la Constitución establece en su artículo 4, párrafo seis, que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, esto no es posible. La justa distribución del agua se encuentra cada vez más lejos de la realidad.
Y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad administradora del vital líquido, bajo una mal entendida política de desarrollo económico ha preferido ceder el derecho al uso del agua a los grandes corporativos de la planta industrial y de la industria agroalimentaria transnacional, a costa del desabasto de un amplio sector de la población.
Eso es lo que ha ocasionado que hoy se registren en todo el territorio nacional por lo menos 916 conflictos violentos, en donde la población, por la disputa del agua, ha iniciado una guerra frente a los corporativos industriales. Es una guerra a muerte, porque la posesión del agua implica la supervivencia de las dos partes.
El caso más reciente, que evidencia el grado de confrontación al que ha llevado la posesión del agua en suelo mexicano, es el que se registra en la zona de Camargo y Delicias, en el estado de Chihuahua, en donde grupos de campesinos armados han decidido defender su derecho al uso del agua contenida en la presa La Boquilla.
En este caso, el Estado por su parte, haciéndose del lado de la planta industrial y agroalimentaria transnacional, ha decidido aplicar la fuerza para garantizar el suministro del vital líquido a los corporativos privados y a las poblaciones del sur de Estados Unidos, esto último como parte del tratado de aguas internacionales que mantienen México y el gobierno de la Unión Americana.
La disputa en Chihuahua, que ya cobró la vida de dos personas y mantiene encarcelados a por lo menos tres líderes campesinos, es solo la punta del iceberg del conflicto que se vive en México por la posesión del agua. Este es un conflicto que amenaza con crecer, por el solo hecho de que hoy son más de 13 millones 200 mil las personas que no cuentan con agua en sus domicilios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el crecimiento poblacional y la expansión de la planta industrial, pero sobre todo la desigual distribución del agua, han hecho que la población en general vea reducidos considerablemente los volúmenes de agua per cápita.
Según los datos del INEGI, en 1910 cada mexicano podía tener acceso a un volumen de 31 mil metros cúbicos de agua al año, en 1950 el volumen de agua por mexicano disminuyó a 18 mil metros cúbicos, para 1970 el acceso al agua por persona en México era de solo 10 mil metros cúbicos, para 2005 el volumen de agua por persona disminuyó a solo 4 mil 573 metros cúbicos, para 2010 fue de 4 mil 230 metros cúbicos, y se estima que en 2020 cada mexicano solo tiene acceso a menos de 2 mil metros cúbicos de agua al año.
Esto no es fortuito, ni obedece al agotamiento de las fuentes naturales de suministro. Se debe principalmente a la política oficial del gobierno mexicano que, a través de la Conagua, ha privilegiado la entrega del agua a la planta industrial y agroalimentaria, principalmente de los grandes corporativos transnacionales.
Así, de cada 100 metros cúbicos de agua que corren por los ríos, afluentes o arroyos o que se encuentran almacenados en los mantos freáticos de las 13 regiones hidrológicas del país, por lo menos 86 de ellos están entregados en concesión a los sectores agroalimentario, industrial y de las termoeléctricas. Solo 14 metros cúbicos se destinan para atender las demandas de uso diario de la población.
Producto de la corrupción
La desigual distribución del agua en México, que ha propiciado brotes de violencia en todo el país, no es causa del azar. Es resultado de la corrupción de la clase gobernante, la que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto consolidó un marco jurídico encaminado a favorecer el uso industrial del agua antes que atender las demandas de la población.
El despojo del agua también es alentado por la corrupción empresarial, la que –según lo refiere el Reporte Global de Fraude y Riesgo 2017 de Kroll-Forrester Consulting- en los últimos años ha ido en aumento, y ha permitido que muchas compañías consoliden su expansión, con base en los sobornos.
Según lo señala la firma Kroll-Forrester Consulting, solo en 2016 la práctica de la corrupción y el soborno empresarial hacia sectores del gobierno mexicano creció en un 18 por ciento con relación al año inmediato anterior. Eso hizo que el gobierno mexicano se colocara como el segundo más corrupto de todo el mundo, solo después del gobierno de Rusia.
En México, según refiere el informe citado, las prácticas más comunes son el uso de relaciones personales o familiares de directivos de empresas con funcionario del gobierno para conseguir contratos públicos, así como los sobornos a políticos de alto nivel o de partidos políticos, y los sobornos a funcionarios de nivel inferior para acelerar trámites, donde la concesión del agua no queda exenta.
Solo así se entiende cómo es que en los últimos dos gobiernos federales el agua de uso común ha pasado al control de empresas privadas, para favorecer sus actividades económicas. Un sondeo propio realizado entre 110 posesionarios industriales de agua en 18 estados del país revela que la corrupción está presente en los trámites de permisos para la perforación de pozos y la obtención de concesiones de uso de agua.
El narco en el negocio del agua
El modelo de corrupción establecido en la distribución del agua en México ha traído otros problemas igual de graves en la disputa por el agua. La presencia del crimen organizado en estos conflictos ya es una realidad. Grupos de los cárteles de Sinaloa, Caballeros Templarios, Los Zetas y de los Hermanos Beltrán Leyva ya participan en esta actividad rentable.
Se ha detectado que por lo menos 16 células criminales de dichos cárteles hoy venden sus servicios delictivos a los grandes corporativos empresariales que se han apropiado del agua. La labor de estas células criminales es la de disuadir los movimientos sociales por medio de la persecución e intimidación de activistas de la defensa del agua.
La presencia de los grupos criminales en los conflictos por el agua se ha detectado en todo el territorio nacional, pero con mayor frecuencia se registra en los estados de Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Zacatecas, que son los estados donde se extrae la mitad del agua que utilizan las empresas asentadas en el país.
Los grupos criminales que trabajan para las empresas consumidoras de grandes volúmenes de agua en México no es una suposición, es un hecho reconocido por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos, las que así lo plasman en el “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, entregado a la ONU.
En dicho informe se asienta que “en México prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios particulares”. Este documento se entregó al relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, en ocasión de su visita a México en mayo de 2017.
Allí se reveló que las industrias de desarrollo han despojado a comunidades enteras de su derecho al agua, un proceso que se recrudeció a partir de la reforma energética que promovió el gobierno de Peña Nieto desde 2013, en donde se establece que las actividades de exploración y explotación del subsuelo de las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie, recursos naturales y del subsuelo.
Tan solo al cierre de 2019 se registró una insostenible desproporción de uso del vital líquido para fines industriales frente a los de uso doméstico. En el ámbito minero, por ejemplo, una planta de mediana proporción utiliza en un solo día el agua que sería suficiente para el sostenimiento de una población de 60 mil habitantes durante un año.
No es de extrañar que los conflictos sociales se acentúen en aquellas entidades con vocación minera, como Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, donde se concentra casi 75 por ciento de los problemas de disputa por el agua y donde la delincuencia organizada defiende los intereses de los corporativos.
Del agua a la violencia
La guerra por el agua ha costado sangre y libertad a los defensores de derechos ambientales y del derecho al agua en México. En los últimos siete años han sido asesinadas 136 personas que estaban al frente de movimientos de defensa del agua, otras 141 han sido encarceladas, por lo menos 172 cuentan con orden de aprehensión por delitos fabricados, mientras que 74 se encuentran desaparecidas y por lo menos 273 líderes comunales han tenido que desplazarse ante las amenazas de muerte.
Resulta significativo que las agresiones contra los activistas tienen mayor incidencia en poblaciones aledañas a las cuencas hidrológicas de mayor explotación industrial, entre ellas las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana.
La Comisión Nacional del Agua reconoce que esas cuencas hidrológicas, hacia finales de 2019, representaban el mayor grado de explotación minera, al aportar un promedio anual de 328.4 millones de metros cúbicos de agua. Esta cantidad de agua equivale a la que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa casi 0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.
Al consumo de la industria minera se deben agregar los volúmenes de líquido de otras industrias como la agroalimentaria, que no son menores y también significan un arrebato a la población. Tan solo a la industria autoabastecida —empresas que toman el agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos—se le otorgan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 metros cúbicos de agua por año.
El privilegio de las minas
De acuerdo con lo que refiere el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) del gobierno federal, los mayores posesionarios de derechos de agua no son los gobiernos municipales o estatales, que deben atender la demanda de agua de la población. Los principales posesionarios son las empresas privadas dedicadas a la minería, la agroindustria y las bebidas embotelladas.
Un estudio realizado por la Fundación Heinrich Böll en colaboración con la organización CartoCrítica, refiere que el Grupo México, del giro minero, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, es el que tiene la mayor cantidad de concesiones de agua: este consorcio es dueño de 142 títulos que amparan el uso directo, sin restricción, de más de 90 millones 612 mil 942 metros cúbicos de agua al año.
De esas concesiones, la mayoría logradas gracias a las buenas relaciones del empresario con las élites de gobierno, por lo menos 103 son para la operación de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea; 14 para Industrial Minera México y 11 para Mexicana de Cananea, todas ubicadas en el mismo municipio, en donde la población no está abastecida en su totalidad, y donde la mayoría de los trastornos de salud tiene su causa en la escasez del líquido.
La segunda empresa a escala nacional con la mayor cantidad de títulos de concesión de uso de agua también es una minera: la canadiense Goldcorp Inc., propiedad de Ian Telfer, que cuenta con 74 permisos, los cuales le permiten utilizar hasta 47 millones 656 mil 034 metros cúbicos de agua al año. De ellos, 63 son para la operación de la empresa Peñasquito, ubicada en una zona semidesértica de Zacatecas, donde las poblaciones de Mazapil y Salaverna no cuentan con el abasto mínimo de agua.
Por su parte, el Grupo Cemex, de Fernando A. González, se ha hecho de 48 concesiones, que amparan un suministro anual de hasta 12 millones 903 mil 727 metros cúbicos de agua, los cuales permiten la operatividad de sus 17 plantas industriales, tanto de extracción como de trituración de derivados pétreos, que se extienden a lo largo de todo el territorio nacional.
La Minera Frisco, empresa de Carlos Slim, es otro de los gigantes de la industria consumidora de agua. Tiene 36 concesiones que amparan el uso irrestricto de hasta 10 millones 251 mil metros cúbicos de agua al año. Ocho de esos permisos son para la mina Real de Ángeles, ubicada en el desierto de Mexicali, donde los pobladores de San Felipe no cuentan con el abasto regular del vital líquido.
Para entender la forma en la que el agua se ha entregado al sector minero, hay que hacer un simple comparativo; por ejemplo, los 90 millones 612 mil 942 metros cúbicos de agua que utiliza el Grupo México en un año son suficientes para el sostenimiento de la vida cotidiana durante ese mismo período en una población equivalente a la de la ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Navojoa, Guaymas, Texcoco o Tulancingo.
Goldcorp Inc., Cemex y Frisco hacen un gasto equivalente de agua al que realiza en promedio 30 por ciento de los municipios de todo el país con poblaciones que oscilan entre los 2 mil 500 y los 15 mil habitantes, donde al menos una décima parte de la población carece de acceso al agua entubada en sus domicilios.
Efectos sobre la Salud
La falta de agua por el elevado consumo de la industria ha obligado a centenares de poblaciones a buscar el suministro en profundidades cada vez mayores, en donde el agua se encuentra contaminada por arsénico, la que al consumirse hace que el semimetal se acumule en las extremidades ocasionado severos problemas a la salud.
“El arsénico en el agua es un detonante de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, lo que ocasiona que se eleve el índice de mortalidad por estos padecimientos”, explicó el doctor Uriel Galván Vásquez, médico de la comunidad de Horizonte, en el estado de Durango.
En esta localidad, situada en la zona de la Laguna se registra uno de los fenómenos de salud más graves relacionados con el consumo de agua contaminada con arsénico: en los últimos 12 años más de 46 personas, adultos mayores principalmente, han tenido que ser amputados de alguna de sus extremidades, a causa de la acumulación de arsénico.
De acuerdo al doctor Uriel Galván, el consumo de agua con arsénico en la localidad de Horizonte, también ha hecho que se disparen los casos de cáncer, lesiones cutáneas, padecimientos cardiovasculares y algunas de manifestación neutrónica, lo que coloca a esta parte de La Laguna como uno de los epicentros nacionales de enfermedades en adultos mayores.
De los pocos amputados que aún sobreviven en esta región, Juan Jáquez Muñoz, de 82 años de edad, dio testimonio de cómo fue menguando su salud al consumir agua contaminada por arsénico durante más de dos décadas; hoy se encuentra amputado de una pierna y sufre problemas de orientación, lo que lo mantiene postrado en su cama y a veces sujeto a una silla de ruedas.
También está el caso de Jose Ángel Contreras de 74 años, que a causa del consumo de agua contaminada con arsénico se agravó su problema de diabetes y sufrió la amputación de una de sus piernas. El resto de los amputados en esta localidad ya falleció, a raíz de las condiciones de salud que se agravaron por el consumo del agua contaminada, que es la única a la que tienen acceso, luego que los mayores volúmenes se destinan a la industria agroalimentaria.
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