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México

Escasez de combustible en México: ¿una crisis causada por el nuevo presidente?

gasolina

José Alberto Nava duerme toda la noche en su vehículo, en la carretera de Tlalpán, esperando que llegue la gasolina, el viernes, a la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la escasez a un sabotaje en un gasoducto (Getty Images).

(Getty Images)

Menos de seis semanas después de asumir el cargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a una crisis que él mismo creó, y que amenaza con recortar su popularidad y empeorar la ya lenta economía de su país.

Un déficit de gasolina derivado de su decisión de cerrar las tuberías para combatir el robo de combustible, provocó el cierre de cientos de estaciones de servicio e interminables filas de espera, que generaron desesperación entre los ciudadanos en gran parte de esa nación.

En México, las noticias están dominadas por imágenes de personas en sus vehículos, que hacen fila para comprar gasolina; en algunos casos, los automovilistas pasan la noche en las estaciones de servicio, con la esperanza de que las instalaciones abran al día siguiente.

También se generaron algunas protestas dispersas y bloqueos de carreteras, en un país donde el petróleo se considera un componente esencial del patrimonio nacional. Hace dos años, las alzas en los precios del combustible provocaron disturbios y saqueos.

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Los nervios de la población se están desgastando nuevamente y los alterados líderes empresariales advierten de un daño a largo plazo, en una economía ya en modo de crecimiento lento.

La policía escolta camiones de combustible en la Ciudad de México, mientras que miles de soldados fueron enviados a vigilar refinerías, depósitos de gasolina y otras infraestructuras energéticas que enfrentan amenazas de sabotaje a manos de bandas organizadas de delincuentes.

“Ahora aguardamos en fila para comprar gasolina; espero que en el futuro no lo hagamos para comprar pan, azúcar, leche”, afirmó Julia Rendón, de 41 años, una agente de bienes raíces que aguardaba para comprar combustible en la capital mexicana. “Esta situación es muy preocupante; espero que no nos convirtamos en otra Venezuela”.

Mientras fue elogiado por perseguir a los especuladores del mercado negro del combustible, López Obrador, quien asumió la presidencia 1 de diciembre de 2018 con un índice de popularidad del 65% o más, fue ampliamente atacado por cerrar abruptamente las tuberías sin un plan efectivo de distribución alternativa. Eso dejó a gran parte del país sin gasolina, aunque él insiste en que no hay escasez, solo un cuello de botella temporal.

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“Combatir el robo de combustible es una decisión magnífica”, escribió Alejandro Hope, analista de seguridad y columnista del periódico El Universal. “Pero no a cualquier costo; no poniendo a regiones enteras del país al borde de la parálisis, no generando una psicosis colectiva que amenaza la estabilidad social y la marcha de la economía”.

Los críticos, largamente escépticos de los planes populistas y de izquierda de López Obrador, describieron el episodio como las acciones apresuradas y mal planificadas de un mandatario famoso por su obstinación y su creencia casi evangélica en la virtud de sus decisiones.

“La crisis en el suministro de gasolina es solo la primera de muchas que vendrán”, anticipó el economista Jorge Suárez-Vélez, en el periódico Reforma.

Los políticos de la oposición aprovecharon la oportunidad para atacar a un presidente que fue elegido en forma aplastante en 2018, y que ahora controla efectivamente a ambas cámaras del congreso mexicano, lo cual lo convierte en el líder más poderoso del país en una generación.

“Damos la bienvenida a la batalla contra el robo de gasolina”, afirmó ante los periodistas Silvano Aureoles, gobernador opositor del estado occidental de Michoacán. “Pero no a costa de bloquear la economía y causar problemas peores. El remedio nos está costando más que la enfermedad”.

Por su parte, López Obrador se negó a proporcionar un calendario estimado para la reapertura de las tuberías. El mandatario instó a los automovilistas a que no llenen los tanques sin necesidad o compren combustible por “pánico”, al tiempo que animó a los ciudadanos a denunciar el robo de gasolina.

Ante los reporteros, el 11 de enero, un típicamente combativo López Obrador afirmó: “Veamos quién retrocede primero”, desafiando a los ladrones de combustible. “Porque vamos a evitar que roben gasolina”.

El presidente, que ha prometido una “transformación” nacional, hizo de la lucha contra la corrupción su prioridad máxima, y señaló especialmente el robo de combustible. Según las autoridades, ese hecho implica una alianza entre el crimen organizado y los funcionarios cómplices, incluidos políticos, policías, empleados y contratistas de Petróleos Mexicanos, Pemex, el gigante de la energía del estado.

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La paradoja de un país en el que el presidente insiste en que hay abundantes reservas de combustible —"Tenemos suministros a largo plazo”, dijo repetidamente López Obrador— pero donde las filas en las gasolineras se convirtieron de repente en la norma, es una ironía que no pasa desapercibida para los mexicanos.

“Sin gasolina, no tengo manera de ganarme la vida y alimentar a mi familia”, aseguró Arturo Díaz, de 54 años, un taxista que llevaba dos horas esperando en la capital mexicana para llenar el tanque de su auto. “Si no puedo encontrar combustible aquí, lo compraré en el mercado negro. No puedo perder más días sin trabajar”.

La crisis surgió de la decisión del presidente, a fines de diciembre, de alterar el proceso nacional de distribución de combustible en un intento por reducir el robo masivo de gasolina, que según el gobierno representó una pérdida de $3 mil millones para Pemex en 2018.

Gran parte del robo proviene de bandas criminales organizadas, conocidas como huachicoleros, que se conectan sistemáticamente a las tuberías, desviando el producto para venderlo en el mercado negro. El problema de larga data empeoró en los últimos años, y se traduce en tiroteos ocasionales entre los bien armados ladrones de gasolina y las autoridades.

El año pasado, Pemex detectó más de 12,500 conexiones ilegales en tuberías, casi cuatro veces más que en 2014.

Pero poner fin al fraude de los huachicoleros, dicen los expertos, puede ser tan difícil como desmantelar los cárteles de la droga que dominan gran parte del país.

La extensa red de oleoductos de México atraviesa zonas aisladas, donde los ductos son blancos fáciles para las pandillas —algunas vinculadas con las redes de narcotraficantes—, que tienen conocimientos especializados sobre cómo conectarse a estos. Se dice que el robo de combustible y las ventas de gasolina en el mercado negro sustentan comunidades enteras en estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo.

A fines de diciembre, el gobierno trasladó gran parte de la distribución de gasolina del país a las carreteras, donde los camiones cisterna —menos vulnerables al robo que los ductos— debían transportar combustible a las estaciones de servicio. La razón del cierre del ducto, señaló el presidente, fue identificar fugas y puntos vulnerables en la red.

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Sin embargo, no había suficientes camiones cisterna listos para cubrir el volumen de combustible que normalmente se mueve a través de las tuberías. Cómo este hecho esencial fue pasado por alto sigue siendo una fuente de desprecio en la prensa y las redes sociales.

“Lo más increíble de la crisis del suministro [de gasolina] es que fue autogenerada”, tuiteó Mario Campos, profesor de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. "¿No se le ocurrió a nadie en el equipo del presidente... que debían resolver el problema de la distribución ANTES de cerrar las tuberías?”

El fin de semana pasado, la escasez de combustible comenzó a notarse en lugares como el estado de Jalisco, en la costa del Pacífico; el centro automotriz de Guanajuato y el estado del golfo de Tamaulipas. La escasez pronto se extendió a otros estados y al área metropolitana de la Ciudad de México, hogar de unos 25 millones de personas.

El presidente envió a más de 4,000 soldados para proteger las rutas de suministro, las refinerías y otras instalaciones de Pemex. Las autoridades acusaron a las pandillas de sabotear la infraestructura de Pemex.

Pero, una vez que se reabran los ductos —lo cual inevitablemente harán, según los expertos, ya que no hay una alternativa rentable— no habrá suficientes tropas y policías para defender las casi 1,000 millas de tuberías de los explotadores ilegales.

“Los soldados no pueden quedarse [para siempre], y es demasiado caro usar camiones cisterna”, tuiteó Gonzalo Monroy, un asesor de energía. “Vamos a volver a las tuberías. Y... una vez más, ellos (los ladrones) las atacarán, las perforarán y se conectarán. Es el perpetuo juego del gato y el ratón”.

Cecilia Sánchez, en la corresponsalía del Times en Ciudad de México, contribuyó con este artículo.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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