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Opinión

Opinión: Trabajé en la investigación a Bill Clinton, y merecía el juicio político. Las acciones de Trump son aún peores

Bill Clinton
El ex presidente Clinton, poco después de que la Cámara de Representantes votara para acusarlo. (Associated Press)
(Associated Press)

En Washington, D.C., es un principio rector que “el encubrimiento” siempre es peor que el delito. El presidente Trump ha alterado esa noción.

Hasta ahora, la sabiduría convencional tenía mucha base empírica: no hay evidencia, por ejemplo, de que Richard Nixon supiera de antemano sobre el robo del Watergate. Renunció a su cargo porque encubrió un “robo de tercera categoría”, sobre el cual no tuvo ningún papel en su planificación o realización.

Del mismo modo, Bill Clinton tuvo un affair de mal gusto con la pasante Mónica Lewinsky, una conducta que, en nuestra era del #MeToo, parece más cuestionable que nunca. Pero su juicio político no fue por mal comportamiento; más bien fue por su perjurio y la obstrucción de la justicia al ocultar ese asunto al pueblo estadounidense y, al final, a los tribunales federales. Hasta hace poco, los delitos más atroces de Donald Trump se debían principalmente a sus múltiples actos de obstrucción de la justicia en la investigación realizada por Mueller sobre sus conexiones con Rusia.

El presidente Trump estaba pasando página en la investigación de Rusia cuando inmediatamente se vio envuelto en un escándalo completamente nuevo.

Ahora, sin embargo, todo es diferente. El presidente Trump es objeto de una investigación de juicio político que aborda directamente preocupaciones sobre su conducta personal oficial. Y la diferencia entre un encubrimiento y un delito es significativa.

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Para entenderlo, se puede comparar la investigación de destitución de Trump con la de Clinton.

Fui abogado principal en la Oficina del Fiscal Independiente durante la investigación de Clinton, y no deseo de ninguna manera minimizar la importancia de las acusaciones en su contra. Pero en ese caso, el contacto de Lewinsky con Clinton había sido consensuado, aunque moralmente reprensible por parte del presidente. Fue decisión de Clinton obstruir la justicia al mentir sobre su conducta bajo juramento, lo cual desencadenó la acusación de destitución. Al final, no fue exonerado de su cargo, pero el juez federal que presidió el caso lo consideró en desacato civil por mentir bajo juramento.

A diferencia de Trump, Clinton era algo receptivo a las críticas y apreciaba la gravedad de su situación política a medida que avanzaba la investigación de juicio político.

La conducta de Clinton quitó autoridad a su gobierno en la medida en que exigimos honestidad y adhesión al estado de derecho de todos los ciudadanos, y especialmente del presidente. Las frívolas pretensiones de privilegio ejecutivo de Clinton mientras intentaba evitar la exposición de su asunto personal socavaron su autoridad presidencial. Pero esa conducta, aunque fue mucho peor que una simple “mentira piadosa sobre sexo”, no implicó directamente el mal uso de su autoridad presidencial. Ese abuso ocurrió sólo en sus intentos de encubrir sus acciones.

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Los actos de Trump al pedir la interferencia de Ucrania en los asuntos políticos de Estados Unidos son muy diferentes. Sus acciones lo implican en un abuso personal de la autoridad presidencial.

En primer lugar, está el uso de Trump de su cargo para solicitar una investigación del hijo de su oponente político. Esto fue un mal uso de la autoridad en varios niveles. En su forma más básica, un mandatario nunca debería pedir la investigación de un ciudadano estadounidense a una nación extranjera. Si un ciudadano ha cometido presuntos actos delictivos, la respuesta adecuada es pedirle al FBI que investigue.

Segundo, es un delito federal solicitar o recibir algo de valor de un ciudadano extranjero en ayuda de una elección federal. Según el jefe de la Comisión Federal de Elecciones, una investigación de su oponente político (y recibir los “trapos sucios” resultantes) es algo de valor según la ley. Entonces, al pedir una indagación sobre Biden, Trump cometió directamente actos que se elevan posiblemente al nivel de un delito de responsabilidad o delito menor.

Todo esto es cierto incluso antes de considerar si la retención del presidente del apoyo político y la ayuda militar como palanca para forzar la asistencia de Ucrania con la investigación de Biden constituye un toma y daca (toma y dame a cambio). Si agrega ese contexto, un mandatario que retiene fondos de ayuda extranjera autorizados por el Congreso para promover su propio interés político, el abuso de autoridad se vuelve aún más palpable.

Y ahí radica la diferencia esencial que distingue el caso de Trump del asunto de Clinton. Hoy, a diferencia de 1998, el abuso de la confianza pública está directamente relacionado con la conducta del presidente en los asuntos exteriores de Estados Unidos. Es precisamente el tipo de enredo internacional que preocupaba profundamente a nuestros fundadores.

James Madison temía que un mandatario “traicionara su confianza ante potencias extranjeras”. Otro de los padres fundadores, Gouverneur Morris, de Pensilvania, al principio se opuso a incluir una cláusula de juicio político, pero luego aceptó porque comprendió que necesitábamos un recurso para “el peligro de ver al primer magistrado dominado por el extranjero”.

En el pasado, hemos enfrentado destituciones presidenciales donde el encubrimiento fue el abuso. Lamentablemente, ahora cuestionamos el uso oficial de la autoridad por parte de un presidente. Cada juicio político establece un precedente que resuena en la historia. Quienes participan en la evaluación del comportamiento del presidente Trump deben proceder con cautela, para no establecer un precedente que apruebe el uso de la autoridad presidencial para beneficio personal. Esa desafortunada elección dejaría una mancha en el tejido de la sociedad durante mucho tiempo.

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Paul Rosenzweig fue abogado principal de Kenneth Starr en la investigación de Whitewater y subsecretario adjunto de Seguridad Nacional en la administración George W. Bush. Es miembro sénior del R Street Institute y administra la firma de consultoría de ciberseguridad Red Branch Consulting.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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