Opinión: Necesitamos la verdad completa sobre el programa de tortura de la CIA

La nueva película “The Report” es una poderosa narración de la historia de la investigación del Senado sobre los horrores del programa de tortura de la CIA y la lucha para permitir que el público vea lo que el gobierno había hecho en su nombre.

Sin embargo, hasta el día de hoy, el informe completo de 6.700 páginas producido por el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia que detalla el programa de la CIA de detención, tortura y otros abusos contra detenidos después de Septiembre 11 sigue siendo un secreto después de años de litigios.

La CIA calificó sus métodos como un “interrogatorio mejorado”, un eufemismo para la tortura utilizado para romper las mentes y los cuerpos para inducir miedo y desesperación. Las técnicas incluyeron la conocida como ‘submarino’ y otros ahogamientos simulados, violencia física, privación del sueño con la música a todo volumen, desnudez y estar de pie forzado en posiciones dolorosas durante horas.

Nada de esto es legal, pero la CIA trató de justificar su crueldad alegando que obtuvo información precisa.

Nuestro país entabló un debate sobre la efectividad de la tortura al que el resumen del informe posteriormente suspendió, y concluyendo que el programa no produjo ninguna inteligencia significativa.

El gobierno de Obama logró evitar que el informe completo se hiciera público, pero al menos un sumario ejecutivo se publicó en 2014.

Debido a esa revelación, dos sobrevivientes y la familia de una tercera víctima pudieron demandar a dos psicólogos que colaboraron con la CIA en el programa de tortura, lo que resultó en un acuerdo.

El caso sentó un precedente importante, mostrando que los tribunales pueden manejar demandas que desafían los abusos de la comunidad de inteligencia cometidos en nombre de la seguridad nacional.

Aún así, las historias de la mayoría de las otras víctimas y sobrevivientes de la tortura, principalmente hombres musulmanes negros y marrones que cargaron con la peor parte de estos abusos del poder por parte del gobierno, siguen sin ser contadas.

El público necesita ver el informe completo para conocer el alcance de los daños causados, así como los detalles de las tergiversaciones sobre los abusos de la CIA ante el Congreso, los tribunales y los medios de comunicación. Las instancias del poder ejecutivo necesitan tener y leer el informe y aprender sus lecciones, como pretendía el Congreso.

La transparencia total es inmensamente importante para la responsabilidad pública y para las víctimas de tortura y sus familias, que aún sufren. Un hombre representado en “The Report”, Gul Rahman, fue torturado y asesinado en una prisión de la CIA en Afganistán en 2002.

Su familia está demandando a la CIA, que todavía se niega a revelar lo que hizo con su cuerpo. Diecisiete años después de que Gul Rahman fue asesinado, su familia anhela darle un entierro decente.

¿En cuanto a otros sobrevivientes y sus familias? El gobierno de Estados Unidos nunca ha ofrecido una disculpa o un reconocimiento oficial del daño físico y mental que sufrieron las personas, y mucho menos reparaciones o servicios de rehabilitación.

Muchos legisladores, perpetradores y defensores de la tortura del gobierno de Estados Unidos continúan dando forma a las políticas y prácticas en la administración.

Gina Haspel, quien supervisó los sitios secretos de tortura y detención, ahora dirige la CIA. Marshall Billingslea, quien abogó por el uso de la tortura en la administración Bush, ahora es secretario asistente de financiamiento del terrorismo en el Departamento del Tesoro y un candidato para un puesto crucial de derechos humanos en el Departamento de Estado.

Y, por supuesto, está Donald Trump, quien hizo una promesa de campaña para traer de vuelta la tortura. No ha logrado revivir esas prácticas, pero ha otorgado indultos a los miembros del servicio militar acusados o condenados por crímenes de guerra.

El Congreso debe garantizar la divulgación completa del informe de investigación del Senado y responsabilizar a los perpetradores, en lugar de confirmarlos en puestos de liderazgo en la administración.

La impunidad para los funcionarios del gobierno que cometen delitos significa que los sistemas de supervisión y justicia de este país se debilitarán aún más y se considerarán ineptos.

Las víctimas y los sobrevivientes merecen una recompensa y rehabilitación por sus vidas destrozadas.

La forma en que termine esta historia es una prueba de cómo recuperamos los principios morales y legales destruidos por los funcionarios que crearon y apoyaron el programa de tortura.

Hina Shamsi es directora del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU y miembro del comité directivo de Open the Government.

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