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Opinión

Editorial: No aleje a los observadores de pornografía infantil de la terapia

A ruling is expected soon from the California Supreme Court on a 2014 law requiring licensed therapists to alert law enforcement when a patient admits having viewed child pornography.
Se espera un fallo pronto de la Corte Suprema de California sobre una ley de 2014 que exige que los terapeutas con licencia alerten a las fuerzas del orden cuando un paciente admite haber visto pornografía infantil.
(Justin Sullivan / Getty Images)

En su afán por prevenir el delito y proteger a las posibles víctimas, legisladores y tribunales bien intencionados a veces empeoran las cosas con castigos gratuitos y mandatos de aplicación onerosos. Eso es especialmente cierto con los delitos sexuales, y más en específico con los delitos que victimizan a los niños.

Un caso en cuestión es una ley adoptada por los legisladores de California en 2014 que requiere que los terapeutas denuncien a los pacientes que admiten haber visto o descargado pornografía infantil. No sólo los pacientes que dicen que lo hacen todo el tiempo, o que manifiestan que tienen la intención de hacerlo, sino aquellos que admiten, en terapia, que lo han hecho en el pasado.

La Corte Suprema del estado está considerando si el mandato es constitucional. Sin embargo, la pregunta para los californianos no es si la ley es constitucional, sino si es sabia.

No lo es.

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El instinto de proteger a los menores de la explotación sexual es justo y fundamental. La experiencia nos dice que algunos adultos se aprovechan de los niños para satisfacer sus propios deseos, y que los pequeños no siempre pueden depender de la protección de sus padres u otras partes responsables. Las sociedades invocan correctamente la ley para salvaguardarlos y castigar a los adultos que cometen lo que puede ser la última transgresión. Las leyes que prohíben la explotación directa de niños, como en el tráfico sexual, son fáciles de defender. Las leyes contra la creación, reproducción, distribución e incluso posesión de pornografía infantil son igualmente apropiadas. Tales actos victimizan al inocente primero en su creación y luego nuevamente cada vez que se ve una representación.

La autoridad del estado para adoptar y hacer cumplir tales leyes está más allá de toda cuestión razonable, como debería ser.

El problema es cuándo el estado debería ser capaz de obligar a los psicoterapeutas a entregar a sus pacientes que admiten haber visto pornografía infantil.

La ley apropiadamente responsabiliza a los terapeutas por no actuar para prevenir crímenes que ellos creen que ocurrirán pronto. Un terapeuta que sabe que el paciente está a punto de cometer un asesinato o una violación le debe mucho más a la víctima potencial que al paciente. El mismo principio se aplica a ver pornografía infantil, incluso si el daño potencial no es tan directo. Todavía es un daño, y es atroz.

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Aunque la ley protege adecuadamente la confidencialidad de la relación terapeuta-cliente, la protección tiene límites, como debería ser. El valor de brindarle a un paciente la oportunidad de buscar tratamiento a menudo se ve superado por el deber, tanto de la sociedad como del terapeuta, de resguardar a los inocentes.

Pero la ecuación cambia cuando el paciente simplemente informa haber visto pornografía en el pasado, en lugar de una intención de hacerlo en el próximo momento o al día siguiente. El beneficio para el niño víctima y para la sociedad de exigir un informe en tal caso se compensa con el beneficio de la confidencialidad.

Algunos espectadores de pornografía infantil pueden estar lidiando con trastornos psiquiátricos y podrían buscar ayuda profesional. La sociedad y la ley deberían alentar esa ayuda, por dos razones distintas: debemos valorar la confidencialidad del paciente por sí sola, siempre que no sea superada por un valor mayor como prevenir un delito; y debemos tener cuidado de permitir inadvertidamente un daño peor.

¿Como qué? Como cerrar una vía de tratamiento para una persona que quiere cambiar y necesita ayuda para hacerlo. La ayuda real sería difícil sin la capacidad de confiar en un profesional con licencia. Y, por supuesto, pocos se liberarían si supieran que sus declaraciones se reportarán a la policía. Sin ningún lugar al que acudir en busca de ayuda por fechorías pasadas, los perpetradores que quieran cambiar tendrían menos posibilidades de tener éxito. Eso no favorece los intereses de nadie: ni el paciente, ni las víctimas infantiles, ni la sociedad.

Es como exigir a los consejeros de tratamiento de drogas que entreguen a todos sus clientes por posesión de drogas. ¿Quién volvería a buscar tratamiento?

Para muchos crímenes, California finalmente se ha percatado del enfoque de no tolerancia y primer enjuiciamiento que durante mucho tiempo ha sido un procedimiento operativo estándar. Sin embargo, hay algo acerca de los delitos sexuales y la victimización infantil que hacen que los legisladores pierdan el rumbo y su capacidad de pesar los daños. La Corte Suprema del estado decidirá si el mandato de presentación de informes excesivamente amplio de 2014 es constitucional. Pero en cualquier caso, es una mala idea.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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