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Editorial: El Congreso tiene que aprovechar el momento que Biden le ha dado para solucionar la inmigración

El presidente Biden recita el juramento al cargo mientras su esposa, Jill y sostiene la Biblia.
El presidente Biden recita el juramento al cargo mientras su esposa, Jill, sostiene la Biblia durante la ceremonia de toma de posesión.
(Brooks Kraft / Corbis )

En medio de su primera ola de acciones después de su toma de posesión el miércoles, el presidente Biden apuntó directamente al disfuncional sistema de inmigración del país, al rescindir algunos de los enfoques más extremos de la administración Trump para hacer cumplir la ley y presionar al Congreso para que finalmente adopte reformas integrales. Es un cambio refrescante y responsable con respecto a la perspectiva inescrupulosamente nativista de su predecesor.

Biden busca adoptar una visión humana y pragmática de la reforma migratoria. Las órdenes ejecutivas detienen la construcción del muro del expresidente, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México; revitalizan el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama y que Trump trató de poner fin; concluyen la prohibición de entrada de personas de una docena de países, la mayoría con importantes poblaciones musulmanas; y retiran una orden que incrementó las redadas migratorias en el interior del país.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una suspensión de deportaciones por 100 días, mientras revisa los procedimientos y una congelación de las nuevas inscripciones en el programa que requiere que los solicitantes de asilo que cruzan la frontera permanezcan en México, aunque no ofreció alivio para los 60.000 que lo han pedido actualmente, mientras se encuentran varados a lo largo de la frontera. En cierto sentido, las nuevas directivas restablecen las políticas federales de la administración Obama, lo cual es suficientemente bueno por ahora.

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Los esfuerzos más ambiciosos de Biden se encuentran dentro del proyecto de ley que propuso al Congreso esta semana, la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021. Entre otras cosas, la medida permitiría que unos 11 millones de personas que ahora viven en las sombras soliciten un estatus legal temporal y les otorguen un camino a la ciudadanía de ocho años. Esa es tanto la fuerza de la propuesta como su principal punto de fricción.

Un argumento principal en contra de tal “amnistía” es que alienta a los migrantes a ingresar sin permiso, con la esperanza de permanecer fuera del radar hasta que llegue una siguiente medida similar. Pero las políticas radicales como las que propone Biden son raras, la última se produjo en la administración de Reagan, y la realidad es que nuestra aplicación de la ley de inmigración ha sido ineficaz durante tanto tiempo que Estados Unidos es ahora hogar de millones de personas sin autorización.

Desalojarlos a todos, como defienden los de línea dura, sería imposible de lograr y perjudicaría al país. En 2017, la mitad de todos los inmigrantes no autorizados habían vivido en Estados Unidos durante al menos 15 años, según el Pew Research Center, y es probable que su permanencia solo haya aumentado desde entonces.

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Muchos tienen cónyuges estadounidenses, dependientes también de este país y contribuyen a sus comunidades y la economía (incluida la propiedad de empresas que otorgan trabajo a ciudadanos de Estados Unidos). No hay nada que ganar con echarlos ahora. La reforma migratoria debe reflejar esa realidad, y, al mismo tiempo, garantizar que los migrantes que representan un riesgo creíble para la seguridad pública no permanezcan.

Las amplias políticas de Trump nos han dejado con un atraso de 1.3 millones de casos en los tribunales de inmigración, que es más del doble que heredó de Obama, con un tiempo de espera promedio de 2.4 años para los asuntos pendientes. Ofrecer un estatus legal temporal y un camino hacia la ciudadanía reduciría radicalmente ese número de casos y la demora de resolución.

Biden también volvería a utilizar la ayuda financiera para tratar de estabilizar los gobiernos y las economías de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los migrantes han huido por decenas de miles para escapar del crimen y la pobreza extrema, agravada por los efectos del cambio climático, incluidos dos importantes huracanes esta temporada en cuestión de semanas. Reducir los “factores de empuje” es una parte importante de la ecuación, aunque incluso Pollyanna reconocería que la corrupción endémica en la región es un fuerte viento en contra del éxito.

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Otros elementos de la propuesta de Biden piden desarrollar mejores métodos tecnológicos para monitorear la frontera entre Estados Unidos y México, optimizar el procesamiento de los recién llegados en las vías de entrada y ampliar los esfuerzos para contrarrestar el tráfico internacional de personas y drogas.

Sin embargo, el plan no presta tanta atención a la seguridad fronteriza, como los conservadores suelen exigir. Y con base en las descripciones generales de la propuesta, parece ignorar el problema de quienes llegan legalmente, pero luego no se van una vez que expira su visa, lo que representa la mitad de las personas que caen en un estado no autorizado.

Un componente notable que falta en las reformas legislativas propuestas por Biden: desmantelar el sistema innecesario, inhumano y en su mayoría privatizado de la nación para detener inmigrantes, parte de una política estadounidense de largo trayecto (y bipartidista) en que algunas personas que buscan desesperadamente asilo, o la oportunidad de una vida mejor, deben ser privados de su libertad mientras el gobierno estudia sus casos.

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Pero la gran mayoría de los detenidos no implican el riesgo de huir o poner en peligro la seguridad pública, y privarlos de su libertad porque buscan protección es grotescamente injusto.

Por supuesto, no existen soluciones rápidas para el sistema de inmigración, que compite con el ámbito tributario en su complejidad.

Los detalles de la legislación propuesta por Biden surgirán y se debatirán en las próximas semanas o meses, y esperamos fervientemente que el esfuerzo de reforma no quede atrapado en la misma red de resistencia que ha condenado los intentos anteriores. Un presidente demócrata que proponga una reforma migratoria a un Congreso en el que ni siquiera su partido está unido significa que será un largo trabajo. Pero el Congreso debe aprovechar el momento.

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5:45 PM, Jan. 22, 2021: This editorial was updated to clarify the nature of the nations affected by Trump’s travel ban.


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