EDITORIAL: Biden necesita respuestas más audaces y creativas a la migración centroamericana

La rápida visita de dos días de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México no solucionará, obviamente, los problemas que han impulsado a decenas de miles de personas a emigrar hacia el norte. Pero el viaje subraya el reconocimiento de la administración Biden de que abordar la migración no autorizada es más complicado que construir un muro y negar a los migrantes el derecho a buscar asilo, que fue el núcleo del enfoque del gobierno de Trump. A dónde va la administración desde ahora será fundamental para avanzar en el problema.

Harris y el presidente Biden les han dicho a los centroamericanos que están contemplando migrar hacia el norte “no vengan” porque “serán devueltos”. Decirles a los migrantes desesperados “no vengan” recuerda la advertencia de Nancy Reagan a los posibles consumidores de drogas: “Solo di que no”. De mucho sirvió. Las personas en Guatemala, Honduras y El Salvador generalmente no se despiertan una mañana y piensan: “Sabes, quiero mudarme a Estados Unidos”.

Años de reportajes de periodistas e investigaciones de expertos no gubernamentales revelan los factores que empujan a la gente hacia el norte: pandillas poderosas que reclutan a adolescentes, abusan sexualmente de mujeres jóvenes, extorsionan negocios locales y cometen niveles asombrosos de asesinatos; gobiernos corruptos que no pueden o no quieren tomar el control; economías rotas; y las sequías provocadas por el cambio climático en las regiones agrícolas que han hecho imposible la agricultura de subsistencia. Ningún lema o advertencia solucionará esos problemas, y hasta que los gobiernos regionales aborden la inestabilidad básica de sus países, sus residentes continuarán empacando y marchando.

La ayuda internacional es una herramienta obvia, pero solo si se aplica de manera viable. Estados Unidos ha enviado miles de millones en apoyo a lo largo de los años ($2.4 mil millones desde 2013 hasta 2018), pero relativamente poco de eso ha llegado a las personas que más lo necesitan. Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 2019 declaró que “hay información limitada disponible sobre cómo la asistencia mejoró la prosperidad, la gobernanza y la seguridad en el Triángulo Norte”, y encontró que el gobierno carecía de un plan integral para determinar cómo asignar y contabilizar el dinero que estaba gastando.

Gran parte de la ayuda, según un informe reciente del New York Times, se destina a contratos con organizaciones estadounidenses que cobran hasta un 50% por costos administrativos, incluidos los salarios, y a menudo desarrollan programas de uso cuestionable, como una aplicación para ofrecer a los agricultores rurales acceso instantáneo a información de mercado para sus cultivos. Pero una aplicación no es muy útil para personas con acceso esporádico a torres de telefonía celular o internet. Otro programa construyó letrinas que no se utilizaron en una región con una necesidad urgente de empleo e ingresos.

Un obstáculo clave es la corrupción endémica en los países del Triángulo Norte. La Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala comenzó en 2007 a ayudar a los fiscales de Guatemala a investigar y construir casos contra funcionarios corruptos, lo que resultó en más de 300 condenas y el despido de 1.700 policías. Pero cuando la organización, conocida por sus siglas en español CICIG, dirigió su atención a la familia del entonces presidente Jimmy Morales, fue clausurada. Mientras Harris se dirigía a Centroamérica, la Casa Blanca anunció un nuevo grupo de trabajo anticorrupción, bajo el cual los investigadores estadounidenses ayudarán a sus homólogos guatemaltecos. Ese es un buen comienzo.

Entonces, el problema aquí parece ser menos la noción de usar la ayuda externa para estabilizar la gobernabilidad y ayudar a aliviar la pobreza, en comparación con las realidades prácticas de cómo se dirige y gasta esa ayuda. La administración Biden anunció anteriormente que no enviaría ayuda a los gobiernos del Triángulo Norte debido a la corrupción, sino que la canalizaría a organizaciones no gubernamentales. Pero eso ha creado sus propios problemas. En México, parte del dinero de USAID se destina al grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que investiga delitos políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el lunes a Estados Unidos que suspendiera el apoyo al grupo, al que ha acusado de atacar a su gobierno. “Es interferencia, es intervencionismo, está promoviendo golpistas”, enfatizó López Obrador sobre la ayuda.

Apoyamos ampliamente el uso de fondos estadounidenses y la presión para estabilizar el Triángulo Norte como contrapeso a los factores que promueven la migración, pero también reconocemos que el dinero por sí solo no resolverá el problema. De hecho, algunos analistas sugieren que el aumento de los ingresos de las personas en áreas empobrecidas podría respaldar los esfuerzos para migrar. Los expertos han descubierto que los niveles locales de violencia tienen una relación directa con la salida de la población. La combinación de programas contra la violencia a nivel comunitario con estrategias para visas de trabajo más generosas y específicas, lo que permitiría que más personas ingresen a Estados Unidos legalmente para trabajar, podría marcar la diferencia en la reducción del número de individuos que llegan a la frontera.

Las crisis diarias que llevan a tanta gente a decidir que la peligrosa travesía a la frontera es una alternativa más segura que quedarse en casa no serán fáciles de resolver. Esto requerirá paciencia, visiones políticas audaces y el apoyo de un público estadounidense que ve los desafíos humanos existentes.

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