Nuevos fallos en medio del coronavirus podrían obligar a Trump a liberar a niños y padres migrantes
Un juez federal de Los Ángeles le da al gobierno hasta el 6 de abril para que entregue un plan para manejar 6.900 niños detenidos en albergues y centros de detención familiar. Un juez federal en Washington incluye a sus padres.
Un juez federal en Los Ángeles le dio al gobierno de Trump hasta el 6 de abril para explicar por qué no puede liberar rápidamente a muchos de los casi 7.000 niños inmigrantes en riesgo de contraer coronavirus en refugios e instalaciones de detención en todo Estados Unidos, y reunirlos con los patrocinadores que los esperan.
El lunes, un juez federal en Washington, D.C., amplió el fallo para incluir también a sus padres detenidos.
El Departamento de Justicia se negó a comentar el lunes si la administración planeaba apelar en cualquiera de los casos, lo que también exige la supervisión de la preparación de los centros de detención para la pandemia. La Casa Blanca no respondió.
Mientras alababa las decisiones, Karen Tumlin, abogada y directora y fundadora del Justice Action Center, con sede en Los Ángeles, afirmó que la administración estaba forzando la “justicia ad hoc” en medio del brote de coronavirus.
“Si tienes la suerte de contar con un abogado y conseguir que un juez realice una audiencia telefónica, entonces obtenemos resultados con sentido común a favor de la liberación, durante una pandemia”, comentó Tumlin, quien representó a tres niños que habían estado bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) durante casi un año y fueron entregados a su padre justo antes de que la administración anunciara la suspensión de muchas reunificaciones familiares, incluso en California.
La jueza Dolly M. Gee, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles, señaló en un fallo del sábado por la noche que, si bien los menores parecen ser menos susceptibles al COVID-19 que los adultos, los detenidos son más vulnerables, no sólo al virus, sino al trauma en general. “La gravedad del daño al que están expuestos los demandantes y el interés del público en prevenir brotes de COVID-19 entre familias y niños bajo custodia de ICE u ORR que infectarían al personal de dichas agencias, se propagarían a otros en proximidad geográfica y probablemente abrumarían los sistemas de salud locales, inclina fuertemente el equilibrio de las acciones a favor de los demandantes”, escribió la magistrada.
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La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable de los aproximadamente 3.600 menores migrantes no acompañados en refugios de Estados Unidos, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como agencia del Departamento de Seguridad Nacional, está encargada de unos 3.000 niños detenidos con sus padres en tres centros para familias.
ORR confirmó cuatro casos de coronavirus entre menores bajo su custodia hasta el momento, de unas 18 pruebas; ICE hasta el 27 de marzo había puesto al menos a un niño en cuarentena mientras esperaba los resultados, según la ORR. Ocho miembros del personal de dicha agencia o padres de crianza temporal en cinco programas en Nueva York, Washington y Texas también han informado resultados positivos de COVID-19.
ICE confirmó cuatro casos entre los detenidos, todos en Nueva Jersey; cinco entre empleados o personal de sus centros de detención; y otros 28 de empleados, hasta el lunes.
Tanto el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) como ICE están revisando los pedidos relevantes. La portavoz de ICE, Lori Haley, remarcó que la agencia no puede comentar sobre litigios pendientes, mientras que el portavoz de Salud y Servicios Humanos, Mark Weber, anticipó que la ORR “respondería ante el tribunal”.
Gregory Copeland, el director legal de Rapid Defense Network, quien presentó una demanda en Washington contra la administración Trump en nombre de las familias detenidas, señaló: “Realmente espero que hagan lo que claramente está en el mejor interés de todos aquí”. “Han hecho un esfuerzo totalmente inepto y deficiente para prepararse ante esta crisis y mitigar el riesgo de que se extienda durante la detención”, comentó.
El gobierno de Trump se enfrenta a una serie de demandas en todo el país que piden a la administración que cierre los tribunales de inmigración y libere a los migrantes de los centros de detención a menudo superpoblados y con poca limpieza que, según los expertos médicos, son “polvorines” para el virus. Gee los consideró “focos de contagio” que representan “amenazas sin precedentes” de “un daño irreparable” en medio de la pandemia.
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Varios jueces han ordenado al gobierno que libere a los migrantes, aunque esas decisiones hasta ahora se han aplicado principalmente a los adultos. El Departamento de Justicia cerró algunos tribunales de inmigración, pero reabrió otros.
El pastor Fred Morris, que dirige el Centro de Niños Refugiados del Valle de San Fernando, predijo que debido a la insistencia del gobierno de mantener a los migrantes bajo custodia federal, “un buen grupo de ellos morirá”.
“No es sólo indiferencia e incompetencia”, remarcó Morris. “Es cruel mantenerlos allí”.
Gee no ordenó la liberación inmediata de miles de menores que caen bajo un decreto de 1997 ampliamente conocido como el Acuerdo de Flores, y dijo que “apresurarse a liberar a los menores en masa” en medio de las restricciones de viaje actuales por el coronavirus, o potencialmente entregarlos a patrocinadores no aptos sería poco recomendable.
Pero, remarcó, ORR e ICE tienen que mostrar “por qué no deben ser detenidos para responder por demoras inexplicables” en la liberación de niños migrantes, en aparente violación del Acuerdo de Flores. El juez James E. Boasberg, en Washington, el lunes, también extendió ese requisito a sus padres, y dejó a la administración Trump una semana para reunir la información.
Gee y Boasberg también ordenaron que las instalaciones de ORR e ICE deben estar listas para la inspección, grabar en video las condiciones de vida en cualquier instalación elegida para su revisión, y proporcionar un informe sobre la cantidad de gente allí y si cumplen con los consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en medio de la pandemia.
Los clientes de Copeland describieron que algunas instalaciones tienen sólo un letrero, en inglés, para dar instrucciones básicas de saneamiento sobre cómo prevenir el contagio. Hay otras donde no se proporcionó desinfectante de manos o incluso jabón, y ninguna protección como máscaras o guantes para los guardias o los detenidos que son obligados a limpiar las instalaciones.
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Este mes, ORR puso fin a las reunificaciones de niños migrantes no acompañados con familiares u otros patrocinadores en el estado de California y Washington, seguido de Nueva York, alegando una gran cantidad de casos de coronavirus. Pero los abogados de inmigración le dijeron al Times que las liberaciones de menores en todo el país quedaron en pausa.
Hasta el 13 de marzo, según el fallo de Gee, aproximadamente un tercio de los menores bajo custodia de ORR se encontraban en entornos grupales y habían estado detenidos durante 30 días o más. El Acuerdo de Flores estableció un límite de 20 días para detener a niños migrantes y estándares de seguridad y saneamiento para su cuidado.
La administración rechazó las críticas de que continuar reteniendo a los migrantes, incluidos niños y familias, en centros de detención, puede empeorar la propagación del coronavirus en Estados Unidos, ahora el epicentro mundial de la pandemia.
Las autoridades afirman que están siguiendo las pautas de los CDC y otros expertos para proteger a los migrantes detenidos y al público estadounidense en general, aunque los consejos de la agencia para la población en general incluyen recomendaciones directamente opuestas a ciertos controles inmigratorios, como el distanciamiento social o la limitación de los viajes aéreos.
El ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU, Thomas Homan, argumentó en un segmento de opinión del domingo en Fox News que los inmigrantes detenidos “serán mucho menos propensos a infectarse y enfermarse gravemente... de lo que serían si fueran liberados”.
Copeland expuso que el argumento es refutado por las propias acciones del gobierno hasta ahora para los no inmigrantes. “¿Qué hicimos con los estudiantes universitarios? Los enviamos a casa”, dijo. “Cruceros, ¿los mantenemos allí para siempre? No, los bajamos a tierra”.
Según el fallo de Gee, los abogados que trabajan en los centros de detención han observado que los niños, las familias y el personal “continúan pasando la mayor parte de su tiempo en estrecha proximidad física”, así como una falta de información sobre el COVID-19 o el acceso al saneamiento y la atención médica. Los menores detenidos y sus familiares, según el fallo, “indican que grandes proporciones de ellos... ya muestran síntomas asociados con el COVID-19”.
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Pero Gee también señaló que las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional para controlar la propagación del virus, como poner en cuarentena o aislar a los adultos detenidos, podrían “exacerbar los problemas de salud mental existentes” entre los menores detenidos.
Los críticos alegan que la administración Trump está usando el coronavirus como un frente para reforzar su autoridad y su intento de siempre de detener a los migrantes, incluidos los niños y las familias, de manera indefinida. En septiembre pasado, Gee rechazó el intento de la administración de mantener a los menores y sus padres detenidos indefinidamente mediante la emisión de nuevas regulaciones.
Las políticas de Trump han apuntado a los niños migrantes, que en virtud de la ley federal de larga data en general no pueden ser repatriados rápidamente, y buscaron anular el Acuerdo de Flores, pensado para salvaguardarlos una vez bajo custodia de Estados Unidos.
La administración cita la guía de los CDC para regresar a México o repatriar rápidamente a su hogar a los menores no acompañados, independientemente de su nacionalidad o de si el niño busca protección en Estados Unidos, con una rara excepción, de acuerdo con una descripción de la nueva política proporcionada por la portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Cecilia Barreda. Los expertos y activistas aseguran que la medida viola la ley federal.
Tumlin, la abogada de California, comentó que debe explicarle a sus propios hijos todos los días lo que se sabe sobre la pandemia, “y a no estar aterrorizados”.
“Para los niños que no cuentan con ese apoyo porque están bajo custodia, aún cuando hay padres u otros parientes para cuidarlos”, consideró “es realmente trágico”.
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