Mientras los agricultores buscan en México mano de obra, los trabajadores recurren a los tribunales en busca de salarios

La industria agrícola de California, de casi $50 mil millones de dólares, está reclutando un número récord de trabajadores agrícolas estacionales de México mientras enfrenta una escasez de mano de obra exacerbada por la represión de la administración Trump contra la inmigración indocumentada.

El reclutamiento de trabajadores extranjeros estacionales se disparó a un récord de 20.905 en lo que va del año - con contrataciones aún en curso para la temporada de invierno en el desierto, de acuerdo con un análisis del Times de los datos laborales federales. Eso es más del doble del número de recolectores contratados hace sólo cuatro años, y un aumento de 11 veces a lo largo de ocho años.

California ahora ocupa el cuarto lugar entre los estados de reclutamiento, detrás de Florida, Carolina del Norte y Washington, respectivamente, de acuerdo con los registros federales.

La tendencia, evidente desde antes de que el presidente Trump fuera elegido, es impulsada por una mezcla de fuerzas demográficas y políticas. La población de mano de obra agrícola en Estados Unidos está envejeciendo más rápido que la fuerza laboral general, mientras que el bajo nivel récord de desempleo ha abierto puestos de trabajo más lucrativos en las industrias de servicios y construcción, dicen los expertos laborales. Mientras tanto, la represión de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados ha asustado a los trabajadores locales.

El acelerado cambio hacia los trabajadores huéspedes estacionales contratados ha creado tensiones en los campos entre las contrataciones locales y los titulares de los visados, y ha producido un aumento en las multas y en los acuerdos sobre las acusaciones de abuso salarial.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció los resultados esta semana de investigaciones a largo plazo que recuperaron casi medio millón de dólares en salarios perdidos de 10 contratistas y cultivadores, principalmente en los campos de la Costa Central.

Esos casos palidecen en comparación con un acuerdo de $2.2 millones este verano que cubre a miles de recolectores contratados por Taylor Farms California y Dole Fresh Vegetables. La gran mayoría de los trabajadores agrícolas extranjeros son empleados a través de contratistas - Fresh Harvest, con sede en el Valle Central, que reclutó alrededor de 4.800 este año, es el mayor contratista privado de trabajadores H-2A a nivel nacional, según la Oficina de Certificación Laboral Extranjera del Departamento de Trabajo.

“Estamos viendo que traen a estos trabajadores violando las leyes de California”, dijo Cynthia Rice, directora de litigios, defensa y capacitación de California Rural Legal Assistance, una organización sin fines de lucro que dirigió el caso que involucra a Foothill Packing, con sede en Salinas, que contrató a cultivadores para Taylor y Dole. “Las leyes federales y las leyes locales de vivienda están siendo violadas”.

Los cultivadores dicen que están siendo afectados por regulaciones ambiguas y difíciles de seguir, incluyendo cómo contabilizar el tiempo de viaje durante la jornada laboral, que ha estado en el centro de las recientes demandas y acciones legales.

“Es desafortunado que estas cosas sean consideradas más graves de lo que son”, dijo Jim Houston, administrador de California Farm Bureau Federation, un grupo industrial sin fines de lucro. “Cuando un empleador toma una decisión de una forma u otra, no es para robar al empleado”.

Ninguna empresa privada contrata a más del 2% de los 250.000 trabajadores H-2A en todo el país, lo que sugiere un nicho muy fragmentado con muchos actores, según datos del Departamento de Trabajo.

Eso puede ser parte del problema, dijo Guadalupe Sandoval, directora ejecutiva de California Farm Labor Contractor Assn: “Está creciendo tan rápido en un período tan corto que creo que hay mucha gente que no está muy bien informada”, dijo Sandoval.

En la última aplicación, el Departamento de Trabajo cobró cerca de $85.000 en multas y recuperó cerca de $422.000 en salarios perdidos para 443 trabajadores por el tiempo perdido principalmente en el transporte entre campos. Otras violaciones incluyeron la falta de pago del salario mínimo, la falta de cheques de pago, el rechazo ilegal de cultivadores estadounidenses, la falta de vivienda segura y el incumplimiento de los requisitos de transporte seguro para los recolectores. La agencia no desglosó las violaciones ni las multas por parte del empleador.

Algunas de las violaciones se aplican tanto a los empleados locales como a los titulares de visas, incluyendo si se paga a los trabajadores por el tiempo que pasan en los autobuses de la compañía y en las camionetas que viajan entre los campos.

El programa H-2A añade otra capa de reglas. A los trabajadores agrícolas extranjeros se les debe proporcionar transporte desde la frontera México-Estados Unidos hasta el área donde trabajarán, y tienen derecho a alojamiento local pagado por el empleador para la temporada, así como comidas diarias (o acceso a instalaciones para cocinar). Las empresas que emplean a recolectores extranjeros huéspedes también deben demostrar que se esforzaron por encontrar y contratar a solicitantes locales.

El requisito de alojamiento ha impulsado a los contratistas a comprar hoteles y apartamentos urbanos de nivel más bajo, lo que ha añadido más tensión a la brecha de vivienda asequible en ciudades como Santa María, Salinas y otros centros agrícolas. Los activistas dicen que la crisis de la vivienda también ha llevado a algunos contratistas a tomar atajos, amontonando a más trabajadores en alojamientos estacionales de lo que se permite, dijo Rice. “Consiguen una casa certificada para tal vez 12 o 15 cultivadores y meten a 20 o más”, manifestó Rice.

Otros trabajadores están aislados en granjas rurales o cerca de ellas, con poco acceso a los puntos de venta de alimentos, aparte de una ‘lonchera’, y descubren que sus vales de comida no cubren el número de calorías necesarias para los largos turnos de calor del verano, agregó Rice.

“El mayor problema es que los trabajadores sienten que si dicen algo, van a ser enviados de vuelta a México”, dijo Armando Elenes, secretario-tesorero del sindicato de la Unión de Campesinos, el cual ha rechazado los esfuerzos para facilitar la regulación de los contratos H-2A. Algunos poseedores de visas extranjeras reportan haber sido obligados a recoger el mismo volumen que los trabajadores locales, sin ganar las primas de “tarifa por pieza” que los recolectores locales ganan por caja, por encima del salario mínimo, aseguró Elenes.

El uso de trabajadores con visa ha afectado la dinámica de poder entre los productores y los recolectores en un momento en que los trabajadores podrían estar exigiendo salarios más altos y mejores beneficios, dicen los expertos laborales. Los cultivadores contratados localmente - que pueden o no tener los documentos apropiados - temen ser deportados o reemplazados por trabajadores H-2A, cuyos salarios son fijados por el gobierno federal. Y los titulares de las visas temen que no serán reclutados la próxima temporada si se quejan.

Esto dificulta la lucha contra los abusos, a pesar del fuerte aumento de las quejas registradas en las oficinas de campo de California Rural Legal Assistance.

El grupo ha centrado sus esfuerzos en un tema compartido por ambos tipos de trabajadores: el pago por el tiempo dedicado al transporte.

California Rural Legal Assistance ha creado el caso sobre que los empleadores que proveen transporte de la compañía ejercen control sobre los trabajadores que efectivamente no tienen otra manera razonable de moverse de un campo a otro. Eso hace que su tiempo en los autobuses sea parte de la jornada de trabajo, según el grupo.

Los cultivadores dicen que los viajes en autobús o camioneta son una opción voluntaria para los trabajadores que tienen otros medios de transporte, como el uso compartido de automóviles y camionetas.

Foothill Packing, junto con Taylor y Dole, no admitieron haber hecho nada malo al resolver la demanda presentada por el grupo de asistencia legal en nombre de más de 3.900 trabajadores durante tres temporadas de recolección. No se pudo contactar a los representantes de esas empresas para que hicieran comentarios.

Otra demanda centrada en el pago del tiempo de transporte para los recolectores de fresas en el Valle de Santa María está pendiente en la Corte de Distrito de los Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo ha aumentado lentamente su escrutinio del programa H-2A en California y en las regiones vecinas de Arizona durante los últimos cinco años. Ganó una rara orden judicial contra un cultivador de Arizona en 2017 sobre viviendas insalubres y peligrosas para los trabajadores H-2A, y en 2016, multó a un cultivador de fresas del área de Salinas con 2.6 millones de dólares y le prohibió temporalmente participar en el programa H-2A por las acusaciones de que exigía sobornos a los trabajadores huéspedes que reclutó. También ganó $235.000 en salarios atrasados y multas en 2016 de Foothill Packing por acusaciones de que la compañía había despedido a cultivadores contratados localmente y los había reemplazado con trabajadores invitados.

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