Consideran darles acceso a un abogado a los migrantes que temen esperar en México sus citas de migración
Una demanda presentada por defensores de los migrantes argumenta que los solicitantes de asilo tienen derecho a un abogado durante las entrevistas para probar el temor de regresar a México a esperar los procedimientos de inmigración.
¿Hasta dónde se extiende el derecho a un abogado cuando se les dice a los solicitantes de asilo que esperen en México mientras dura su proceso de inmigración?
Es la pregunta que ahora tiene ante sí el Juez de Distrito de Estados Unidos Dana Sabraw, el mismo juez que está supervisando el litigio de separación familiar y que ahora es asignado para intervenir en una parte de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) de la administración Trump.
El viernes en la corte federal, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles de los Condados de San Diego e Imperial argumentaron que a los migrantes que expresan el temor de ser devueltos a México para esperar las fechas de la corte en los Estados Unidos no se les permite el acceso adecuado a sus abogados.
La ACLU, junto con el Jewish Family Service of San Diego y el Immigrant Defenders Law Center, le está pidiendo al juez que dicte una orden judicial preliminar que obligue al gobierno federal a permitir que los abogados estén presentes para prepararse y participar en dichas entrevistas - “particularmente cuando la decisión podría ser de vida o muerte para estas familias”, argumentó el abogado de la ACLU Vardis Bakili.
Pero ese tipo específico de entrevista, llamada “entrevista de no devolución”, parece legalmente caer en un área gris.
Mientras que la ley de inmigración afirma el derecho del migrante a un abogado en los procedimientos de deportación y entrevistas de temor creíbles, la entrevista de no devolución se rige por los acuerdos internacionales relativos a las obligaciones humanitarias, argumentó el asistente del fiscal federal Samuel Bettwy. “No hay ninguna disposición legal o reglamentaria para ello”, dijo.
Si el derecho a un abogado en estas entrevistas sigue estando sujeto a la ley de inmigración, o a otra ley, continúa siendo cuestionado. Sabraw señaló el amplio lenguaje utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional que sugiere que a los inmigrantes sujetos a MPP se les conceden los mismos derechos que en los procedimientos normales de inmigración.
La familia en el centro del caso huyó de Guatemala en abril después de ser extorsionada por pandillas y luego de que la hija de 17 años fuera violada y amenazada de muerte, según un abogado de la familia.
Mientras viajaban a través de México para llegar a Estados Unidos, la pareja y sus cinco hijos fueron agredidos a punta de pistola por hombres con uniformes del gobierno y se les dijo que se desnudaran, y la misma hija fue sofocada mientras estaba desnuda. El padre también ha sido robado en México de camino al trabajo, dijo un abogado.
Después de ser arrestados por la Patrulla Fronteriza y luego solicitar asilo en agosto, se le preguntó a la familia durante la audiencia inicial de la corte de inmigración si tenían miedo de regresar a México. Dijeron que sí, que se les dio entrevistas para detallar sus temores y luego se les envió de vuelta a Tijuana bajo el programa MPP.
Los inmigrantes y sus defensores han presentado una demanda federal alegando que las autoridades estadounidenses no permiten a los inmigrantes detenidos el acceso adecuado a un abogado
Durante su cuarta audiencia en Estados Unidos, celebrada el martes, expresaron nuevamente su temor. Esta vez estuvieron representados por un abogado de inmigración. Fueron llevados a una estación de la Patrulla Fronteriza en Chula Vista donde se llevarían a cabo sus entrevistas. La demanda se presentó el mismo día.
La Oficina del Fiscal Federal argumentó que al abogado de inmigración de la familia se le dieron 45 minutos para prepararse por teléfono con la familia antes de la entrevista, así como para participar telefónicamente en ella. Pero la petición de que el abogado estuviera allí en persona fue rechazada.
Sin llegar a un acuerdo sobre cómo seguir adelante con la entrevista, ésta fue cancelada. Siguen detenidos, ya que esta cuestión ya ha pasado a Sabraw.
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Bakili argumentó que la ley establece claramente el derecho a prestar asesoramiento en persona. “La comunicación es mucho más que verbal... no es suficiente”, dijo sobre la solución del gobierno.
Bettwy sostuvo que de hecho no hay privilegio a tener un abogado en estas entrevistas, pero el gobierno de San Diego todavía trata de honrar tales peticiones conforme lo permite la logística.
Sabraw dijo que tomaría los argumentos presentados durante el fin de semana festivo y emitiría una orden sobre la moción preliminar de requerimiento a principios de la próxima semana.
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