Un productor de ‘The Hangover’ ayudó a un joven acusado de asesinato; ahora es él a quien investigan
El famoso productor de Hollywood conoció a Abel Díaz en 2015, en una clase de escritura creativa que impartió en Sylmar Juvenile Hall. En ese momento pensó que el adolescente, acusado a los 16 años por estar involucrado en el asesinato de un oficial de policía de Downey, aprendía rápido y tenía potencial de tomar cursos universitarios mientras estaba tras las rejas.
En cuestión de días, Scott Budnick, productor de la saga “The Hangover” y conocido por su activismo en la justicia penal, se involucró en su defensa. El ejecutivo se puso en contacto con varios abogados, y dos destacados defensores, Blair Berk y Michael Cavalluzzi, se hicieron cargo del caso, pro bono.
En un acuerdo negociado con los fiscales en diciembre de 2018, Díaz, quien ahora tiene 21 años, admitió su papel en el asesinato del oficial en el tribunal de menores, y será liberado a los 25 años. Como parte del acuerdo, los fiscales abandonaron su intento de llevar el caso a una corte de adultos, donde se habría enfrentado a una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Sin embargo, cuando el caso de Díaz llegó a su fin, el sargento de homicidios del sheriff del condado de Los Ángeles que investigó al menor inició una indagación criminal sobre Budnick y los dos abogados defensores. En un informe de mayo pasado, expuso que investigaba si habían disuadido a un testigo y conspirado para obstruir la justicia, proporcionar testimonios falsos y destruir u ocultar pruebas.
El sargento Richard Biddle obtuvo dos órdenes de allanamiento este año, incluida una que exigió a Google que dé a conocer los correos electrónicos de Budnick, el historial de ubicaciones, las búsquedas en internet, las fotografías y las contraseñas vinculadas a su cuenta.
Las órdenes desencadenaron una batalla legal sobre si la investigación de Biddle fue una búsqueda legítima de posibles irregularidades, o el resultado de una venganza por darle a Díaz un resultado favorable. No está claro qué evidencia proporcionó el sargento para asegurar las órdenes de cateo, porque las declaraciones juradas que escribió a un juez son confidenciales. Los abogados de Budnick presentaron una moción para hacerlas públicas.
Los Angeles Times revisó los informes y declaraciones juradas del Departamento del Sheriff que Biddle escribió alegando la mala conducta de Budnick y los abogados defensores, que se adjuntaron como pruebas documentales en los salvoconductos judiciales.
El caso involucra a dos conocidas figuras de Hollywood. Budnick, fundador de una red de apoyo para reclusos y exreclusos llamada Anti-Recidivism Coalition (coalición contra la reincidencia), fue nombrado Voluntario del Año en 2012 por el ex gobernador Jerry Brown gracias a su trabajo para ayudar a reclusos a obtener una educación superior; también ha impulsado reformas de la justicia penal. El ex presidente Obama lo postuló a un consejo asesor para aumentar las oportunidades de hombres jóvenes de color.
Berk es uno de los mejores abogados de Hollywood. Ha representado a numerosas celebridades, incluidas Harvey Weinstein y Felicity Huffman.
Quienes conocen a Biddle lo describen como un investigador justo y ético. El fiscal adjunto de distrito Michael Blake, quien procesó el caso de Díaz, desestimó la idea de que las acciones de Biddle fueran represalias.
Biddle y su compañero se desempeñaron “impecablemente y con extrema profesionalidad”, señaló el fiscal. “También son detectives muy motivados y llevan las cosas hasta el final, sin importar cuál sea el resultado”.
Titulares de Hoy
El detective se negó a comentar sobre las acusaciones o el estado de la investigación criminal sobre Budnick y los dos abogados. Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles informó que no se habían presentado casos relacionados con el trío a los fiscales.
Los abogados de Budnick describieron las acciones como una extralimitación flagrante del gobierno. “Algo muy preocupante está sucediendo aquí”, remarcó Alan Jackson, quien representa al productor. “Nuestros defensores y abogados deberían ser libres de representar a sus clientes sin temor a represalias de la policía simplemente por hacer su trabajo. Este tipo de ataque injustificado tiene un efecto escalofriante en el sistema de justicia que luchamos por mantener en cada sala y en cada caso”.
A través de Jackson, el productor declinó hacer comentarios para este artículo. Cavalluzzi y Berk también declinaron debido a litigios pendientes.
La investigación del asesinato surgió de una serie de eventos en noviembre de 2015 que llevaron a la muerte a tiros de Ricardo Gálvez, un oficial de policía de Downey de 29 años.
Díaz, quien admitió su propia culpabilidad en la corte, quería tener algo de dinero porque se acercaba su cumpleaños número 17 y sugirió a sus dos amigos que buscaran carteras para robar, según una transcripción de sus confesiones.
Así, vieron a un hombre sentado en su automóvil en un estacionamiento, distraído con su teléfono celular, y decidieron robarle. Díaz se cubrió parte de la cara con una máscara y se arrastró entre los autos estacionados para que el hombre no lo viera acercarse. Su amigo Steven Knott lo siguió, relató.
Díaz intentó abrir la puerta del lado del pasajero del automóvil, pero esta estaba cerrada. Entonces oyó un disparo. Él y Knott corrieron hacia su auto, donde el hermano de Knott, Jeremy Álvarez, los esperaba al volante, y se marcharon.
A la mañana siguiente, todos habían sido arrestados. Díaz fue acusado de asesinato en virtud de la teoría del delito grave, que permite que los acusados sean condenados por asesinato en primer grado si una víctima muere durante la comisión de un delito grave, incluso si el acusado no tenía la intención de matar o no sabía que se había producido un homicidio (la legislación, que entró en vigencia este año en California, limita quién puede ser procesado por asesinato grave. Díaz reconoció en un tribunal de menores un cargo por asesinato, intento de robo y atraco).
Aproximadamente dos meses después del arresto de Díaz, el Departamento de Policía de Downey recibió una carta anónima que alegaba que la oferta de Budnick para encontrarle abogados privados a Díaz era inapropiada y se había hecho sin el conocimiento de su defensor público.
Biddle describió en sus informes acusaciones de ‘posible conducta criminal y poco ética’ por parte del equipo legal de Budnick y Díaz. En uno, acusó a los abogados defensores de proporcionar información falsa al juez que maneja el caso, y de no revelar que el productor los había reclutado. También acusó a los legistas de desalentar a los familiares de Díaz de denunciar amenazas de pandillas, porque ello dañaría el enjuiciamiento del joven.
Incluyó además descripciones del papel y la influencia de Budnick en el sistema de justicia penal, incluidas las transcripciones de llamadas telefónicas con jóvenes encarcelados y detalles sobre intercambios de correos electrónicos que, según dijo, confirmaban la influencia política del productor con el Departamento de Libertad Condicional y los funcionarios del Departamento del Sheriff. El sargento escribió que Budnick preparaba cartas en nombre de los delincuentes juveniles, que podían contener información “inexacta” o “confusa” sobre sus logros educativos y su comportamiento.
El productor de cine y los abogados defensores negaron las acusaciones en documentos judiciales. En una declaración, Cavalluzzi las calificó de “escandalosas y falsas”, incluida la mención de que conspiraron para falsificar pruebas y disuadir a un testigo de denunciar un delito. También escribieron que, a su juicio, las imputaciones eran principalmente un intento de alterar la representación de Díaz.
En una declaración jurada revisada por The Times, Biddle escribió que pensaba que los abogados intentarían interferir con el pedido de que el joven fuera transferido a una cárcel del condado de Los Ángeles para que lo llamaran a testificar en el juicio de Knott y Álvarez, que está pendiente. Así, intentó mantener el traslado en secreto de los abogados de Díaz.
“También creo que los anteriores abogados de Díaz y Budnick intentaron disuadir al joven y aconsejarlo/convencerlo inapropiadamente de que no testifique en el enjuiciamiento de Knott y Álvarez”, escribió Biddle.
Los abogados de Budnick sostienen en una presentación judicial que el sargento hizo todo lo posible para asegurarse de que los involucrados en el caso sepan que los está observando. Un sábado del pasado octubre, Budnick estaba en un Starbucks cerca de su casa cuando tres agentes se acercaron a él. Uno le preguntó si conocía a Biddle y le entregó una citación. “Sé quién es, sí”, respondió Budnick, según la presentación de sus abogados.
El agente luego le dijo que Biddle quería que él supiera que la citación para testificar en un caso no relacionado, el de Roger Ruiz, venía de su parte, según el documento. Ruiz, otro recluso del cual Budnick es mentor, está acusado de agredir a un policía con un arma de fuego.
El fiscal adjunto de distrito Eric Siddall, quien procesa a Ruiz, cuestionó que Biddle intentara intimidar al productor con la citación y calificó la acusación de “pura ficción”. También remarcó que estuvo en contacto con el abogado de Budnick un mes antes de que se entregara la citación, por lo cual eso no debería haber sido “una sorpresa”.
“Pedí que el señor Budnick fuera convocado como testigo, no el sargento Biddle”, remarcó Siddall por correo electrónico. “El agente que entregó la citación fue profesional y amable, y citó el nombre del sargento Biddle sólo para contextualizar la situación del Sr. Budnick”.
El productor se presentó en la audiencia, pero fue excusado después de que Jackson indicó que su cliente invocaría su derecho a la Quinta Enmienda para permanecer en silencio en el estrado, puesto que Biddle estaba en la sala del tribunal.
La conducta de Biddle, según el documento, “es un intento despiadado de enviar un mensaje muy claro e inequívoco: defiende a aquellos a quienes el sargento Biddle considera dignos de enjuiciamiento, y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles irá a por ti”.
El Departamento del Sheriff no respondió las solicitudes de comentarios.
Un juez de la Corte Superior, Michael Pastor, quien le autorizó las órdenes de allanamiento a Biddle, no respondió a las solicitudes de comentarios efectuadas a través de su secretario. En cambio, una portavoz del Tribunal Superior respondió que los magistrados tienen prohibido discutir casos pendientes y mantienen un privilegio con respecto a las preguntas sobre su proceso mental o sus motivaciones.
Además de la orden para conseguir información de Google sobre Budnick, Pastor autorizó otra para los correos electrónicos del Departamento del Sheriff y del de Libertad Condicional relacionados con Budnick, Díaz y Cavalluzzi.
No está claro exactamente qué evidencia vio el juez al emitir las órdenes. Para los expertos, es difícil imaginar una justificación para necesitar acceso ilimitado a los datos de la cuenta de Google de Budnick, especialmente sin especificar un marco de tiempo para la información. “Me cuesta percibir cualquier universo en el que esta orden no sea inconstitucionalmente amplia”, señaló en un correo electrónico Rebecca Wexler, profesora de derecho en UC Berkeley, que estudia la intersección entre la tecnología y la justicia penal. “Esto es muy aterrador”.
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