Un juez afirma que Trump puede separar a familias en la frontera, y se negó a cuestionar al gobierno
El magistrado no encontró evidencia de que el gobierno estuviera abusando de sus facultades
Un juez de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump actúa dentro de sus facultades cuando separa a familias que son detenidas en la frontera de México, rechazando así los argumentos de que estaba volviendo sigilosamente a las prácticas generalizadas del año pasado, que le valieron la condena internacional.
La Unión Americana de Libertades Civiles argumentó que la administración estaba dividiendo a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, incluidas infracciones de tránsito.
La entidad le pidió al juez, en julio del pasado año, que dictaminara si el gobierno estaba justificado para separar a 911 niños durante el primer año después de que el magistrado pusiera un alto a la práctica general, en junio de 2018.
El juez de distrito de EE.UU, Dana Sabraw, reconoció que estaba incómodo de cuestionar las decisiones del gobierno de separar a los niños con el argumento de que los padres eran considerados no aptos o peligrosos, o en otras circunstancias limitadas, como antecedentes penales, enfermedades transmisibles y dudas sobre la paternidad.
El magistrado no encontró evidencia de que el gobierno estuviera abusando de sus facultades.
“Es una invitación que tiene un alcance potencialmente grande, invade un área que está particularmente dentro de los límites del poder ejecutivo para asegurar la frontera de la nación, y va más allá de la certificación de este tribunal y de las órdenes judiciales preliminares, que se centraron en la práctica de la administración de separar a las familias en la frontera con el propósito de disuadir la inmigración, sin la reunificación de esas familias”, escribió Sabraw en un fallo de 26 páginas de extensión.
En una victoria parcial para ACLU, el juez advirtió que el gobierno debe resolver cualquier duda sobre la paternidad antes de separar a las familias, mediante el uso de pruebas de ADN que arrojen resultados en aproximadamente 90 minutos.
El fallo fue un caso raro en el que el magistrado de San Diego se pone del lado de la administración. En junio de 2018, detuvo la práctica de separar a las familias en el marco de una política de “tolerancia cero” para disuadir la inmigración ilegal y ordenó que unos 2.800 pequeños fueran reunidos rápidamente con sus familiares. La falta de sistemas de seguimiento adecuados en ese momento convirtió la reunificación en una tarea monumental.
Más tarde, el juez ordenó a la administración que identifique a más de 1,500 menores adicionales que habían sido separados anteriormente en la presidencia de Trump, a partir de julio de 2017. El gobierno está proporcionando información a ACLU, que, en algunos casos, cuenta con voluntarios que recorren puerta a puerta zonas de Guatemala.
Los nuevos fondos federales para la seguridad electoral son importantes, pero nuestros sistemas de votación necesitan mucho más que un rescate único.
La ACLU está considerando cuál será su próximo movimiento.
“El tribunal reafirmó con firmeza que la administración Trump es responsable si intenta separar a las familias con base en una acusación de que el adulto no es el padre del niño”, expresó un abogado de la entidad, Lee Gelernt.
“Estamos evaluando los próximos pasos para garantizar que los menores no estén separados de sus padres por infracciones menores”.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para este artículo.
El juez remarcó que la administración reconoció que había cometido un error al separar a una madre que necesitaba una cirugía de emergencia, y a un padre que era VIH positivo. Pero rechazó la afirmación de ACLU de que algunas acusaciones de afiliación con pandillas eran infundadas, y expuso que el gobierno se basa en “evidencia objetiva, no en alegatos o en la intuición”.
Días antes de que el magistrado pusiera fin a la práctica generalizada de separaciones familiares, en 2018, Trump dio marcha atrás ante el aluvión extraordinario de críticas, y eximió a las familias de su política de “tolerancia cero” para enjuiciar penalmente a todos los adultos que cruzaran la frontera sin autorización.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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