‘Permanecer en México’, un año después: Cómo una sola política transformó el sistema de asilo de EE.UU
La primera persona que regresó a México bajo los Protocolos de Protección al Migrante de la administración Trump, un hondureño, cruzó de nuevo a Tijuana hace un año, el 29 de enero.
Durante el último año, la administración Trump cambió drásticamente la forma en que el sistema de asilo de EE.UU procesa a muchas de las personas que llegan a la frontera suroeste en busca de protección.
La administración anunció dichos cambios como una victoria para la seguridad fronteriza, promocionando la reducción en las cantidades de migrantes que arriban, mientras que la gente que trabaja con solicitantes de asilo observaba con horror, preocupados de que el potencial de la protección en EE.UU hubiera desaparecido para miles de personas.
El comienzo de esos cambios, conocidos oficialmente como Protocolos de Protección de Migrantes (o MPP, por sus siglas en inglés) fue la primera política importante relacionada con el asilo que la administración logró implementar, a pesar de los desafíos legales en la corte federal. El programa, más conocido como “Permanecer en México”, exige que quienes piden asilo aguarden en México hasta que llegue el día de su audiencia en los tribunales de migración en Estados Unidos.
Este miércoles se cumple el primer año de su inicio, con su aplicación en una persona: un ciudadano hondureño de 55 años. Con el rostro lleno de miedo y confusión, el hombre fue escoltado rápidamente por funcionarios de inmigración mexicanos fuera de Estados Unidos y hacia una multitud de periodistas que esperaban en Tijuana.
El peticionario siguió a los funcionarios mexicanos hasta una camioneta, que lo trasladó del caos a un refugio.
Después de él, habría decenas de miles más.
En los días que siguieron, los funcionarios fronterizos estadounidenses comenzaron a enviar grupos de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala de regreso a Tijuana, para que esperaran allí la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración de EE.UU.
Más de la mitad de los votantes de California han considerado la posibilidad de mudarse fuera del estado. Muchos de ellos eligen Texas, donde los bajos costos de vivienda vienen con compensaciones.
Lo que comenzó como un programa para quienes llegaban a los puertos de entrada en busca de asilo, pronto aumentó para incluir también a aquellos que cruzaban sin autorización. La iniciativa se amplió a más nacionalidades -incluidas personas de otros países de habla hispana, como Cuba y Nicaragua-, y a otros lugares a lo largo de la frontera suroeste.
Esta semana se ha expandido aún más. Según la primicia de Buzzfeed, la administración también comenzó a implementarla con los solicitantes de asilo brasileños, la primera nacionalidad que se incluye para un país cuyo idioma no es el español (muchos retornados pertenecientes a países de habla hispana en realidad no manejan el español con fluidez, sino que se comunican en idiomas indígenas, como el mam o el quiché).
Después de un año, MPP ahora está vigente en siete puertos de entrada a lo largo de la frontera en California, Texas y Arizona, y ha devuelto a más de 57.000 personas, según el Departamento de Seguridad Nacional.
“MPP es una de las herramientas más importantes y efectivas que hemos implementado para enfrentar la crisis en la frontera, y continuaremos fortaleciéndolo y ampliándolo”, aseveró Heather Swift, portavoz del departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Antes del programa, los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera suroeste eran enviados a centros de detención o liberados dentro de EE.UU; a menudo se les permitía alojarse con sus familiares o amigos en todo el país.
Pero desde su inicio, el programa estuvo plagado de confusiones logísticas. Los jueces de inmigración lo han criticado desde el estrado, y los oficiales de asilo lo denunciaron por incumplimiento de las obligaciones del país en virtud de las leyes estadounidenses e internacionales, que protegen a los más vulnerables del mundo.
“Los oficiales de asilo a quienes representamos se oponen firmemente a esta política perjudicial, en el marco de la cual, a decenas de miles de solicitantes de refugio se les ha denegado el debido proceso y puesto en circunstancias peligrosas, con protección o medios de apoyo inadecuados”, expresó el sindicato que incluye a los oficiales de asilo a través de un comunicado, el miércoles.
Al inicio del programa surgían noticias sobre los secuestros, violaciones o agresiones que enfrentaban en México los retornados, a veces poco después de ser devueltos a ese país. En diciembre, un hombre salvadoreño fue asesinado mientras esperaba en Tijuana la resolución de su caso.
California está considerando incluir el acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol y de otros medicamentos de venta libre, en la lista de los carcinógenos conocidos.
“Deberíamos estar tan indignados por esto como por las separaciones familiares”, expuso Lindsay Toczylowski, abogada del Centro de Derecho de Defensores de Inmigrantes con sede en Los Ángeles. “La gente está muriendo”.
El martes, un hombre nicaragüense con un ojo morado y una venda sobre su frente se sentó frente al magistrado de inmigración Philip Law, de San Diego. El hombre, quien no estaba representado por un abogado, trató de decirle al juez que había sido atacado en México y que tenía miedo de regresar. “No tengo jurisdicción en ese sentido”, afirmó Law, y alentó al hombre a hablar con el abogado de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Alvin Ratana, después de la audiencia.
Cuando Ratana solicitó cinco semanas para preparar su respuesta a la solicitud de asilo del hombre, este insistió, preocupado por pasar mucho más tiempo esperando al otro lado de la frontera. El funcionario acordó acortar su plazo a quince días.
Después de la audiencia, Ratana le prometió al ciudadano nicaragüense que sería entrevistado por un oficial de asilo debido a su miedo a regresar a México. El hombre respondió con un “gracias” lleno de emoción antes de sentarse en los bancos de madera de la corte.
El proceso de selección por temor a regresar a México utiliza un estándar legal mucho más difícil que el del asilo en sí. Las personas que fueron atacadas en ese país con frecuencia terminan regresando allí de igual manera.
Human Rights First compiló una base de datos de solicitantes de asilo devueltos a México que sufrieron heridas mientras esperaban. A mediados de enero, la lista reunía 816 víctimas.
Dado que la base de datos se basa en informes anecdóticos, es probable que la cifra sea menor que la real.
Al Otro Lado, una organización en Tijuana que ayuda a los peticionarios de asilo que regresan, recientemente debió brindar apoyo a una niña de 13 años que se quedó sola en la ciudad fronteriza después de que su padre “desapareció” mientras la familia esperaba la próxima audiencia, según Nicole Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos del grupo.
El DHS afirmó que el programa permite que los casos de asilo se decidan más rápidamente de lo que lo harían de otra manera. El departamento argumenta que la velocidad beneficia a aquellos a quienes se supone que la ley debe proteger, mientras filtra a quienes no. Los críticos respondieron que la medida no brinda a los que piden asilo una oportunidad justa de encontrar abogados o presentar sus casos.
Hasta ahora, 187 personas de los casi 30.000 que han terminado sus procedimientos -menos del 1%- han obtenido asilo. Según los abogados, el gobierno apeló cada uno de esos casos, y algunos fueron enviados de regreso a México incluso después de obtener protección en Estados Unidos mientras la apelación está en curso.
A veces, los funcionarios fronterizos dan a los retornados fechas de corte falsas, para que puedan ser enviados de regreso a México incluso después de que sus casos hayan finalizado.
Eso le sucedió a una mujer llamada Gabriela, cuyo caso fue cerrado -lo cual significa que un juez lo desestimó porque consideró que el gobierno lo había procesado incorrectamente-. Ella compartió su historia, el miércoles, en una conferencia de prensa realizada por un grupo de organizaciones que asisten a los retornados de programa MPP.
Mientras su pequeño hijo se aferraba a su costado, recordó entre lágrimas lo difícil que había sido la vida en Tijuana mientras esperaba una audiencia tras otra. La mujer debió confiar en la amabilidad de los demás para que su pequeño tuviera comida y un lugar para dormir. “Cuando eres parte de MPP, no tienes dinero, ni comida, ni nada más”, remarcó Gabriela.
Mientras que “Permanecer en México” se extendía a través de la frontera, Innovation Law Lab, junto con varias otras entidades, presentaron una demanda para poner fin al programa. Si bien la querella se está abriendo paso en un tribunal federal en San Francisco, el programa Permanecer en México sigue vigente.
“No ha habido un largo plazo suficiente como para probar y poner fin a los horrores del MPP”, afirmó Ian Philabaum, de Innovation Law Lab. “Ahora le corresponde al público estadounidense rechazar una política que separa a las familias, envía a los solicitantes de asilo directamente al peligro y viola la Constitución”.
Más de 40 personas que representan a entidades de ayuda a los retornados del MPP se reunieron el miércoles, cerca del edificio de la corte federal de San Diego, para criticar la continuidad del programa. “Para ser claros, los Protocolos de Protección de Migrantes son la única crisis urgente que ocurre en nuestra frontera sur”, expresó Kate Clark, abogada de inmigración del Jewish Family Center.
El programa también ha generado nuevos escenarios de separaciones familiares. Según los informes, algunas familias que esperan sus audiencias judiciales decidieron enviar a sus hijos a través de la frontera solos, sabiendo que, como son menores de edad, se les permitirá ingresar a EE.UU.
Las ciudades silenciosas se asientan en una blanca niebla invernal que borra el cielo, mientras los equipos médicos corren hacia una epidemia
En otros casos, el gobierno estadounidense toma la decisión de separar. Joyce Noche, directora de servicios legales del Immigrant Defenders Law Center, contó la historia de una de sus clientes, una joven de 18 años llamada Yolanda, que había sido separada de su hermana embarazada cuando ambas llegaron a la frontera para pedir asilo. “Fue atacada de inmediato al regresar; acosada y perseguida por personas que se aprovechaban de lo que veían en ella: una chica vulnerable, sin nadie para protegerla, que había sido arrojada a las calles”, remarcó Noche. “Nunca me he preocupado tanto, todas las noches, por la seguridad de un cliente, como por Yolanda”.
Y está el caso reciente de una abuela que fue separada de su nieta, de dos años de edad, cuando fueron liberadas del MPP a Estados Unidos.
Aún otros en el programa están separados de sus parientes con los que pensaban reunirse cuando llegaron a la frontera en busca de ayuda.
Una mujer voló desde Chicago con su madre para estar presente en la audiencia de su padre, en la sala del juez Law, en San Diego, el martes. Madre e hija llegaron a Estados Unidos desde Venezuela hace unos años para solicitar asilo, pero el padre llegó más recientemente y fue enviado de regreso a Tijuana.
Los guardias en la sala del tribunal regañaron a la familia por tratar de hablar entre ellos, pero el padre sonrió y le arrojó besos a su hija, quien lloraba suavemente en la parte trasera de la corte.
Otro padre, residente legal de Estados Unidos, se presentó en la sala de audiencias de Law para escuchar a su esposa y su hijo de cuatro años, oriundos de Cuba. Él se sentó detrás de ellos, y el niño extendía la mano por detrás del banco para sostener las de su padre mientras el guardia no prestaba atención.
Cuando llegó el momento de retirarse, el pequeño caminó detrás de su madre y extendió la mano hacia su padre para que lo tomara en brazos. Su padre comenzó a complacerlo, pero luego miró al guardia. Suavemente, colocó una mano sobre el niño y lo guió por la puerta hacia los funcionarios que lo llevarían de regreso a México, para esperar la próxima audiencia.
En cuanto al primer hombre que fue devuelto en el marco del MPP, cuando llegó su primera cita en la corte, en marzo de 2019, había cruzado sin autorización al país en una parte de la frontera donde el programa aún no se había implementado, y estaba bajo custodia.
El resultado final de su caso es desconocido.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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