En El Salvador, las pandillas vigilan el cumplimiento de la cuarentena con bates de béisbol

El Salvador recientemente celebró una hazaña histórica: durante dos días seguidos, el mes pasado, el país no registró un solo homicidio.

En una nación que durante años llevó la delantera mundial en materia de asesinatos per cápita, esas 48 horas sin homicidios se produjeron en medio de una caída repentina de los delitos violentos. Esos crímenes cayeron de 114, en febrero, a 65 en marzo.

Lo que impulsa el declive no es una tregua entre pandillas o una nueva estrategia policial, sino una cuarentena nacional de semanas para frenar la propagación del coronavirus.

Las pandillas callejeras que durante mucho tiempo han aterrorizado a El Salvador, ahora desviaron su atención de la extorsión y los asesinatos a un asunto más apremiante: imponer restricciones de distanciamiento social, a menudo mediante amenazas y bates de béisbol.

Las pandillas asumieron su papel de matones de la salud pública después de que el presidente de esa nación, Nayib Bukele, ordenó un cierre de 30 días, que comenzó el 22 de marzo pasado.

En muchas partes del país, las pandillas son más efectivas que las autoridades gubernamentales, con tácticas que incluyen hacer circular grabaciones mediante las aplicaciones de mensajería, para amenazar a las personas que violan las reglas. “No queremos ver a nadie en la calle”, afirma una grabación. “Si sales, será mejor que sólo vayas a la tienda, y que uses una máscara facial”.

Las pandillas también produjeron videos que muestran cómo sus miembros enmascarados golpean a quienes no se adhieren a la cuarentena.

Otros países de América Latina y el Caribe notaron reducciones similares en los asesinatos desde que se emitieron las órdenes de quedarse en casa. En Colombia, donde los líderes guerrilleros ordenaron un alto al fuego de un mes programado por la cuarentena en todo el país, los homicidios se redujeron a la mitad.

En Guatemala y Honduras, los homicidios bajaron aproximadamente un tercio, en gran parte porque hay menos personas en las calles a quienes amenazar y matar.

En una parte del mundo donde la pobreza generalizada y la baja inversión en salud pública harían del coronavirus algo especialmente devastador, la reducción de los crímenes es una buena noticia. También es un respiro inusual para una región que alberga sólo al 8% de la población mundial, pero donde se concentra casi un tercio de sus homicidios.

El Salvador está dominado por el crimen organizado desde la década de 1990, cuando los deportados de Estados Unidos trajeron consigo a dos pandillas, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

El gobierno anunció que, en esta nación de poco más de seis millones de habitantes, casi medio millón de personas están conectadas con las pandillas; ganan dinero extorsionando a pequeñas empresas, contrabandeando y vendiendo drogas.

Un hombre en El Salvador muestra sus heridas; afirmó que fue baleado dos veces por pandilleros.

(Carolyn Cole / Los Angeles Times)

En los últimos años, el gobierno adoptó lo que llama un enfoque de “puño de hierro” contra los grupos criminales, que incluye el envío de soldados armados con armas automáticas y vestidos con pasamontañas negros a las áreas controladas por pandillas.

Los líderes del país afirman que su estrategia está funcionando y hacen hincapié en una disminución de las tasas máximas de homicidios, registradas en 2015. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos culparon a las pandillas por un incremento en las desapariciones forzadas, sugiriendo que simplemente han cambiado sus tácticas. Muchos creen que estas agrupaciones han pactado con el gobierno para mantener los cuerpos fuera de las calles. “Las pandillas conservan su control territorial, y en muchas áreas superan el poder del estado”, remarcó Celia Medrano, directora de programas del grupo de derechos humanos Cristosal. El hecho de que parecen estar haciendo cumplir la cuarentena “sólo confirma que tienen el control”, reflexionó.

En San Salvador, la capital de la nación, las calles están inquietantemente vacías. El día en que comenzó el bloqueo nacional, los pandilleros en un vecindario controlado por la Mara Salvatrucha advirtieron a los residentes que obedecieran las reglas. “Dijeron: No queremos el virus aquí”, reveló un repartidor del vecindario, de 25 años de edad, que por miedo pidió ser identificado sólo por su primer nombre, Miguel. “La gente no le tiene miedo a la policía, sino a la pandilla”, remarcó.

El joven agregó que a esos grupos les preocupa que las altas tasas de infección puedan dañar a largo plazo sus negocios y atraer la atención no deseada de las autoridades gubernamentales.

Por ahora, las pandillas parecen dispuestas a aceptar algunas pérdidas. En un vecindario controlado por una rama de Barrio 18, en San Salvador, los sicarios le dijeron a propietarios de pequeñas empresas y a los taxistas que están exentos de pagar sus tarifas de extorsión, conocidas como renta, mientras dure la cuarentena.

Pero no está claro cuánto durará la nueva tregua. “Una vez que termine la cuarentena, deberán pagar lo que deben”, afirmó un barbero del vecindario, que pidió ser identificado sólo como Rafael. “Creo que los homicidios van a aumentar después de la cuarentena porque la pandilla no va a perdonar las deudas, y matarán a quien no pague”.

Aquí y en toda América Latina, que el año pasado vivió una ola de movimientos de protesta en varios países por la desigualdad en los ingresos, existen crecientes preocupaciones sobre los posibles disturbios sociales si continúan los bloqueos. “La frágil economía de El Salvador podría colapsar”, admitió Jeannete Aguilar, analista de seguridad en San Salvador. La mitad de la población del país trabaja en el sector informal, precisó, y pocos tienen ahorros. Las remesas del exterior, que representan aproximadamente el 20% del PIB del país, ya están en caída. “Una cuarentena es una cosa muy diferente si el refrigerador está vacío”, reflexionó. “Podría haber un gran aumento de robos y otros delitos porque la gente está desesperada y hambrienta”.

La analista se encuentra entre un número creciente de expertos que creen que una recesión global, y la probabilidad de violencia concomitante, podría impulsar nuevas oleadas de migración a Estados Unidos. “La situación económica que dejará esta crisis cuando termine simplemente alimentará las condiciones estructurales que llevan a miles de personas a huir de sus países”, coincidió Tiziano Breda, analista con sede en Guatemala de International Crisis Group. En ese país, agregó, las pandillas ya estaban evolucionando frente a las restricciones relacionadas con el coronavirus, incluida la suspensión de circular por las rutas de autobuses, que han privado de ingresos a dichos grupos.

Algunas de esas agrupaciones comenzaron a extorsionar a las personas en sus hogares en lugar de en sus negocios, agregó. Al analista le preocupa que también tengan en mente los subsidios de $130 por familia prometidos por el gobierno para contrarrestar la devastación económica que se espera que el coronavirus deje en uno de los países más pobres del mundo. “Están en un modo de esperar y ver, para tratar de averiguar qué fuente de ingresos pueden reemplazar”, destacó Breda.

Una nación en la región que no ha notado una disminución en la tasa de delitos es México, que registró 2.585 homicidios en marzo, según datos preliminares del gobierno. El número es superior al de cualquier mes en casi dos años.

Abril mostró un comienzo igualmente sangriento. Durante el fin de semana pasado, un tiroteo entre cárteles rivales dejó 19 muertos en el estado fronterizo norteño de Chihuahua.

Una razón clave por la que la violencia no ha disminuido allí es porque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue mucho más lento en responder a la amenaza del coronavirus que los líderes de otros países de la región. Apenas la semana pasada México solicitó a los trabajadores “no esenciales” que se quedaran en casa, y el país no impuso restricciones de viaje ni toques de queda.

En algunas partes de México, los grupos armados ya se han preparado para un posible cierre. Las pandillas en los estados de Tamaulipas y Michoacán habían distribuido alimentos y otros suministros a los residentes locales esta semana.

En el estado de Guerrero, controlado por un grupo de pandillas armadas y autoproclamados grupos de autodefensa, algunos establecieron puntos de control en sus comunidades para evitar el virus, comentó Falko Ernst, analista sénior para México de International Crisis Group.

Ernst teme que en partes del país donde la ley y el orden están ausentes, el coronavirus envalentone a los grupos armados, especialmente cuando los soldados mexicanos y otras fuerzas federales pasen de mantener la paz a los esfuerzos de contención del coronavirus. “Estamos en riesgo de que estos conflictos se desaten aún más”, reconoció.

Linthicum reportó desde Ciudad de México y O’Toole desde Washington. Renderos, un corresponsal especial, informó desde San Salvador.

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