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En California, el decreto de obligatoriedad de las mascarillas pone a prueba los límites del poder ejecutivo de Newsom

Brandon Leslie, a nurse at Good Samaritan Medical Center in Los Angeles, wears a face mask in downtown L.A. on June 18
Brandon Leslie, un enfermero que trata a pacientes con COVID-19 en el Good Samaritan Medical Center, usa una máscara facial mientras camina en el centro de Los Ángeles.
(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Desde poco después de que comenzara el brote de coronavirus, el gobernador Gavin Newsom se ha enfrentado a las críticas de algunos por su amplio uso de la autoridad ejecutiva durante la pandemia de COVID-19.

El decreto del gobernador Gavin Newsom, emitido el 18 de junio pasado, que exige que todos los californianos usen máscaras faciales, fue una buena noticia para aquellos en el estado preocupados por el reciente aumento en los casos de COVID-19.

Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad de Nevada, Reinette Senum, recibió el mandato con un desafío: “Nuestro gobernador NO tiene ese poder unilateral para emitir tales órdenes”, afirmó en una publicación de Facebook, uniéndose así a los sheriff en los condados de Orange, Riverside, Sacramento y Fresno que, según dijeron, se negarán a controlar el cumplimiento del decreto de Newsom.

“Lo que debería haber hecho es lo correcto: pasar por el proceso legislativo”, agregó Senum. “No hubo discusión pública, no hubo espacio para el diálogo público”.

Desde poco después de que comenzó el brote, Newsom se ha enfrentado a las críticas de algunos por su amplio uso de la autoridad ejecutiva durante la pandemia de COVID-19. El gobernador se vio acribillado a desafíos legales sobre diversos asuntos relacionados con la pandemia, incluida la prohibición de los servicios religiosos en persona y la declaración de las armerías como negocios esenciales; una serie de casos están aún pendientes.

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Pero la directiva de la administración Newsom que ordena a todos los californianos a cubrirse el rostro mientras están en público, con excepciones limitadas, parece tener una sólida base legal, según algunos expertos constitucionales estatales.

El gobernador tiene poder generalizado para responder durante un estado de emergencia, como una pandemia, al igual que la oficial de Salud Pública del estado, Sonia Angell, destacó Stephen M. Duvernay, investigador principal del Centro de la Constitución de California de la Facultad de Derecho de Berkeley.

Después de consultar con los principales funcionarios de salud pública del estado y asesores superiores en su administración, Newsom aprobó sus recomendaciones para que el Departamento de Salud Pública estatal implemente el mandato de las mascarillas. La orden de permanencia en el hogar, promulgada el 19 de marzo pasado, requiere que “todos los californianos presten atención a las directivas estatales de salud pública del Departamento de Salud Pública” (DPH, por sus siglas en inglés).

La gente es naturalmente rápida para creer que las cosas se están desmoronando y lenta para creer que las cosas están mejorando. En una pandemia, este dominio de la negatividad es psicológicamente razonable.

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“La Ley de Servicios de Emergencia autoriza a un gobernador a asignar las tareas del Departamento de Salud Pública relacionadas con la mitigación de los efectos de una emergencia, como la pandemia actual”, enfatizó Duvernay. “Y el DPH tiene autoridad legal independiente para tomar las medidas necesarias en pos de prevenir la propagación de una enfermedad”.

Para combatir una enfermedad contagiosa, infecciosa o transmisible, Angell puede “tomar las medidas necesarias para determinar la naturaleza de la enfermedad y prevenir su propagación”, según el código de salud y seguridad del estado.

“El Departamento de Salud Pública parecería tener suficiente autoridad para ordenar al público el uso de cubiertas faciales para evitar la propagación de la pandemia”, expresó el ex juez de la corte de apelaciones del estado Daniel M. Kolkey, quien se desempeñó como secretario de asuntos legales del gobernador republicano Pete Wilson y luego como asesor del gobernador Arnold Schwarzenegger.

Según la ley de California, las órdenes del oficial de salud pública del estado son ejecutables por los sheriff de condados y otras agencias de policía locales, y quienes no cumplan pueden ser acusadas de un delito menor.

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Newsom señaló en repetidas ocasiones que espera usar el poder de la persuasión y la educación para que los californianos presten atención al decreto de usar mascarillas y acaten otras restricciones relacionadas con el coronavirus exigidas por el estado, pero prometió tomar medidas para asegurar su cumplimiento de ser necesario. Y exactamente eso fue lo que hizo este domingo, cuando ordenó que bares, cervecerías y clubes nocturnos cerraran de inmediato en siete condados de California debido a un aumento alarmante en la propagación del coronavirus. La administración Newsom también recomendó que otros ocho condados tomen medidas por su cuenta para cerrar ese tipo de negocios. “Nuestro enfoque a nivel estatal debe guiarse primero por la aplicación de la ley a nivel local, pero hemos dejado en claro... que tenemos herramientas a nivel estatal”, destacó Newsom.

La oposición al decreto del uso de cubiertas faciales sigue creciendo. Miembros del grupo Freedom Angels, activistas contra las vacunas que también protestaron contra las acciones del gobernador frente al coronavirus, acusaron a Newsom de abusar de su poder. “Bienvenidos a Prison Planet (planeta prisión)”, publicó el grupo en Facebook.

Esta ha sido una primavera sobresaliente para la venta de plantas en el sur de California, pero nadie está celebrando. Están muy ocupados tratando de mantener la demanda de los jardineros en medio del coronavirus.

La abogada Harmeet Dhillon, de San Francisco, espera que un juez decida en última instancia si el decreto de Newsom es adecuado. La legista presentó más de una docena de demandas en nombre de clientes individuales y de su organización sin fines de lucro, Center for American Liberty, desafiando las acciones ejecutivas del gobernador durante la pandemia del COVID-19.

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Dhillon criticó la orden de las mascarillas de Newsom, que incluye el requisito de que los californianos usen dichas cubiertas faciales al aire libre si no pueden distanciarse socialmente de los demás. Esa es una extralimitación del gobierno, argumentó, ya que no hay evidencia suficiente para demostrar que el virus se transmite con facilidad al aire libre. Dhillon solicitó tanto al estado como a los condados las bases científicas para tales decretos, y no ha recibido una respuesta adecuada. “Por supuesto, el gobernador tiene poderes”, destacó la abogada, quien representa a California en el Comité Nacional Republicano. “El problema es que las órdenes son demasiado amplias, vagas y seleccionan ganadores y perdedores. Lo cual hizo el gobernador desde el primer día”.

Kolkey está de acuerdo en que la legalidad de algunas de las acciones ejecutivas de Newsom durante la pandemia -emitidas bajo sus poderes ampliados en el marco del estado de emergencia- siguen sin estar claras. Eso incluye la orden de ampliación de derechos de los trabajadores clasificados como “esenciales” para presentar reclamos de compensación laboral, indicó Kolkey. Newsom también firmó una orden ejecutiva que exige que las principales compañías de alimentos brinden dos semanas de licencia por enfermedad remunerada complementaria para los trabajadores a tiempo completo que contraen COVID-19 o están expuestos a ella.

Kolkey cree que esas órdenes equivalieron a la creación de nuevas leyes, lo cual está exclusivamente dentro del ámbito de la Legislatura, y que la Constitución de California prohíbe expresamente a las personas en una rama del gobierno ejercer los poderes de las otras dos.

Ese es el caso a pesar de que la Legislatura ha aprobado leyes que otorgan al gobernador un poder enorme en tiempos de emergencia, incluido el derecho a suspender los estatutos y reglamentos, la autoridad para ejercer el poder policial conferido al estado y el derecho a emitir y rescindir órdenes y reglamentos para llevar a cabo estos poderes.

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No obstante, la Legislatura “no puede renunciar a su poder de legislar durante una emergencia y transferirlo al gobernador”, destacó Kolkey.

Medio Ambiente

La administración Newsom comunicó que, en virtud de la Ley de Servicios de Emergencia de California, el gobernador tiene una autoridad sustancial durante un estado de emergencia, incluida -según establece la ley- “la autoridad completa sobre todas las agencias del gobierno estatal y el derecho a ejercer dentro del área designada todo el poder policial conferido al estado por la Constitución y las leyes del estado de California”.

“Varios tribunales que consideraron la cuestión, incluidas las cortes estatales y federales de California y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al evaluar una orden ejecutiva emitida por el gobernador Newsom, confirmaron la amplia autoridad del gobernador para tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública durante la pandemia”, señaló en un correo electrónico Kate Folmar, portavoz de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del estado.

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Hasta ahora, los tribunales han sido algo respetuosos a las acciones ejecutivas del gobernador durante la crisis de salud pública.

A fines de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la prohibición de Newsom de los servicios religiosos en persona como parte de su orden de quedarse en casa. Desde entonces, la administración permitió que estos se reanuden en la mayoría de los condados, siempre que cumplan con las garantías impuestas por el estado. “Estamos lidiando aquí con una enfermedad altamente contagiosa y a menudo fatal, para la cual actualmente no existe una cura conocida. En palabras del juez Robert Jackson, si una ‘corte no modera su lógica doctrinaria con un poco de sabiduría práctica, convertirá la Declaración de Derechos constitucional en un pacto suicida’”, escribió la mayoría.

Sin embargo, un magistrado de la Corte Superior del Condado de Sutter a principios de este mes bloqueó la orden ejecutiva de Newsom de imponer nuevas reglas electorales en los condados, con la esperanza de limitar la votación en persona en noviembre, para disminuir la propagación del virus. El juez Perry Parker calificó el decreto como “un uso inadmisible de los poderes legislativos, en violación de la Constitución de California y las leyes del estado de California”.

Posteriormente, un tribunal de apelaciones eliminó la medida cautelar de Parker. Mientras tanto, la Legislatura tomará medidas sobre un proyecto de ley que cambia las reglas electorales para este otoño.

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Taryn Luna, redactora de planta de The Times, contribuyó con este informe.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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