Promueven plan de asistencia de comida de $300 a $600 para indocumentados y personas de bajos recursos en California
Entre un 37% de estadounidenses desempleados que se quedaron sin comida en el último mes y otro 46% preocupado por quedarse sin alimento, el impulso por la ayuda financiera toma vuelo en California.
El asambleísta Miguel Santiago, demócrata de Los Ángeles introduce una legislación que proporcionaría seis meses de alimentos de emergencia a los californianos de bajos ingresos que luchan financieramente debido al COVID-19, independientemente del estado migratorio.
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Actualmente, no existen protecciones para apoyar a la comunidad indocumentada si contraen coronavirus o pierde el empleo. Algunos son elegibles para CalFresh, un programa financiado con fondos federales que proporciona beneficios alimentarios mensuales a personas de bajos ingresos y familias, pero muchos indocumentados tienen miedo de convertirse en carga pública y no solicitan la asistencia.
Los hijos de inmigrantes indocumentados pueden recibir CalFresh si son ciudadanos o residentes legales permanentes solamente.
Estas familias fueron devastadas al quedar fuera del beneficio de la Ley CARES, que dio cheques de $1.200 por familia.
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“Cada semana, personalmente he visto a miles de personas hacer fila en medianoche, mientras que la mayoría de la gente debería estar durmiendo, solo para obtener leche y huevos para sus familias”, dijo Santiago.
“El Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles duplicó la cantidad de personas a las que atienden desde que golpeó la pandemia, y los alimentos provenientes de bancos de comida de todo el estado están experimentando aumentos similares”, expuso.
El proyecto de ley AB 826, busca asignar a cada solicitante calificado $300 por mes y hasta $600 por hogar para uso de alimentos.
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El presidente y director ejecutivo de Food Bank, Michael Flood, se une al esfuerzo diciendo que la solicitud por comida se ha duplicado en su organización tras el brote.
“La demanda es tan alta que necesitamos implementar estrategias para llegar a quienes luchan contra el hambre”, dijo.
Miguel Ramírez ha sido uno de esos residentes que ha pedido comida de diferentes organizaciones.
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“Me quedé sin empleo de lavaplatos en un restaurante que cerró sus puertas en Whittier luego del orden de cierre por la pandemia”, dice Ramírez.
“Desde entonces, hago de todo… vendo dulces en la calle, he vendido cubrebocas y en ocasiones me voy de jornalero, y con la falta de fondos necesito separar el dinero de la comida y las deudas”, revela Ramírez.
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“Más ayuda financiera para la comunidad de bajos recursos nos haría mucho bien a las familias que estamos luchando para sobrevivir la pandemia”, sostiene.
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirma que apoya el proyecto enfatizando que la enfermedad “no discrimina”.
“Es más probable que los inmigrantes y las comunidades de color padezcan de problemas de salud subyacentes. Además, las comunidades de color y los inmigrantes se han visto afectados de manera desproporcionada por perder sus trabajos”, dijo la activista.
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La AB 826, actualmente está pendiente para voto en el Comité de Apropiaciones del Senado.
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