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“No quiero separarme de mis hijos”: Fin del TPS perjudicará a familias y comunidades enteras

Los oriundos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal van a tener 18 meses más bajo el programa TPS.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito afecta a ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
(Getty)
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Hace unas horas un panel de la Corte Federal de Apelaciones dictaminó que la administración Trump puede ponerles fin a las protecciones humanitarias para unos 300.000 inmigrantes del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los resultados de tal decisión son abismales, afirman los activistas entre preocupados y frustrados, ya que toda la nación se vería afectada empezando por las deportaciones masivas, la separación de familias y la baja de empleados esenciales.

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Entre los afectados, se encuentra el señor Humberto Gutiérrez, quien deberá tomar la decisión de salir de Estados Unidos hacia su natal Nicaragua con su hija de 12 años o dejarla en este país solamente con su madre.

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“Me tendría que ir a mi país y dejar a mi esposa e hija solas en Estados Unidos”, dice Humberto. “He trabajado por 15 años para comprarme una casita que mi esposa y yo aún no pagamos por completo. Todo estaría perdido si tengo que irme, pero lo que más me duele es dejar a mi niña”, dice.

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La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito afecta a ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante décadas. Bajo este resultado, es posible que el fallo para los beneficiarios de Honduras y Nepal, que llevan una demanda por separado, sea igual de negativa.

Los activistas protestan que los TPSianos han hecho sus vidas en Estados Unidos, comprado vivienda, establecido negocios y tenido hijos que han asimilado la cultura y el idioma.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de National Partnership for New Americans (NPNA), dice que el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito subraya la crueldad de la decisión de la administración Trump al separar de sus padres a por lo menos unos 200.000 niños nacidos en Estados Unidos.

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“Esta decisión se tomó con ánimo racial y traiciona nuestra tradición como nación de refugio que da la bienvenida a inmigrantes que vienen de países que experimentan conflictos armados, desastres naturales y otros eventos extraordinarios”, dijo.

Para el señor Gutiérrez, el fallo es la posible indigencia.

“Muchos están ahora en la frontera con México pidiendo asilo porque no se puede vivir allá con la pobreza y el crimen. El gobierno privaría a miles de trabajadores de un techo, de comida y del seno de la familia”, dice.

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Los beneficiarios de Honduras y El Salvador, por ejemplo, han estado en Estados Unidos durante al menos 16 años y la mitad de ellos han vivido aquí durante más de 20 años. La gran mayoría - 88.5 por ciento - participan en la fuerza laboral, que es mucho más alta que el promedio nacional.

Miles más trabajan en la industria alimentaria, el transporte, la limpieza, son niñeras, cuidadores de personas mayores, laboran en la atención médica y sostienen otras profesiones críticas para la salud y el bienestar de las comunidades. Inclusive, en esta pandemia, se estima que 131.300 titulares de TPS de El Salvador, Honduras y Haití se desempeñan como trabajadores esenciales.

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Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, afirma que, al querer cancelar el TPS, la administración de Trump ha ignorado los lazos familiares, comunitarios y económicos que los titulares de TPS han construido durante años.

Hoy es un día triste para los titulares de TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Ellos han construido familias, relaciones laborales, empresas y alrededor de 130.000 son trabajadores esenciales en la primera línea de la batalla contra el COVID-19. “El fallo nos afecta a todos, especialmente a las comunidades que se benefician del trabajo y la base imponible que pagan los titulares de TPS”, indica.

Poner fin al TPS devastaría la economía de la nación, según El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

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Por ejemplo, terminar el TPS para El Salvador, Honduras y Haití tendría impactos económicos significativos y de largo alcance. Deportar a estas personas costaría a los contribuyentes más de $3 mil millones, sostiene un estudio de Immigrant Legal Resource Center.

Durante una década, la incapacidad de estas personas para trabajar resultaría en más de $45 mil millones en pérdida de PIB y $6.9 mil millones en contribuciones perdidas al Seguro Social y Medicare, agrega.

Además, los empleadores incurrirían en cerca de $1 mil millones en costos de rotación para la terminación al por mayor de esta población. Los estados más afectados serían Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia.

Un comunicado de la AFC-CIO, señala que los sindicatos de Estados Unidos apoyan con orgullo a los trabajadores de TPS.

“Estamos decepcionados de que el tribunal haya permitido la terminación de las protecciones que han ayudado a aumentar los salarios, mantener una fuerza laboral estable y reducir la explotación en nuestro país”, dice el comunicado.

“La pandemia de COVID-19 amenaza a todos en nuestro país y revela cuán interconectados estamos realmente. El fallo desestabiliza aún más nuestra fuerza laboral y agrava las ya peligrosas brechas en la cobertura para los trabajadores inmigrantes en la respuesta COVID de nuestra nación”, dice.

Los activistas están de acuerdo en varios puntos; el Congreso debe tomar medidas inmediatas para proteger a los titulares de TPS y los ciudadanos deben salir a votar y hacer responsables a los políticos por no tomar acción de ayuda para los TPSianos.

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