Gracias a los estafadores, un cheque de desempleo por COVID llegó hasta un preso condenado a muerte

El recluso de San Quentin, Scott Peterson, condenado por asesinar a su esposa y su hijo no nacido, recibió beneficios de desempleo de California en los últimos meses, según la investigación realizada por un grupo de fiscales estatales y federales, que estudian fraudes en el sistema de ayuda por la pandemia, administrado por el Departamento de Desarrollo del Empleo (DDE) del estado.

También obtuvo los beneficios el asesino en serie y convicto, Cary Stayner, quien mató a dos mujeres y dos niñas cerca de Yosemite en 1999, y ahora está encarcelado, cerca de Peterson, en el pabellón de quienes cumplirán una pena de muerte.

Además, presuntamente se ha aprobado una tarjeta de débito por desempleo a Isauro Aguirre, condenado en 2018 por la tortura y homicidio de Gabriel Fernández, de 8 años.

Nueve fiscales de distrito de todo California y un fiscal federal hicieron estas acusaciones el martes, y pidieron al gobernador Gavin Newsom que interviniera para detener este tipo de estafas de desempleo en las prisiones de California.

Los fiscales calificaron la situación como “el fraude más importante sobre los recursos de los contribuyentes en la historia de California”, según una carta obtenida por The Times, que describe lo que implica el robo de identidad de los prisioneros, así como presuntas estafas de presos individuales y pandillas organizadas para engañar al sistema estatal.

“Es un problema que no se puede ignorar y el gobernador debe tomar medidas para abordarlo”, señaló McGregor Scott, fiscal para el Distrito Este de California.

Los fiscales sostienen que la estafa se puede prevenir con los sistemas utilizados por otros estados, quienes verifican los datos de los reclusos con los reclamos por desempleo antes de pagarlos. Le pidieron a Newsom que interviniera para “cerrar el grifo” de los pagos a las personas encarceladas, alegando que la respuesta del DDE a sus investigaciones ha sido “lenta o inexistente”, según la fiscal de Distrito del Condado de Sacramento Anne Marie Schubert, quien ayudó a formar y dirigir un grupo de trabajo sobre el tema.

“El DDE es un desastre disfuncional”, expresó el fiscal de distrito de El Dorado County, Vern Pierson, quien también está involucrado en el grupo de trabajo y es presidente de la Asociación de Fiscales de Distrito de California.

Newsom dijo el martes que el fraude era “absolutamente inaceptable”, y anunció su propio equipo para ayudar a coordinar los esfuerzos estatales contra la estafa, agregó que la entidad ya había comenzado a comparar las listas de reclusos con las reclamaciones de beneficios durante la pandemia.

“A principios de este año, lancé un equipo de trabajo para acelerar los pagos por desempleo y minimizar el abuso del sistema”, señaló Newsom en un comunicado. “Si bien hemos realizado mejoras, tenemos que hacer más”.

Los funcionarios del DDE confirmaron que estaban intentando eliminar los reclamos de las personas encarceladas que no eran elegibles y “buscando cómo integrar tales factores en el futuro”, dijo Loree Levy, portavoz de la agencia.

Los funcionarios del DDE señalaron que las reglas de confidencialidad les impedían confirmar que se habían pagado beneficios a Peterson, Stayner y Aguirre.

Pat Harris, abogado de Peterson, señaló: “Scott Peterson no estuvo involucrado en actividades fraudulentas y no tengo conocimiento de que haya sido acusado en ese sentido”.

Aunque pocos discuten la necesidad de ayuda por desempleo durante una recesión económica sin precedentes, las últimas acusaciones destacan los problemas actuales con el DDE que han dejado a muchos cuestionando la capacidad de la agencia para administrar la gran cantidad de reclamaciones.

Hasta ahora, las investigaciones han descubierto más de $400.000 dólares en beneficios estatales pagados a los condenados a muerte y más de $140 millones a otras personas encarceladas en los 35 centros penitenciarios de California, según Schubert. En total, los pagos a quienes no son candidatos a recibir esta ayuda debido al encarcelamiento en prisiones y cárceles podrían sumar casi mil millones de dólares, afirman los fiscales.

“Los asesinos, violadores y traficantes de personas no deberían recibir este dinero”, señaló Schubert. “Esto tiene que parar”.

La fiscal de distrito del condado de Kern, Cynthia Zimmer, zona en donde se encuentran cinco prisiones, calificó el alcance de las estafas como impactante. Zimmer dijo que su oficina había ubicado alrededor de $16 millones en reclamos presuntamente fraudulentos.

“He sido fiscal durante 36 años”, indicó. “Nunca había visto una estafa de esta magnitud”.

Para ser elegible a recibir beneficios de desempleo, los solicitantes deben buscar trabajo activamente y estar disponibles para aceptar empleo, un estándar que los reclusos generalmente no pueden cumplir.

Schubert y Zimmer dijeron que el presunto fraude estaba tomando múltiples formas. Algunas reclamaciones pueden haber sido presentadas directamente por los reclusos, o por familiares y amigos, a quienes dieron su información personal. Otras personas privadas de su libertad pueden ser víctimas involuntarias.

También se han encontrado casos de planes organizados a gran escala, dijeron los fiscales, incluida la posible participación de bandas carcelarias. Informaron que se han presentado cargos en unos pocos casos, pero que hay cientos de investigaciones en curso.

Debido a que las situaciones son complejas y pueden involucrar a miles de personas encarceladas en múltiples jurisdicciones, algunos que hacen reclamos pertenecen a prisiones localizadas en condados diferentes a los que se envían sus pagos. Los fiscales dijeron que las zonas individuales, especialmente las pequeñas y rurales donde se encuentran algunas cárceles, no podrían manejar la carga de las investigaciones.

Los fiscales federales han ayudado a determinar el alcance del problema, y los de distrito también están pidiendo más ayuda estatal para manejar la carga de trabajo. Pero Pierson, el fiscal de El Dorado, señaló que a él y a otros les habían dicho que el DDE solo tenía 17 investigadores de fraude en todo el estado.

“A nivel de línea”, indicó, “están tratando de hacer todo lo posible, pero no tienen los recursos ni el apoyo adecuados”.

El posible fraude salió a la luz después de que los fiscales de distrito en Los Ángeles, el condado de Lassen y el de San Mateo descubrieron reclamos cuestionables provenientes de cárceles locales, en parte al monitorear las conversaciones telefónicas grabadas de los presos mientras investigaban delitos no relacionados, indicaron varias fuentes vinculadas con las investigaciones. Los funcionarios también notaron que se enviaban grandes giros postales a los presos.

El fiscal de distrito de Riverside, Mike Hestrin, señala que la estafa funciona típicamente por alguien externo que hace el papeleo. Los pagos suelen ir a una dirección fuera de prisión. Una vez que se obtiene la tarjeta de efectivo, este individuo deposita algunos de los fondos en la cuenta del preso, donde se puede usar para comprar bienes y servicios, como alimentos y estampillas.

“Un hombre en una llamada telefónica presumió que acababa de comprar un reloj de $400 para su madre gracias al estado”, comentó Hestrin.

El fiscal de distrito de San Mateo, Stephen Wagstaffe, quien no es miembro del grupo de trabajo, pero cuyos investigadores descubrieron el fraude hace meses, afirmó que también creía que el problema era “dramáticamente amplio”. Wagstaffe explicó que se habían presentado cargos contra 22 personas en su jurisdicción por solicitar beneficios mientras estaban encarceladas, o ayudar a un preso a hacerlo —delitos graves que podrían resultar en tres años de prisión. Señaló que cuatro de esos acusados se habían declarado culpables hasta ahora. En un caso, el presunto estafador era un asesino convicto que esperaba ser transferido a la prisión estatal y, una vez transferido, continuó con el ilícito, indicó Wagstaffe.

En otra situación, un sospechoso desapareció después de pagar una fianza de $1 millón de dólares, parte de la cual Wagstaffe sospecha que se pagó con fondos del DDE, informó.

“Es una estafa muy fácil de hacer”, indicó Wagstaffe. “Se extiende como la pólvora entre los presos”.

Scott, el fiscal federal, precisó que el fraude por desempleo en las cárceles era un problema nacional, y que en los últimos meses se contrató a diez fiscales federales adjuntos específicamente para investigarlo, incluido uno en California.

En agosto, el fiscal de distrito de Pensilvania, Scott W. Brady y el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, acusaron a 33 personas, incluidos los reclusos de ocho prisiones estatales y del condado en el oeste de Pensilvania de obtener ilegalmente beneficios de desempleo de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).

En California, Scott trabajó con los fiscales de distrito para presentar un requerimiento en nombre del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y obligar al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California a darles una lista de todas las personas encarceladas. El Departamento de Trabajo comparó esa lista con los datos del seguro de desempleo de marzo a agosto, según la carta, y descubrió que más de 35.000 reclusos habían presentado reclamaciones y más de 20.000 habían sido pagados. Un preso no identificado recibió más de $48.000 dólares.

Los datos mostraron que 133 personas privadas de su libertad y condenadas a muerte en California, tenían 158 reclamaciones a su nombre, uno recibió más de $19.000 hasta ahora, según la carta al gobernador.

Schubert dice que los fiscales están pidiendo a las autoridades estatales que se aseguren de que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación (DCR), que ha estado ayudando con las investigaciones, comparta regularmente datos de identificación como números de Seguro Social con el DDE para ayudar a eliminar las reclamaciones fraudulentas, un sistema utilizado por otros 35 estados, informó. Veintiocho entidades también comparten esa información a nivel de las cárceles del Condado, según la carta.

La portavoz de DCR, Dana Simas, señaló que “se ha trabajado con el Departamento de Desarrollo del Empleo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y los fiscales de distrito locales para detener estas actividades ilegales dentro de las prisiones estatales. Continuaremos asociándonos con los fiscales locales para proporcionar todos los recursos e información necesarios y, de esta forma, investigar y procesar los hechos recientes”.

Los legisladores estatales han sonado la alarma durante meses sobre la sospecha de fraude en el creciente programa de beneficios por desempleo que ha pagado 110.000 millones de dólares en los ocho meses desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Apenas el mes pasado, el Departamento de Desarrollo del Empleo del estado dijo que 350.000 de las tarjetas de débito que emitió habían sido congeladas debido a actividades sospechosas, incluidos casos en los que se presentaron docenas de reclamos utilizando una sola dirección.

La agencia tiene una acumulación de alrededor de 580.000 reclamaciones que no ha pagado porque están estancadas en el procesamiento.

“La ineptitud en el DDE no tiene límites”, dijo la asambleísta Cottie Petrie-Norris (D-Laguna Beach), presidenta del Comité de Revisión Administrativa y Responsabilidad de la Asamblea. “Este último informe de fraude generalizado al DDE por parte de los reclusos es particularmente indignante porque es un problema muy simple de resolver”.

Pero a medida que las reclamaciones languidecen y la pandemia continúa causando estragos en la economía, los fiscales dijeron que estaban frustrados porque poco había cambiado.

“Realmente en este punto, detener el sangrado es lo más importante, porque el fraude continúa”, señaló la fiscal de distrito del condado de Fresno, Lisa Smittcamp, quien ha encontrado alrededor de 860 reclamos cuestionables de reclusos en la prisión estatal de Pleasant Valley, mismos que ascienden a aproximadamente $3.6 millones de dólares en fondos. “Estas son solo tarjetas de efectivo al azar que se envían y que están siendo completamente irresponsables con el dinero de los contribuyentes”.

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