“Más personas morirán”: Inmigrantes detenidos se preguntan cuándo serán vacunados
Los inmigrantes en los centros de detención de California se preocupan y se preguntan cuándo serán vacunados contra el COVID-19.
Cuando Ruperto Robles, de 60 años, contrajo COVID-19 a principios del mes pasado, tuvo fiebre por varios días, sufrió dolores musculares y fatiga, y estuvo aislado de otros en la cárcel del condado de Yuba.
Robles está detenido allí por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y enfrenta la deportación. Un tío y un primo en México murieron por complicaciones del COVID-19. Con diabetes y presión arterial alta, a Robles le preocupaba que eso también pudiera llevarlo a la muerte.
“Me gustaría recibir la vacuna para bloquear la posibilidad de enfermarme de nuevo”, comentó. “Es triste ver en la televisión cuántas personas mueren a causa del coronavirus”.
Los defensores de los inmigrantes dicen que los funcionarios estatales y federales han discutido quién es responsable de inocular a los aproximadamente 1.500 detenidos bajo el cuidado de ICE.
El portavoz de la institución, Alexx Pons, señaló en un comunicado que la cantidad de dosis de vacunas necesarias para los detenidos se informó a los planificadores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al comienzo de la pandemia, pero que el DHS no recibió ninguna asignación directa del antígeno para los detenidos. Las vacunas recibidas en los centros de detención podrían ser administradas por personal médico contratado o por ICE.
En Los Ángeles, muchas personas tienen ahora inmunidad al coronavirus debido a infecciones anteriores y a la vacunación, por lo que la transmisión se está ralentizando y avanzando hacia la inmunidad de grupo.
Pons indicó que las vacunas para los detenidos de ICE están siendo asignadas por los departamentos de salud locales y estatales, y se incorporaron a los envíos del antígeno contra COVID-19 distribuidos por el gobierno federal a cada estado.
“En este momento, un número limitado de detenidos de ICE ha comenzado a recibir la vacuna contra COVID-19 según la disponibilidad y las prioridades para vacunar a las personas en el estado donde están actualmente detenidos”, comentó.
Los siete centros de detención de inmigrantes de California pueden albergar en conjunto a unas 6.000 personas. Pero las instalaciones han estado operando a una fracción de esa capacidad como resultado de órdenes judiciales derivadas de demandas por peligros de seguridad en medio de la pandemia. Todos menos uno está gestionado por empresas penitenciarias privadas.
Hasta el miércoles, 573 personas en instalaciones en California habían dado positivo por COVID-19. El primer individuo que se sabe que murió bajo custodia de ICE por el virus fue Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años, originario de El Salvador que fue detenido en el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego en mayo. A nivel nacional, más de 9.500 detenidos dieron positivo por el virus y nueve fallecieron.
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Los centros de detención de ICE han batallado por hacer frente en todas las etapas desde que estalló la pandemia. Los brotes han afectado a casi todas las instalaciones del estado. Los detenidos han respondido, a lo que consideraban condiciones de vida inseguras e insalubres, con huelgas de hambre y protestas pacíficas, lo que en algunos casos ha provocado represiones por parte de los guardias, incluido el uso de la fuerza. Se presentaron además numerosas demandas por falta de distanciamiento social y pruebas de COVID-19.
Todo esto sirve de telón de fondo a las críticas sobre esta última fase de la pandemia: las vacunas.
En una declaración judicial el 11 de febrero, en respuesta a una demanda colectiva que alega que el gobierno federal no ha brindado atención médica y de salud mental adecuada a los inmigrantes detenidos, la Dra. Ada Rivera, directora médica del ICE Health Service Corps, indicó que la institución se basa en los procesos de priorización de la distribución de vacunas en cada estado para las asignaciones del antígeno. El Cuerpo de Servicios de Salud de ICE brinda atención médica a 13.500 detenidos en 20 centros de detención en todo el país. La institución contrata a proveedores externos para sus otras instalaciones.
“A partir de esta declaración, no se ha puesto a disposición de los detenidos ninguna vacuna en las instalaciones con personal del IHSC”, escribió.
Los funcionarios estatales dijeron la semana pasada que no están seguros de quién es responsable de inocular a los inmigrantes detenidos porque están bajo custodia federal.
“Hay algunos problemas jurisdiccionales realmente complejos que están en juego”, explicó a los miembros del comité el miércoles la Dra. Nadine Burke Harris, Cirujana General de California, quien copreside el comité asesor de vacunas del estado.
En una clínica de vacunación en Coachella el mismo día, el gobernador Gavin Newsom evadió una pregunta sobre los inmigrantes detenidos y dijo que solo podía hablar sobre los esfuerzos de inoculaciones en el sistema penitenciario estatal. Aproximadamente el 40% de los reclusos estatales han recibido el antígeno contra COVID-19.
“Los centros de detención federales operan de manera distintiva del estado”, explicó Newsom.
La semana pasada, 19 miembros de la Legislatura de California, encabezada por la senadora María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles), firmaron una carta solicitando que los funcionarios estatales aclaren sus planes de vacunación contra COVID-19 para inmigrantes detenidos. La carta siguió a un anuncio de ICE de que los estados individuales “determinarán cuándo se vacunará a los detenidos”.
En el condado de Los Ángeles, los residentes negros y latinos siguen encontrando obstáculos para recibir la vacuna, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios del condado por ampliar el acceso.
“Uno de los seis indicadores presentados por la administración [de Newsom] para reabrir el estado es la capacidad de prevenir brotes de COVID-19 en instalaciones que son vulnerables a la infección, incluidas las instalaciones de detención”, dice la carta. “Es imperativo que nuestra entidad cuente con un plan para vacunar a las personas en entornos aglutinados”.
Los departamentos de salud de los condados con centros de detención de inmigrantes han abordado la vacunación de los detenidos con diversos grados de responsabilidad.
Algunos detenidos dentro de Otay Mesa han sido vacunados por ICE, dijeron defensores. CoreCivic, la corporación con fines de lucro que administra Otay Mesa, es un proveedor registrado de vacunas contra COVID-19, indicó Sarah Sweeney, portavoz de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de San Diego. Sweeney confirmó que la institución ha proporcionado vacunas a Otay Mesa, pero no respondió a una pregunta sobre cuántas.
Pero en San Bernardino, los funcionarios de salud pública están esperando instrucciones del estado sobre cuándo los detenidos en la instalación de procesamiento de ICE de Adelanto y el anexo serán elegibles para las vacunas. David Wert, portavoz del Departamento de Salud Pública de San Bernardino, señaló que eso está “muy en el aire en este momento”.
El mes pasado, cuando una defensora de Inland Coalition for Immigrant Justice preguntó a los funcionarios de salud de San Bernardino cuándo los detenidos de Adelanto tendrían acceso a las vacunas, el subdirector Joshua Dugas respondió eliminándola de la cadena de correo electrónico.
“No nos encontramos en un punto en el que estemos vacunando a este grupo de personas”, dijo, según una copia del correo electrónico del 28 de enero compartido con el Times. “Actualmente ofrecemos dosis solo a los empleados”.
La cárcel de Yuba es la única instalación pública en California que retiene inmigrantes para ICE. La portavoz Leslie Williams dijo que solo los reclusos y el personal de la cárcel que cumplen con las pautas de elegibilidad han sido vacunados. Los detenidos de la institución no han sido inoculados, comentó, y la asignación del antígeno para los detenidos se tratará por separado de los presos.
“Responden por su propia población alojada”, indicó. “Cualquier cosa por los detenidos de ICE dependería de ICE”.
El Dr. Stephen Munday, oficial de salud de Imperial, donde se encuentra el Centro de Detención Regional Imperial, señaló que el condado está siguiendo el sistema de niveles establecido por el estado, enfocándose en los residentes del condado y las poblaciones que pueden recibir ambas dosis de la vacuna.
“Si el gobierno federal quisiera que los ayudáramos a vacunar a las personas en los centros de detención, y si pudiesen proporcionarnos dosis adicionales, sin duda estaríamos más que felices de ayudar a hacerlo”, comentó.
No está claro por qué los detenidos en Otay Mesa han sido vacunados y otros no. ICE no respondió a una pregunta sobre la disparidad.
Los centros de detención deben cumplir con las órdenes de salud estatales y locales, y coordinarse con las autoridades de salud pública para desarrollar planes de mitigación de COVID-19. Pero algunos condados han dicho que no creen que tengan la autoridad para intervenir cuando las instalaciones no siguen la guía local.
El mes pasado, los legisladores estatales presentaron el Proyecto de Ley 263 de la Asamblea, que aclararía que los funcionarios de salud del estado y del condado tienen autoridad para hacer cumplir las órdenes de salud en los centros de detención de operación privada.
Lisa Knox, directora legal de California Collaborative for Immigrant Justice, señaló que todas las agencias se están pasando la pelota de la responsabilidad de vacunar a los detenidos en California. El jueves, indicó, alguien alojado en la Instalación de Procesamiento de ICE de Mesa Verde en Bakersfield dio positivo por COVID-19.
“Seguimos viendo más casos de COVID todo el tiempo en detención”, explicó. “Más personas van a morir de coronavirus en detención si no se toman medidas. El estado no puede esperar a que el gobierno federal actúe”.
Para leer esta nota en inglés,haga clic aquí.
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