California cree que puede detener el COVID inundando áreas pobres con vacunas. ¿Funcionará?

Meses después de un lanzamiento de la vacuna que se ha visto obstaculizado por la escasez, y empañado por las desigualdades persistentes, California ahora está apostando por una nueva estrategia: inundar las comunidades más afectadas por el COVID-19 con dosis.

Los funcionarios dicen que esperan que el cambio radical revelado esta semana no solo desacelere la propagación de la enfermedad y aborde las flagrantes desigualdades en cuanto a quién recibe las vacunas, sino que también acelere la reapertura de la economía, al inocular a los trabajadores esenciales que se exponen a un mayor riesgo.

Bajo el nuevo enfoque, el estado ahora proporcionará el 40% de sus suministros disponibles a áreas desatendidas, como el sur de Los Ángeles, el lado este, Santa Ana y las comunidades predominantemente latinas a lo largo del corredor de la Interestatal 10, entre Pomona y San Bernardino, lugares que experimentaron una parte desproporcionada del sufrimiento de la pandemia, pero aún están rezagados con respecto a los vecindarios más ricos cuando se trata de vacunas.

El cambio dramático en la estrategia de asignación de California refleja la opinión, cada vez mayor, de los funcionarios estatales de que deben equilibrar, de manera más equitativa, la vacunación de quienes corren mayor peligro de morir de COVID-19, y los que tienen el riesgo más alto de contraer y propagar la enfermedad, debido al lugar donde trabajan y viven.

Los investigadores están descubriendo en mayor medida que el antígeno puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la transmisión del coronavirus, y esa es una razón clave para centrarse en las comunidades más afectadas, explicó el jueves el gobernador Gavin Newsom.

“No podemos reabrir nuestra economía de manera segura hasta que dejemos atrás esta enfermedad”, señaló. “Honestamente, no podemos hacer eso a menos que nos ocupemos de las comunidades que son desproporcionadamente vulnerables a esta pandemia y sus impactos mortales”.

Decidir quién debería tener acceso a la vacuna contra COVID-19 ha sido durante mucho tiempo un campo minado ético, ya que la demanda y la necesidad de dosis han superado continuamente la oferta.

Pero algunos expertos dicen que dar prioridad a los residentes en comunidades de mayor riesgo, muchos de los cuales viven en entornos abarrotados o comunitarios y tienen trabajos que requieren que estén físicamente, tiene sentido en este momento.

Aunque los californianos mayores estuvieron entre los primeros grupos en ser elegibles para recibir vacunas, las personas menores de 65 años en realidad constituyen la mayoría de los individuos hospitalizados con COVID-19 en todo el país, indicó la epidemióloga de UC San Francisco, la Dra. Kirsten Bibbins-Domingo.

Al analizar las muertes por coronavirus, entre las personas que no viven en hogares de ancianos, aproximadamente un tercio son menores de 65 años, muchos de ellos trabajadores esenciales, señaló.

“El objetivo tiene que ser ir donde está el virus”, comentó, y lo llamó de “sentido común” llevar las vacunas a los lugares donde la transmisión es más alta.

“Resulta que también es compatible con la equidad y podría ayudar a alcanzar ambos objetivos juntos”, indicó Bibbins-Domingo. “Probablemente podríamos lograr la mayoría de los objetivos de los que estamos hablando si en realidad solo fuéramos a los códigos postales que tienen la mayoría de los casos”.

La medida de California también tiene como objetivo abordar las persistentes desigualdades que han perseguido la aplicación del antígeno en el estado.

“Un viejo adagio dice: ‘Continúa haciendo lo que has hecho, obtendrás lo que tienes’”, expresó Newsom durante una conferencia de prensa en un centro de vacunación en Stockton el jueves. “Y al final del día, podemos seguir mejorando con estas coaliciones y coordinando a nuestros socios, haciendo un poco más, un poco mejor, pero no creo que realmente estemos a la altura del momento”.

La asignación dedicada del 40% fluirá hacia las comunidades dentro del cuartil más bajo del Índice de Lugares Saludables de California, una medida de oportunidad socioeconómica que toma en cuenta factores económicos, sociales, educativos, de vivienda y transporte.

Una vez que se hayan administrado 2 millones de dosis en las comunidades que se tienen como objetivo, el estado relajará el umbral para que los condados avancen desde la categoría más restrictiva, del plan de reapertura codificado por colores de cuatro niveles de la entidad.

Hasta ahora, se han administrado aproximadamente 1.6 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 a esas personas, lo que ubica a California en camino de alcanzar ese objetivo en la próxima semana o dos.

La mejor manera de dirigir el antígeno ha sido un enigma constante desde que se desempacaron las primeras dosis.

En diciembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron dividir las dosis disponibles entre los que tienen más probabilidades de morir a causa del virus y los que tienen mayor posibilidad de contraerlo.

Las primeras asignaciones fueron para los trabajadores de salud y los residentes de centros de atención a largo plazo. A continuación, los CDC sugirieron inocular a las personas de 75 años o más, así como a los trabajadores esenciales de primera línea, como los que laboran en los supermercados, en empleos postales y los docentes.

Pero en un intento por acelerar la distribución de vacunas rezagadas, muchos estados, incluido California, pronto ampliaron el acceso a todas las personas mayores, una medida que se produjo a expensas de los trabajadores que se suponía que serían los siguientes en la fila.

“En una situación en la que se tiene un suministro limitado, seamos honestos, no hay buenas opciones. Los gobernadores se ven obligados a hacer concesiones”, señaló Jennifer Tolbert, coautora de un informe de la Kaiser Family Foundation que evalúa las estrategias de implementación de vacunas de los estados. “Esto obliga a tomar estas decisiones difíciles”.

El grupo de elegibilidad de vacunas del estado incluye actualmente a los trabajadores de la salud, aquellos que viven o laboran en entornos congregados, como hogares de ancianos, y quienes se desempeñan en los campos de alimentación y agricultura, cuidado y educación infantil, fuerzas policiales y servicios de emergencia.

A partir del 15 de marzo, California también ampliará la elegibilidad para incluir a millones de personas con problemas de salud y discapacidades subyacentes.

La adopción de una estrategia de distribución de vacunas que favorece explícitamente a las comunidades desfavorecidas coloca a la entidad en una compañía rara, pero en crecimiento. Hasta la fecha, solo cuatro estados, Colorado, New Hampshire, Massachusetts y Tennessee, se han comprometido a enviar más suministro del antígeno, o más rápido, a áreas donde viven personas con menores ingresos y menos educación.

Doce estados más han dicho que lo harían, pero no se han comprometido públicamente con objetivos específicos, como lo ha hecho ahora California.

“Así se ve hacer lo correcto”, comentó Harald Schmidt, investigador de salud pública de la Universidad de Pensilvania, sobre el cambio de California. “Logramos la inmunidad colectiva más rápidamente, reducimos las muertes y es muy probable que reduzcamos las transmisiones” al dar prioridad a las comunidades desfavorecidas para la vacunación.

Los expertos también señalan que los trabajadores esenciales, incluso los más jóvenes, enfrentan serios riesgos por COVID-19. El personal de la agricultura y la alimentación de California, menor de 65 años, experimentó un aumento del 39% en la mortalidad durante la pandemia en comparación con antes, según un estudio de UC San Francisco.

La nueva estrategia de asignación del antígeno de la entidad abarca aproximadamente 400 códigos postales en todo el estado, muchos de ellos en el Valle Central y en Los Ángeles y sus alrededores, así como en los vecindarios al este y sur del centro de San Diego.

Aproximadamente el 40% de los casos y muertes de COVID-19 en la entidad han ocurrido en esas comunidades, señalaron las autoridades. A pesar de eso, solo alrededor del 17% de las dosis de vacuna han sido administradas a los residentes que viven allí, en comparación con aproximadamente el 34% de las dosis que se han aplicado a los habitantes de las zonas más ricas de California.

Básicamente, eso significa que las personas que viven en las áreas más adineradas están recibiendo el doble de las dosis administradas hasta ahora, en comparación con quienes viven en las áreas más pobres.

La distribución más eficaz de las vacunas en las áreas más necesitadas “le dará a todo nuestro estado una mayor confianza de que hemos protegido contra los niveles más significativos de transmisión de enfermedades a las comunidades que han sido, durante esta pandemia, las más afectadas”, explicó el jueves el Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California.

“Esta es una estrategia clave para mantener la presión de nuestro sistema de prestación de servicios de salud, evitando ver aumentos repentinos en los niveles que experimentamos a fines del verano o, peor aún, durante este invierno”, señaló.

Rhonda M. Smith, directora ejecutiva de California Black Health Network, indicó que las disparidades en las tasas de vacunación son una prueba más de que “el racismo es una crisis de salud pública”. Las desigualdades surgen en muchos problemas de salud, incluidas las tasas de mortalidad por COVID-19 y también los índices de mortalidad materna, que son más altos entre las mujeres negras.

“Hay un gran problema que es parte de nuestra cultura, sociedad e historia con el que nadie realmente quiere lidiar”, señaló Smith. “Estoy cansada de todo esto”.

La Dra. Helen Keipp Talbot de la Universidad de Vanderbilt, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC, dijo que será esencial que California no solo reserve el antígeno para las áreas desfavorecidas, sino que lo lleve activamente a las comunidades y lo distribuya a través de organizaciones que cuentan con confianza dentro de la sociedad.

Para los residentes de zonas desfavorecidas, “una de las mayores barreras es tomarse un tiempo libre del trabajo y el transporte”, señaló. Al llevar la vacuna a estas áreas y distribuirla allí, indicó, el estado tiene más posibilidades de llegar a los adultos jóvenes y de mediana edad, quienes cuentan con las tasas de infección más altas, y de alcanzar a los miembros mayores de su familia, quienes sufren las tasas de mortalidad más altas.

El sociólogo médico de UC Riverside, Richard Carpiano, indicó que es común que un nuevo tratamiento o herramienta de salud no se distribuya de manera equitativa, lo que deja disparidades en quién recibe la nueva protección.

Podría haber una variedad de razones para estas tendencias, incluida la desconfianza hacia el personal de salud entre los afroamericanos, así como la escasez de proveedores de atención médica en ciertos vecindarios, señaló. Los latinos pueden ser reacios a confiar en un programa del gobierno o poner su nombre en una base de datos, agregó.

Carpiano indicó que la investigación en salud ha demostrado durante mucho tiempo la necesidad de tipos de intervenciones culturalmente específicas, como vacunar a las personas en lugares en los que se sienten cómodos.

“Las desigualdades no son sorprendentes, pero va a ser en la medida en que existan”, señaló. “Obviamente cero es el objetivo, pero en un mundo realista, cualquier avance es bueno”.

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