Corte restablece la política de ‘Permanecer en México’: ¿Quiénes no están sujetos a la regla?
Como un valde de agua fría para los activistas proinmigrantes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este 24 de agosto exigir al gobierno del presidente Biden que restablezca la política de “Permanecer en México” de la era Trump, conocida formalmente como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
Para cientos de miles de familias esto significa un retroceso y para otros se convirtió en una estrategia adicional para seguir presionado a Biden con las promesas que hizo en su candidatura. Más de 70 mil inmigrantes estaban bajo MPP durante la administración de Trump.
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La decisión se tomó pocas horas después de que Human Rights First publicara un informe que documentaba más de 6.000 secuestros, así como otros ataques violentos contra migrantes y solicitantes de asilo bloqueados de la protección de Estados Unidos en México y / o expulsados a México desde que asumió la presidencia Biden.
Si bien la política estuvo vigente bajo la administración Trump desde enero de 2019 hasta principios de 2021, Human Rights First rastreó más de 1.500 informes públicos de violación, secuestro, tortura, trata de personas, así como otros delitos cometidos contra solicitantes de asilo y migrantes enviados de regreso a México.
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“El MPP sigue siendo ilegal, peligroso y punitivo para quienes buscan seguridad dentro de los Estados Unidos”, dijo Anwen Hughes, directora de estrategia legal y programas de refugiados de HRF.
Human Rights First exhorta al gobierno mexicano a ser inequívoco al rechazar cualquier intento de restablecimiento de esta política dañina que causó un sufrimiento incalculable y creó condiciones humanitarias desastrosas en las ciudades mexicanas.
El presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, Frankie Miranda, condenó la decisión diciendo que el programa fue utilizado por la administración Trump para obligar a decenas de miles de peticionarios de asilo que huían de la violencia, la persecución y los desastres climáticos a vivir en ciudades de tiendas de campaña peligrosas e inhumanas en el lado mexicano de la frontera mientras esperaban meses para recibir sus solicitudes de asilo.
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“El equipo del presidente Biden hizo bien en poner fin a este programa cruel e inhumano y la Corte Suprema está completamente equivocada al permitir que un juez designado por Trump obligue al gobierno actual a restablecerlo”, dijo Miranda, solicitando a la administración Biden evitar volver a implementar “esta horrible política”.
“Le tomará tiempo a la administración negociar con México, que quería que el programa terminara y no tiene la obligación de aceptar su reinstalación. Durante ese tiempo, Seguridad Nacional puede proporcionar un razonamiento adicional para terminar el programa y el Departamento de Justicia puede continuar con su apelación”, explicó Miranda.
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A juicio de Matt Nelson, director ejecutivo de Presente.org, la trayectoria de la actual mayoría en la Corte Suprema ha sido proteger a las élites, la supremacía blanca, la misoginia, además de la dominación corporativa a expensas de los inmigrantes, lo cual debe cambiar.
“El fallo de la Corte Suprema ignora el deber de nuestra nación de acoger y proteger a los solicitantes de asilo que toman la difícil decisión de embarcarse en peligrosos viajes en busca de seguridad y protección”, comentó Nelson.
A pesar de que la política afecta a muchos, hay algunos que se salvan de ella como aquellos que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México y fueron puestos en proceso de deportación antes de la implementación de la política (es decir, no es retroactiva); los niños no acompañados que llegan solos sin adultos a la frontera, cualquier persona que el DHS determine que es más probable que enfrente persecución o tortura si regresa a México; individuos con problemas conocidos de salud mental o médica, así como sujetos de interés para el gobierno de Estados Unidos o México. Sin embargo, los activistas creen que estas listas ni siquiera se están tomando en cuenta.
Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas dijo que la administración Biden debe usar su poder ejecutivo para terminar el MPP para resguardar a los solicitantes de asilo y reconstruir nuestro sistema de protección.
“Es vergonzoso que la mayoría de la Corte Suprema mantuviera una política arraigada en el odio y la supremacía blanca que obligó a miles de solicitantes de asilo a vivir en campamentos donde muchos estaban expuestos a la violencia”, indicó Chacón.
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