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Todo lo que debe saber sobre el derecho al aborto en California, su futuro y su peligro

55 por ciento de los estadounidenses ahora se identifican como proabortistas, el porcentaje más alto desde 1995.
(STEFANI REYNOLDS/NYT)
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La Corte Suprema de Estados Unidos le pone fin a cerca de 50 años de derecho constitucional al aborto al anular el caso de Roe vs Wade. Ahora, con este fallo histórico los jueces conservadores 5 contra 4, hacen ilegal esta práctica para las mujeres de la nación, permitiéndole a cada estado decidir individualmente si continúa el aborto o no.

El retroceso ocurre cuando 55 por ciento de los estadounidenses ahora se identifican como proabortistas, el porcentaje más alto desde 1995, según la encuesta de Gallup más reciente. Por otra parte, un 35 por ciento de los estadounidenses dicen que quieren que el aborto sea legal bajo cualquier circunstancia.

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Las prohibiciones desencadenantes harán que el aborto sea ilegal en el primer y segundo trimestre entrarán en vigor en casi todos los estados a lo largo de la frontera sureste del país, incluso Texas.

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En California, tanto políticos, como la comunidad y activistas, han levantado la voz, pues la anulación de Roe v. Wade creará una crisis de atención médica que podría poner en peligro la vida de muchas mujeres, sostienen.

Héctor Sánchez Barba, presidente de Planned Parenthood Global y director ejecutivo de Mi Familia Vota, dijo que la comunidad latina se opone firmemente a cualquier esfuerzo por limitar los derechos reproductivos de las mujeres.

“El fallo erróneo y políticamente motivado de la Corte Suprema es un llamado a la acción para nuestra comunidad”, dijo el activista.

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“Sabemos que, en momentos como estos, debemos tomarnos un momento para reconocer tan tremenda pérdida y la urgente necesidad de seguir organizándonos”, sostuvo.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, expresó su profunda preocupación.

“Esta es una llamada de atención para todos los estadounidenses. Le pedimos al Congreso que apruebe una legislación que defienda nuestros derechos reproductivos y represente a la mayoría de los votantes estadounidenses (59 %) que creen que el acceso a la atención médica del aborto reproductivo debería ser legal”, dijo.

Los activistas creen que la decisión podría crear una red clandestina de clínicas en todo el país, donde las personas se someterán a procedimientos que ponen en riesgo su vida.

“Si esta opinión es la decisión final, afectará más a las personas que ya enfrentan barreras para acceder a la atención médica: latinas/xs, negros, indígenas, jóvenes, inmigrantes/inmigrantes, personas con discapacidades, personas en comunidades rurales y desatendidas, y personas con bajos ingresos”, añadió Miranda.

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En California, el aborto sigue siendo legal. La comunidad de activistas sigue trabajando para garantizar esos derechos.

El derecho al aborto también se podrá ver en una enmienda propuesta en la boleta electoral en California este noviembre. De ser aprobada por los votantes, esta prohibiría explícitamente que el estado niegue o interfiera con abortos o anticonceptivos. En otras palabras sigue defendiendo el derecho con mas enmiendas para hacerlo intocable.

Así mismo, la Unión Americana de Libertades Civiles aclara que en California el aborto es aún legal, porque también tiene sus propias leyes que lo aprueban.

No obstante, California solo prohíbe los abortos después del punto de viabilidad, que es cuando un médico determina con base en un juicio médico de buena fe que existe una probabilidad razonable de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero sin medidas médicas extraordinarias. Los abortos solo se pueden realizar después del punto de viabilidad si un médico determina, con base en un juicio médico de buena fe, que continuar con el embarazo representaría un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Estas determinaciones son individuales a la persona ya su situación.

Con esta nueva decisión, según la organización, es probable que California no sea afectada.

ACLU sostiene que si la Corte Suprema emite una decisión que limita el derecho al aborto, así como lo hizo ahora, en California no cambiará la ley, porque la decisión le da a los estados la opción de restringir o prohibir los abortos.

Los médicos, enfermeras/parteras autorizadas, enfermeras practicantes y asistentes médicos con la capacitación adecuada pueden realizar abortos en California. Además, California no tiene ningún requisito de residencia para recibir un aborto. Esto significa que si su estado de origen crea barreras que le impiden abortar, o si hay otras razones por las que prefiere abortar en California, puede viajar a California para acceder a un aborto.

Para aquellos que necesitan ayuda monetaria, ACCESS Reproductive Justice conecta a las personas con programas gratuitos y de bajo costo que pagan por la atención de la salud reproductiva de las personas que viven en California, viajan a California o viajan desde California para someterse a un aborto fuera del estado.

Además, muchos centros de salud de California ofrecen aborto con medicamentos, también conocido como la píldora abortiva o aborto con medicamentos, a través de telesalud. Con la telesalud (a veces llamada telemedicina), puede hablar con su proveedor de atención médica por teléfono o por videollamada.

Tras el anuncio, los activistas californianos no quitan el dedo del problema que piensan puede afectar en el futuro otros derechos.

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, dijo que en la comunidad se encuentra profundamente consternados al ver que este Tribunal anuló un precedente fundamental y de larga data en una decisión extrema que va en contra de las opiniones de la mayoría de los estadounidenses, incluida la mayoría de los hispanos.

“La comunidad latina sabe lo que es que te quiten los derechos, que te falten al respeto y que criminalicen la actividad ordinaria. Como organización de derechos civiles, creemos que debemos ponernos del lado de la protección de los derechos de las mujeres, y no de un proceso que las eviscera. La mayoría de las mujeres—y la mayoría de las latinas—quieren la libertad de tomar sus propias decisiones con respecto a su salud y bienestar, y creen que estas decisiones deben ser un asunto privado entre ellas y su proveedor de atención médica”, dijo.

“También nos preocupa que las nuevas leyes creen otro objetivo para las acciones de cumplimiento en las comunidades de color. Bajo tales leyes, las mujeres de bajos ingresos y de color, así como el personal médico, serán mucho más vulnerables a enjuiciamientos y sanciones”, sostuvo.

La activista cree que mientras no se restablezca este derecho fundamental, este tema ahora está en manos de los líderes políticos estatales y de quienes los eligen.

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