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Vendedores ambulantes al borde de perder sus empleos: “No queremos nada gratis, solo una oportunidad”

Vendedores ambulantes se reunen preocupados por el futuro de sus carritos y trabajos.
Vendedores ambulantes se reunen preocupados por el futuro de sus carritos y trabajos.
(Selene Rivera )

Hace 20 años Carmen salió de su natal Puebla, México, hacia el este de Los Ángeles para una vida de más oportunidades. Sin muchos estudios, ella encontró un trabajo vendiendo paletas en las calles.

Con ese ingreso, Carmen sostiene a sus niños de cinco, siete y 16 años, pero la señora, quien no quiso dar su apellido, ahora vive la pesadilla de quedarse sin empleo y ultimadamente terminar en la indigencia.

Carmen forma parte de mas de 100 familias de vendedores ambulantes de la región de Los Ángeles, que están a punto de perder sus permisos de venta, sus carritos, y con ello el sustento del hogar.

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A pesar de dos caravanas en el último mes y cartas dirigidas a los políticos locales, las familias vendedoras de nieve, frutas y otros antojitos, no han obtenido respuesta para una solución tras ser obligados a desalojar los espacios que rentaban del lugar en donde guardan sus carritos.

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Los propietarios de la Comisaría “La Palma Ice Cream Inc.” enviaron la orden de desalojo el pasado 14 de mayo, dándoles un mes para retirar sus carritos. En la carta los propietarios dijeron que un acuerdo verbal de arrendamiento se encuentra vencido y los vendedores deben desalojar.

“Tenemos mucho miedo sobre nuestro futuro. No estamos pidiendo nada gratis solo una oportunidad de mas tiempo para encontrar otro lugar para estacionar nuestros carritos”, dijo la residente que labora en Lincoln Heights.

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En una junta tanto Claudia como otros dueños de carritos decidieron solicitar apoyo de los servidores públicos para buscar otra comisaría mientras esperan la orden de un juez, que les proporcionaría mas tiempo para encontrar otro lugar para rentar.

Sin embargo, los propietarios les han dejado a los vendedores avisos de “tercera llamada”, en lugar de esperar la orden del juez. Los dueños de La Palma también han amenazado a los inquilinos con desconectar todos los servicios.

De ser desconectado todos los servicios, los vendedores no podrán operar legalmente, ya que el Departamento de Salud automáticamente les quitará los permisos.

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“La Palma nos cobra mensualmente 350 dólares por el estacionamiento, y si no pagamos a tiempo son 10 dólares por día. En otras comisarias también nos van a cobrar y estamos dispuestos a pagar. El problema es que no encontramos comisarias disponibles”, dijo Claudia.

“Yo soy el sostén del hogar. De ese dinero sale para la renta y los gastos. Una hija de 19 años, que está en las Fuerzas Armadas, se ha puesto a llorar conmigo porque no queremos quedarnos en la calle”, dijo.

Carmen Reyes, otra vendedora que lleva casi 30 años en la venta ambulante, dijo que por ahora las familias de vendedores viven en incertidumbre.

“De esas ventas vivimos y les damos de comer a nuestras familias. Yo le di sustento a mis tres hijos que crecieron y se casaron”, dijo Reyes.

Según los vendedores, el acuerdo verbal de estacionamiento tiene más de 20 años en vigencia; un acuerdo en el que los propietarios de “La Palma Ice Cream Inc los obligan a comprar su mercancía a cambio del inquilinato.

Desde el 14 de junio, último día para desalojar, los vendedores han tenido que turnarse para quedarse día y noche a velar por los carritos en la comisaria, para que estos no sean desalojados.

Claudia Meneses, de 35 años, es una de las voluntarias que ha tenido que turnarse.

“Tengo tres niños pequeños de dos, cuatro y siente. Mi esposo trabaja en mantenimiento, pero solo no puede solventar los gastos del hogar. No pedimos ayuda del gobierno. No queremos nada gratis, queremos apoyo para seguir trabajando. Desde que llegue a este país este ha sido mi único trabajo”, dijo Meneses, quien tienen 14 años como vendedora.

Juan Rodriguez, de la organización Unión Popular de Vendedores, dijo que los vendedores se han acercado a las oficinas de la Supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís y del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Gil Cedillo, pero no han obtenido respuestas.

“Por ahora estamos en espera de los políticos porque ellos tienen el poder de ayudar. Entendemos que la propiedad es privada, pero las familias no tienen nada, y de perder sus espacios lo pierden todo”, dijo.

En una entrevista telefónica con Kimberly Ortega, directora de comunicaciones de la oficina de Solís, dijo que los vendedores se acercaron para pedir ayuda, sim embargo ellos se encuentran dentro de la jurisdicción del Primer Distrito de la ciudad de Los Ángeles, y no del condado.

“La supervisora Solís se encuentra en solidaridad con los vendedores. Los apoya, pero lamenta no poder hacer nada por ellos porque ese distrito le pertenece al concejal Gil Cedillo”, dijo Ortega.

La oficina de Cedillo no respondió las llamadas, pero la ayuda se podría complicar porque hasta este pasado jueves no había logrado ganar terreno en las elecciones contra la aspirante Eunisses Hernández.

Por su parte, Hernández no quiso dar comentarios sobre el tema.

El último recuento de votos de las elecciones del 7 de junio mostró a Hernández, un activista comunitaria y defensor de políticas públicas, manteniendo el 54.04% de los votos. La actualización publicada el martes por el Registrador-Registrador/Oficina del secretario del Condado le dio a Hernández 16,097 votos, en comparación con 13,690 para Cedillo.

De ganar, Hernández no tomaría el puesto de concejal del Primer Distrito hasta enero 2023, pero este pasado 30 de junio decidió presentarse en apoyo a los vendedores.

La Palma Ice Cream tampoco contestó las llamadas.


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