Proyecto de ley en California financiaría la defensa a la deportación para todos los inmigrantes; incluidos aquellos con delitos graves
En California, cuando el gobierno federal trata de deportar a alguien, los fondos para la defensa legal de esa persona pueden provenir de una fuente poco probable: el presupuesto estatal.
Cada año, el estado reserva alrededor de $45 millones para subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que brindan defensa y otros servicios legales a inmigrantes de bajos ingresos y sus familias. Hasta ahora, el programa llamado One California ha pagado la representación legal de más de 1,000 californianos que enfrentan detención, deportación o separación familiar, dicen funcionarios estatales.
El dinero también brinda servicios de divulgación, educación y “alivio de inmigración afirmativo”, que es cuando un inmigrante solicita asilo directamente a las autoridades de inmigración mientras no está involucrado en un proceso de deportación.
No todo el mundo puede acceder a estas reservas legales. Los inmigrantes que han sido condenados por delitos graves o violentos están excluidos del acceso a fondos estatales para representación legal durante los procedimientos de deportación.
Las familias de los migrantes mexicanos que murieron en el intento de travesía en barco en Black’s Beach se enteraron de la tragedia a través de llamadas telefónicas anónimas, grupos humanitarios y redes sociales.
El asambleísta Reggie Jones-Sawyer, demócrata de Los Ángeles, quiere eliminar esa barrera al apoyo legal. En febrero, presentó un proyecto de ley que ampliaría el programa One California eliminando sus exclusiones para inmigrantes condenados por delitos graves o violentos.
Los delitos graves y violentos abarcan una amplia variedad de delitos, que van desde el robo hasta el asesinato.
Jones-Sawyer ve esto como un problema de derechos civiles y dice que los inmigrantes deben tener los mismos derechos de representación y debido proceso que todos los demás.
“La ‘Rep for All Immigrants Act’ (Ley de Representación de todos los inmigrantes) garantiza la justicia racial y el verdadero acceso equitativo a servicios de inmigración cruciales para todos, no para algunos”, dijo.
‘One California’
En 2016, el entonces senador estatal Ben Hueso, demócrata de San Diego, presentó un proyecto de ley similar, llamado Ley de Debido Proceso para Todos. Era parte de un paquete legislativo que respondía a las amenazas antiinmigrantes del presidente Donald Trump de deportar a millones de personas.
El proyecto de ley de Hueso no fue aprobado por la Asamblea, pero se convirtió en parte de un proyecto de ley de remolque presupuestario. Desde 2017 forma parte del programa One California.
De aprobarse, la iniciativa será financiada parcialmente por bonos de obligación general que recaudarán entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que se destinarán a la construcción de instalaciones “tipo campus” y de pequeñas viviendas y centros residenciales a largo plazo, comentó el gobernador.
La asistencia legal es una de las formas en que la Legislatura de California ha intentado oponerse a las políticas contra la inmigración. Otras medidas han ampliado la elegibilidad para el seguro de salud administrado por el estado y el crédito fiscal estatal por ingreso del trabajo a más inmigrantes indocumentados.
En muchos estados, los inmigrantes que enfrentan la deportación generalmente no reciben asesoramiento legal gratuito en los tribunales federales de inmigración, ni siquiera los niños.
Los opositores al proyecto de ley de Jones-Sawyer cuestionan el uso de fondos para este propósito mientras que California enfrenta un déficit presupuestario de $22.5 mil millones, aunque se desconoce cuánto costaría expandir los servicios.
Los defensores dicen que poner barreras a los servicios legales para personas condenadas por delitos graves crea un sistema de justicia de dos niveles, donde solo ciertas personas obtienen el debido proceso.
“Este proyecto de ley garantizará que los inmigrantes californianos puedan acceder a servicios, ayuda y protecciones integrales y de alta calidad, lo que les permitirá continuar con sus vidas con dignidad y justicia”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de programas del Centro de Políticas de Inmigrantes de California, un co-patrocinador de la ley.
El proyecto de ley pagaría la representación legal, los servicios de investigación, los intérpretes y las traducciones, los servicios de testigos expertos y los servicios de apoyo y rehabilitación para las personas que enfrentan la expulsión de los Estados Unidos.
Probabilidades desiguales
La representación legal es uno de los factores más importantes que determinan si un inmigrante en proceso federal de deportación puede permanecer en el país o no. Sin embargo, la mayoría de las personas que enfrentan la deportación no tienen representación legal, según muestran los datos.
En el año fiscal 2022, el 58.3% de los californianos que enfrentan la deportación (50,982 personas) no tenían representación legal, según TRAC, una base de datos de inmigración no partidista. Ese mismo año, el 76.7% de las personas que perdieron un caso de deportación en California y se les ordenó deportar carecían de representación legal.
Por el contrario, las estadísticas nacionales muestran que los abogados representaron el 94% de las personas que ganaron sus casos en los tribunales de inmigración. No se dispuso de una estadística comparable para California.
El asambleísta Bill Essayli, un republicano de Riverside, dijo que la gente a la que probablemente ayudará el proyecto de ley de Jones-Sawyer ya tenía el debido proceso legal en un tribunal penal.
“Toda persona tiene derecho a una defensa en un caso penal”, dijo.
“Las personas de las que estamos hablando en este proyecto de ley ya han sido condenadas por un delito grave, después de haber recibido su defensa pagada por el gobierno. No veo ninguna base legal o racional de por qué el contribuyente de California debería ser financieramente responsable de defender el proceso de deportación de un delincuente convicto”.
Otras prioridades
Essayli agregó que el estado no tiene fondos para sus otras prioridades.
“Nos enfrentamos a un déficit presupuestario y se debe priorizar el dinero de los impuestos para los trabajadores californianos que luchan por pagar el alquiler, comprar comestibles y pagar la factura de electricidad. Este proyecto de ley no hace eso”, dijo.
El programa One California está bajo el control del Departamento de Servicios Sociales del estado. Esa agencia examina las organizaciones sin fines de lucro que solicitan y les otorga contratos para proporcionar abogados para inmigrantes. Las organizaciones sin fines de lucro deben tener experiencia en la representación de inmigrantes en asilo, estado juvenil, trata de personas y otros casos penales.
Algunas subvenciones ya están asignadas para servicios legales para niños inmigrantes no acompañados que son transferidos a la custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados en California.
El proyecto de ley propuesto por Jones-Sawyer también ampliaría la cantidad de información disponible sobre los costos de One California. El Departamento de Servicios Sociales proporcionaría a la Legislatura un informe anual y lo publicaría en el sitio web del departamento.
El proyecto de ley fue asignado al Comité Judicial, que comenzó a reunirse el 12 de marzo.
CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.
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